En un país con una historia en la que los militares han tenido protagonismo y que vivió dos guerras seguidas en los años 1970 y 1980, algunos creen que el Ejército, militarmente, podría parar de inmediato a esos grupos y, políticamente, presionar la renuncia de Ortega.

'No puede haber dos ejércitos en este país. El Ejército de Nicaragua constitucionalmente debería desarmar a los paramilitares', opinó el académico Carlos Tünnermann, delegado de una alianza opositora que dialoga con el gobierno.

Desde que se iniciaron las protestas, el 18 de abril, el Ejército ha emitido dos comunicados para comprometerse a no reprimir a los manifestantes, hacer un llamado al diálogo y al cese de la violencia.

Pero creó desconfianza la escolta que dio el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, a Ortega en la primer comparecencia durante la crisis y señalamientos de pobladores que involucran a militares o exmilitares en los operativos contra las protestas.

'Si el Ejército pretende contribuir a una solución pacífica a través del diálogo, debe y tiene que desarmar a las bandas paramilitares', dijo a AFP Edmundo Jarquín, excandidato presidencial por un movimiento disidente del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).

El brazo empresarial

Para los expertos, el comportamiento del Ejército, que constitucionalmente debe ser una institución 'apartidista', 'apolítica' y 'no deliberante', tiene relación principalmente con la defensa de intereses económicos.

A través el Instituto de Previsión Social Militar, su 'brazo empresarial', explica a la AFP el analista en temas militares Roberto Orozco, dispone de constructoras, residenciales, inmobiliarias, hospital, financieras, acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y otras inversiones.

'Ese puede ser uno de los factores que inclinen la balanza, cuando sus intereses corporativos se vean amenazados o se llegue a un punto de ingobernabilidad total', apuntó.

En su ensayo 'El nuevo protagonismo militar', la experta Elvira Cuadra dice a su vez que las fuerzas armadas están 'en una posición de subordinación interesada frente a Ortega'.

'No son actores pasivos', sino parte de una compleja red tejida entre el gobierno, grupos de poder económico y la élite militar y policial, sostiene la especialista en temas de seguridad y defensa.

La fidelidad

El Ejército de Nicaragua surgió de la guerrilla del FSLN que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y pasó de unos 90.000 a unos 13.000 efectivos con un presupuesto de US$75 millones, según un informe de 2016 de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina.

Orozco y Cuadra explican que el gobierno de Ortega impulsó reformas al Código Militar, entre ellas el tiempo de servicio y edad de jubilación, para mantener a la vieja guardia sandinista.

'El Ejército está dividido. La cúpula está comprometida con Ortega, no solo por los negocios, sino porque los mantuvo en el cargo. Pero de los coroneles hacia abajo están viendo los efectos que traería para la institución el compromiso de la jefatura', comentó Orozco.

A pesar de que el cargo era por cinco años, el general Avilés, que asumió en 2010, fue ratificado por Ortega para un segundo periodo, de 2015 a 2020.

Los expertos señalan que, en el plano institucional, lo más crítico es el estancamiento en los ascensos y la promoción de cargos intermedios, lo que ha generado un 'descontento' interno.

Remedio o enfermedad

El Ejercito de Nicaragua, que en los últimos años reactivó sus vínculos con los militares rusos, tiene también buenas relaciones con Estados Unidos.

Si se involucra directamente a favor de Ortega y reprime las protestas -lo cual podría desatar una violencia descomunal- se expone a sanciones externas, como las que aprobó Washington contra jefes policiales involucrados en la represión, según los analistas.

Pero para el comandante de la revolución Luis Carrión Cruz, el Ejército debe abandonar la posición de 'complicidad pasiva' y desarmar a los paramilitares.

El experto en seguridad Roberto Cajina estima que es inconveniente que los militares se conviertan en árbitros políticos, y Cuadra alerta sobre el peligro de verlos como 'salvadores' cuando en realidad intervendrían para velar por sus intereses.

'Nos interesa que el Ejército no sea una fuerza deliberante porque luego se quedan con el pastel', señaló Douglas Castro, uno de los dirigentes estudiantiles de las protestas.

Orozco estima que la crisis debe de ser superada políticamente. Si interviene el Ejército, dice, 'el remedio puede ser peor que la enfermedad'.