Por AFP
Trabajadores del sector público de Costa Rica iniciaron este lunes una huelga indefinida en protesta contra una reforma fiscal que incluye aumentos de impuestos, aunque la paralización fue acatada parcialmente.
La mayoría de las escuelas y colegios públicos se adhirieron al paro, aunque otros servicios funcionaron con normalidad, como el tren urbano, servicios de migración, correos y el puerto de Moín, en el Caribe.
En un pulso con los trabajadores, el gobierno anunció el domingo que la fuerza pública tomó control de la empresa estatal de combustibles y de los puertos para impedir que se paralicen las labores.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo a periodistas que 'todas las instituciones registran menos de 6% de adhesión al paro, con excepción del Ministerio de Educación y el Seguro Social', que administra los hospitales públicos.
En los centros de enseñanza la adhesión a la huelga alcanzó cerca de 70%, mientras que en los hospitales públicos, la mayoría funcionaron con normalidad aunque otros tuvieron que reprogramar cirugías, según el presidente de la Caja Costarricense de Seguridad Social, Román Macaya.
El presidente Carlos Alvarado declaró la noche del domingo que la huelga es ilegal y aseguró que así 'se hará valer ante los tribunales'.
La declaratoria de ilegalidad permite al gobierno descontar el pago a los trabajadores que falten por la huelga.
El mandatario reconoció que el paquete fiscal que impulsa su gobierno en la Asamblea Legislativa es 'la única forma de evitar una inminente crisis'.
El principal componente de la reforma es la creación de un impuesto al valor agregado (IVA) de 13% en sustitución del actual impuesto de ventas, lo que permite gravar servicios que actualmente no tributan.
Los últimos cuatro gobiernos han intentado impulsar medidas para contener el creciente déficit fiscal, que en 2017 alcanzó 6,2% del producto interno bruto (PIB) y podría alcanzar 7,2% este año sin la reforma, según el Banco Central.
'Si el presidente se quiere sacar la faja (cinturón), que se la saque con los ricos, no con los trabajadores', dijo la dirigente sindical Olga Serrano, en mitín con un centenar de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Miles de trabajadores marcharon desde diferentes puntos de la capital a la sede del Congreso, donde realizaron un mitin que se disolvió rápidamente.
La fuerza pública y la policía de tránsito desplegaron 850 oficiales en las zonas más transitadas del país para garantizar la tranquilidad y la movilidad de las personas en carreteras.
Sin embargo, con la huelga las vías congestionadas de la capital se vieron despejadas.
Trabajadores del sector público de Costa Rica iniciaron este lunes una huelga indefinida en protesta contra una reforma fiscal que incluye aumentos de impuestos, aunque la paralización fue acatada parcialmente.
La mayoría de las escuelas y colegios públicos se adhirieron al paro, aunque otros servicios funcionaron con normalidad, como el tren urbano, servicios de migración, correos y el puerto de Moín, en el Caribe.
En un pulso con los trabajadores, el gobierno anunció el domingo que la fuerza pública tomó control de la empresa estatal de combustibles y de los puertos para impedir que se paralicen las labores.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo a periodistas que 'todas las instituciones registran menos de 6% de adhesión al paro, con excepción del Ministerio de Educación y el Seguro Social', que administra los hospitales públicos.
En los centros de enseñanza la adhesión a la huelga alcanzó cerca de 70%, mientras que en los hospitales públicos, la mayoría funcionaron con normalidad aunque otros tuvieron que reprogramar cirugías, según el presidente de la Caja Costarricense de Seguridad Social, Román Macaya.
El presidente Carlos Alvarado declaró la noche del domingo que la huelga es ilegal y aseguró que así 'se hará valer ante los tribunales'.
La declaratoria de ilegalidad permite al gobierno descontar el pago a los trabajadores que falten por la huelga.
El mandatario reconoció que el paquete fiscal que impulsa su gobierno en la Asamblea Legislativa es 'la única forma de evitar una inminente crisis'.
El principal componente de la reforma es la creación de un impuesto al valor agregado (IVA) de 13% en sustitución del actual impuesto de ventas, lo que permite gravar servicios que actualmente no tributan.
Los últimos cuatro gobiernos han intentado impulsar medidas para contener el creciente déficit fiscal, que en 2017 alcanzó 6,2% del producto interno bruto (PIB) y podría alcanzar 7,2% este año sin la reforma, según el Banco Central.
'Si el presidente se quiere sacar la faja (cinturón), que se la saque con los ricos, no con los trabajadores', dijo la dirigente sindical Olga Serrano, en mitín con un centenar de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Miles de trabajadores marcharon desde diferentes puntos de la capital a la sede del Congreso, donde realizaron un mitin que se disolvió rápidamente.
La fuerza pública y la policía de tránsito desplegaron 850 oficiales en las zonas más transitadas del país para garantizar la tranquilidad y la movilidad de las personas en carreteras.
Sin embargo, con la huelga las vías congestionadas de la capital se vieron despejadas.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, indicó que el único bloqueo de carretera fue registrado sobre la ruta interamericana en la localidad de Barranco, en el Pacífico central, donde negociaban con los manifestantes para levantarlo.
