Por Agencias
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU instó este miércoles a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar la crisis en Nicaragua, sumida en un 'clima de miedo' tras meses de violenta represión de manifestaciones opositoras.
'La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista', señaló Zeid Ra'ad Al Hussein en un comunicado, en ocasión de la publicación de un informe.
'La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza', agregó.
Las manifestaciones de la oposición en Nicaragua, el país más pobre de América Central dirigido desde 2006 por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, comenzaron en abril contra una reforma de la seguridad social -luego abandonada-, para endurecerse y extenderse por todo el país en respuesta a una violenta represión, que ha provocado más de 300 muertos y 2.000 heridos.
Según el organismo, la situación podría llegar a asemejarse a la que vive actualmente Venezuela. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y abuso de autoridad, se suman a la lista de denuncias por violación de derechos humanos.
"El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendiendo los derechos de los manifestantes, o simplemente expresando una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo", dice el informe.
'Debe haber un cambio de actitud porque de lo contrario, las condiciones con el tiempo se asemejarán a lo que vive Venezuela, con una economía debilitada', aseguró Zeid Ra'ad al Hussein, que a su vez solicitó al Consejo de Derechos Humanos, que se reunirá el próximo 10 de septiembre en Ginebra, ocuparse de la situación en Nicaragua, para plantear medidas que prevengan disturbios más graves.
La Organización lamentó que "el mundo aparte la vista" de la crisis que ha surgido en el país centroamericano, donde sin importar el "contexto de miedo y desconfianza que se ha generado", las protestas por el respeto de las libertades han continuado.
También señala que las fuerzas del gobierno de Ortega reprimieron violentamente las protestas y las barricadas hechas por los manifestantes "con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, a menudo de forma conjunta y coordinada".
El informe también destaca la violencia de los opositores y subraya los ataques contra miembros del partido gobernante, funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, subrayando la muerte de 22 policías.
'El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis", reza el informe que reclama la investigación de esos abusos.
La ACNUR divide la crisis en distintas fases: la 'represión' de manifestaciones por parte de la policía y elementos armados progubernamentales, seguida de una fase de 'limpieza' (desde mediados de junio hasta mediados de julio), durante la cual la policía y los elementos armados progubernamentales desmantelaron las barreras en las carreteras y las barricadas.
Finalmente, los manifestantes y otros opositores al gobierno han sido 'perseguidos y criminalizados', según la ONU, que destaca que los elementos armados actuaron en acuerdo con las autoridades del Estado y la dirección de la Policía nacional.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU instó este miércoles a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar la crisis en Nicaragua, sumida en un 'clima de miedo' tras meses de violenta represión de manifestaciones opositoras.
'La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista', señaló Zeid Ra'ad Al Hussein en un comunicado, en ocasión de la publicación de un informe.
'La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza', agregó.
Las manifestaciones de la oposición en Nicaragua, el país más pobre de América Central dirigido desde 2006 por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, comenzaron en abril contra una reforma de la seguridad social -luego abandonada-, para endurecerse y extenderse por todo el país en respuesta a una violenta represión, que ha provocado más de 300 muertos y 2.000 heridos.
Según el organismo, la situación podría llegar a asemejarse a la que vive actualmente Venezuela. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y abuso de autoridad, se suman a la lista de denuncias por violación de derechos humanos.
Un riesgo como el de Venezuela
El reporte, publicado este 29 de agosto, determinó que el gobierno de Nicaragua aplicó "amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales", durante los cuatro meses que han durado las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega."El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendiendo los derechos de los manifestantes, o simplemente expresando una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo", dice el informe.
'Debe haber un cambio de actitud porque de lo contrario, las condiciones con el tiempo se asemejarán a lo que vive Venezuela, con una economía debilitada', aseguró Zeid Ra'ad al Hussein, que a su vez solicitó al Consejo de Derechos Humanos, que se reunirá el próximo 10 de septiembre en Ginebra, ocuparse de la situación en Nicaragua, para plantear medidas que prevengan disturbios más graves.
La Organización lamentó que "el mundo aparte la vista" de la crisis que ha surgido en el país centroamericano, donde sin importar el "contexto de miedo y desconfianza que se ha generado", las protestas por el respeto de las libertades han continuado.
También señala que las fuerzas del gobierno de Ortega reprimieron violentamente las protestas y las barricadas hechas por los manifestantes "con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, a menudo de forma conjunta y coordinada".
El informe también destaca la violencia de los opositores y subraya los ataques contra miembros del partido gobernante, funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, subrayando la muerte de 22 policías.
'El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis", reza el informe que reclama la investigación de esos abusos.
La ACNUR divide la crisis en distintas fases: la 'represión' de manifestaciones por parte de la policía y elementos armados progubernamentales, seguida de una fase de 'limpieza' (desde mediados de junio hasta mediados de julio), durante la cual la policía y los elementos armados progubernamentales desmantelaron las barreras en las carreteras y las barricadas.
Finalmente, los manifestantes y otros opositores al gobierno han sido 'perseguidos y criminalizados', según la ONU, que destaca que los elementos armados actuaron en acuerdo con las autoridades del Estado y la dirección de la Policía nacional.
