Costa Rica entra en un nuevo debate a causa de la reforma fiscal, propuesta por el Gobierno de Carlos Alvarado. Este 16 de octubre los magistrados de la Corte Plena rechazaron el proyecto de reforma fiscal y pidió a los diputados corregir cuatro puntos de la iniciativa, que en su criterio, afectan la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial. La moción contó con 11 de los 16 votos totales.
Si los diputados no quieren acatar la recomendación de los constitucionales, tienen opción de superar esta decisión con 38 votos. Sino, deben realizar los cambios que se le solicitan:
1.Excluir la posibilidad de que el Mideplan tenga rectoría de empleo público sobre el Poder Judicial
2.Piden eliminar la vinculación del Servicio Civil en los temas de desempeño de funcionarios judiciales
3.Se debe eliminar la regla fiscal en transferencias previstas a nivel constitucional, para que no se vean afectados los recursos a programas de protección a víctimas y testigos, así como la lucha contra la delincuencia organizada
4.Los diputados deben eliminar las modificaciones salariales, y que se tome en consideración "las particularidades" que tiene el Poder Judicial con respecto a la carrera judicial y las distintas funciones, como las de oficiales que deben estar disponibles para ser llamados a trabajar cuando sea necesario
La presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, declaró que "el llamado es a construir aún más consensos para las etapas que faltan", pues "lo cierto es que habrá que hacer un mayor esfuerzo de diálogo a lo interno con las demás fracciones para las etapas que siguen".
El proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue aprobado el pasado 5 de octubre con el apoyo de 35 diputados.
El plan, aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa, establece que el impuesto sobre el valor agregado (IVA) de 13% deberá ser pagado para los bienes y servicios, con excepción de los que quedaron exentos en el artículo 8 de esta iniciativa así como los de no sujeción, en el artículo 9.
Además, hay otros que tienen tarifa reducida, ya sea de 4%, 2% y 1%.
En el primer grupo, ingresan las compras de boletos o pasajes aéreos con destino al territorio nacional, aunque, cuando sean hacia el exterior, "se cobrará sobre la base del 10% del valor del boleto", según establece la iniciativa.
Asimismo, con un 1%, estará gravada la canasta básica, la cual será establecida vía decreto ejecutivo por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic).
Presidente de la Corte toma severa decisión para ser 'congruente'
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, reafirmó su oposición y anunció que renunciará al rubro de índice gerencial (para su caso, el equivalente a ¢1,4 millones), un incentivo aprobado en 2008 que aplica para 46 funcionarios de puestos altos en el Poder Judicial.Actualmente, el magistrado Cruz cobra un salario neto, con deducciones de ley, de ¢6,3 millones. A partir del próximo mes, el salario líquido del presidente de la Corte será de ¢4,9 millones.
"No digan que mi posición sobre la reforma es para defender mis privilegios", manifestó el juez constitucional, cuya decisión, según dijo, la tomó para tener autoridad moral en su posición.
Alvarado: Utilizan discurso de lucha contra pobreza para que no les toquen privilegios
El presidente de la República, Carlos Alvarado, acusó este martes que en el país "muchos utilizan un discurso de lucha contra la pobreza escudándose para que no se les toque sus salarios y privilegios".Alvarado añadió que el riesgo de no tomar decisiones en materia fiscal en el corto plazo acarreará un aumento de la pobreza del 50% de la población, como ocurrió en la década de los 80.
y respondió a los magistrados que, para el gobierno, el plan no afecta el funcionamiento del Poder Judicial, como acusaron este martes los magistrados.
La empresa privada pide buscar una salida
Las gremiales empresariales de Costa Rica lamentaron la decisión de la Corte en torno del proyecto de reforma fuscal y urgieron buscar soluciones para solventar el impase.Yolanda Fernández Ochoa, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica, dijo esta noche que desde el sector se considera que esta reforma es fundamental para evitar que el país caiga en una crisis de grandes proporciones, con especial impacto en el desempleo y en las clases menos favorecidas.
'Hemos insistido en que la nueva aprobación de este proyecto es un primer intento para combatir el grave problema fiscal por el que atraviesa el país. Reiteramos en la necesidad de aprobar en el corto plazo, reformas que integren una reducción urgente, inmediata y necesaria del tamaño de la estructura estatal', puntualizó.
Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), dijo que lamentan y reprochan la decisión que tomaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al oponerse al Proyecto sobre el plan fiscal.
'A partir de hoy, toda la responsabilidad de lo que suceda en Costa Rica en torno a la crisis fiscal, será de los señores magistrados, pues este era un momento único e histórico para tomar una decisión por el país y para el país', dijo el líder empresarial.
'Todo parece que pesaron mucho más los privilegios que ostentan algunos dentro del Poder Judicial y no la situación económica que enfrentan los costarricenses, quienes son al final los que sentirán las consecuencias', sentenció.
Delgado agregó que atentar contra la estabilidad financiera de Costa Rica, no mina solo la credibilidad del Poder Judicial, la que calificó como 'bastante cuestionada ya por los recientes hechos en torno a las investigaciones del conocido caso del 'Cementazo', sino que perjudica un tema que el sector productivo ha defendido, la seguridad jurídica, pues los empresarios nacionales o extranjeros, verían con recelo invertir en el país.
'Desde la UCCAEP seguimos confiando en nuestro sistema democrático, en el cual las decisiones deben tomarse como Estado y no decidiendo por unos pocos. Confiamos a partir de ahora en el trabajo que realice la Asamblea Legislativa, que sin duda contará con el apoyo de los expertos necesarios y desde el sector empresarial, nos volvemos a poner a la orden del país de inmediato, pues el retraso en las soluciones se debe en gran parte a las acciones irresponsables de los sindicatos", finalizó.
