Por El Nuevo Diario
Los grupos sindicales de Costa Rica afirmaron que continuarán en huelga indefinida y que el proyecto de reforma fiscal aprobado, en primer debate por el Congreso "va golpeado y herido" hacia una revisión de la Sala Constitucional.
"El proyecto va muy herido y va muy golpeado a la Sala Constitucional por errores de procedimiento gravísimos que generan vicios de nulidad y también por contenidos de fondo que rayan con la Constitución Política", destacó en unas declaraciones distribuidas a los medios el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.
El Congreso de Costa Rica aprobó el viernes, con 35 votos a favor y 22 en contra, la primera de dos votaciones necesarias para la reforma que, según el Gobierno, es progresiva y pretende evitar una crisis.
El proyecto ahora tendrá que ir a una revisión en la Sala Constitucional, ente que tendrá un mes para tomar una decisión, debido a que no obtuvo el mínimo de los 38 votos de diputados necesarios para que evitar esta medida.
En caso de encontrar algún punto de inconstitucionalidad la sala podría paralizar el proyecto de ley, en caso contrario, los diputados le darían el segundo debate y posteriormente la aprobación.
"Hay una derrota política para (el presidente Carlos) Alvarado y sus partidos porque no obtuvieron los 38 votos necesarios que les hubiera garantizado que el proyecto no tuviera que pasar por una revisión de la Sala Constitucional. El proyecto pende de un hilo en la Sala, por no decir que ahí va morir si el análisis se hace en apego", afirmó Vargas.
El proyecto de ley es rechazado por los grupos sindicales, que llevan ya 28 días en una huelga indefinida porque creen que la reforma afectará más a las clases bajas y medias, y que trata con suavidad a los ricos y las empresas, por lo que exigen que el proyecto sea retirado del Congreso.
La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (Apse), Mélida Cedeño, explicó que la unión sindical continuará en huelga como medida de presión.
"Siento indignación cuando los diputados responden de esa manera al pueblo que los eligió, no han entendido que ese proyecto solo perjudica a la clase trabajadora (...). Seguimos en pie de lucha porque va a consulta y está viciado. Tenemos que presionar, porque no hemos perdido, todavía seguimos adelante, en pie de lucha", dijo Cedeño.
Las medidas que tomarán los sindicalistas durante la quinta semana del movimiento, que se inicia este lunes, no fueron detalladas.
Déficit fiscal
La reforma es un proyecto prioritario del gobierno de Alvarado, quien comenzó su mandato el pasado 8 de mayo, y busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1.2% del producto interno bruto (PIB).
El plan fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público; por ejemplo, la disminución de pluses salariales.
Según el Gobierno, un 80% de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20% de hogares con mayores ingresos y las empresas, lo que provocará una reducción de la desigualdad.
Los grupos sindicales de Costa Rica afirmaron que continuarán en huelga indefinida y que el proyecto de reforma fiscal aprobado, en primer debate por el Congreso "va golpeado y herido" hacia una revisión de la Sala Constitucional.
"El proyecto va muy herido y va muy golpeado a la Sala Constitucional por errores de procedimiento gravísimos que generan vicios de nulidad y también por contenidos de fondo que rayan con la Constitución Política", destacó en unas declaraciones distribuidas a los medios el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.
El Congreso de Costa Rica aprobó el viernes, con 35 votos a favor y 22 en contra, la primera de dos votaciones necesarias para la reforma que, según el Gobierno, es progresiva y pretende evitar una crisis.
El proyecto ahora tendrá que ir a una revisión en la Sala Constitucional, ente que tendrá un mes para tomar una decisión, debido a que no obtuvo el mínimo de los 38 votos de diputados necesarios para que evitar esta medida.
En caso de encontrar algún punto de inconstitucionalidad la sala podría paralizar el proyecto de ley, en caso contrario, los diputados le darían el segundo debate y posteriormente la aprobación.
"Hay una derrota política para (el presidente Carlos) Alvarado y sus partidos porque no obtuvieron los 38 votos necesarios que les hubiera garantizado que el proyecto no tuviera que pasar por una revisión de la Sala Constitucional. El proyecto pende de un hilo en la Sala, por no decir que ahí va morir si el análisis se hace en apego", afirmó Vargas.
El proyecto de ley es rechazado por los grupos sindicales, que llevan ya 28 días en una huelga indefinida porque creen que la reforma afectará más a las clases bajas y medias, y que trata con suavidad a los ricos y las empresas, por lo que exigen que el proyecto sea retirado del Congreso.
La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (Apse), Mélida Cedeño, explicó que la unión sindical continuará en huelga como medida de presión.
"Siento indignación cuando los diputados responden de esa manera al pueblo que los eligió, no han entendido que ese proyecto solo perjudica a la clase trabajadora (...). Seguimos en pie de lucha porque va a consulta y está viciado. Tenemos que presionar, porque no hemos perdido, todavía seguimos adelante, en pie de lucha", dijo Cedeño.
Las medidas que tomarán los sindicalistas durante la quinta semana del movimiento, que se inicia este lunes, no fueron detalladas.
Déficit fiscal
La reforma es un proyecto prioritario del gobierno de Alvarado, quien comenzó su mandato el pasado 8 de mayo, y busca recaudar recursos frescos equivalente a cerca del 1.2% del producto interno bruto (PIB).
El plan fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.
También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público; por ejemplo, la disminución de pluses salariales.
Según el Gobierno, un 80% de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20% de hogares con mayores ingresos y las empresas, lo que provocará una reducción de la desigualdad.
