La tragedia de los cientos de niños migrantes enjaulados -durmiendo en el piso en improvisados albergues en la frontera estadounidense- provocó una errática, tibia y desfasada respuesta del Estado guatemalteco, nacionalidad de algunos de los cientos de menores, y de las autoridades.
La jornada se resume en: un tardío tuit del presidente Jimmy Morales, un vocero presidencial despedido y una canciller que por la mañana minimizaba el tema y horas más tarde, por fin, emitía una condena.
Guatemala fue el último país del Triángulo Norte -que también conforman El Salvador y Honduras, los mayores expulsores de migrantes- en emitir una condena a la política "Tolerancia Cero" que hoy retiene en improvisados albergues en la frontera estadounidense a centenares de niños guatemaltecos, más de 400, según reconoció la cancillería.
La primera reacción oficial de Guatemala frente a la crisis de los niños migrantes y sus padres había sido la del vocero presidencial, Heinz Harold Hiemann, quien el lunes 18 declaró que el gobierno respetaba las políticas migratorias estadounidenses. Tras la declaración, que generó un amplio repudio en el país, la Secretaria de Comunicación Social de la presidencia anunció el despido del vocero y aclaró respecto a sus palabras que "no representan la postura del señor presidente de la República Jimmy Morales Cabrera".
La segunda reacción oficial, también minimizando en un principio el tema, fue de la canciller, Sandra Jovel. En un encuentro con periodistas, por la mañana, aseveró que los niños migrantes "No se encuentran detenidos, están en albergues, donde se les está dando el mejor trato posible", y anticipó que el tema principal durante la próxima visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a Guatemala sería la tragedia del Volcán de Fuego y no la crisis provocada por la separación de familias migrantes.
Según declaró Jovel, en la frontera sur de Estados Unidos permanecen separados de sus padres más de 465 niños guatemaltecos, de estos, 265 registrados por el consulado de Tucson, Arizona; 90 en Del Río, Texas y 110 en Mc Callen, Texas, pero la cifra crece cada día. Por la mañana, anticipaba que resolver la situación de la niñez detenida en esos albergues podría demorar, pues las autoridades estadounidenses deben establecer si los menores tienen vínculos familiares en Estados Unidos o si los deportarán.
![This US Customs and Border Protection photo dated June 17, 2018 and obtained June 18, 2018 shows intake of illegal border crossers by US Border Patrol agents at the Central Processing Center in McAllen, Texas.Children have been taken away from their mothers and fathers in the Border Patrols South Texas Rio Grande Valley sector, with many brought to the Central Processing Station in McAllen, Texas, since the policy was announced on May 7, according to Manuel Padilla, the Border Patrol sector chief. / AFP PHOTO / US Customs and Border Protection / Handout / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT 'AFP PHOTO / US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION/HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / The erroneous mentions appearing in the metadata of this photo by the US Customs and Border Protection has been modified in AFP systems in the following manner: [photo dated June 17, 2018 and obtained June 18, 2018] and not as previously stated. Please immediately remove the erroneous mentions from all your online services and delete them from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute them to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.](http://www.revistaeyn.com/binrepository/1350x900/75c0/1200d900/none/26086/HCYI/Migrantes-jaulas0_EN1189499_MG224146433.jpg "This US Customs and Border Protection photo dated June 17, 2018 and obtained June 18, 2018 shows intake of illegal border crossers by US Border Patrol agents at the Central Processing Center in McAllen, Texas.Children have been taken away from their mothers and fathers in the Border Patrols South Texas Rio Grande Valley sector, with many brought to the Central Processing Station in McAllen, Texas, since the policy was announced on May 7, according to Manuel Padilla, the Border Patrol sector chief. / AFP PHOTO / US Customs and Border Protection / Handout / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT 'AFP PHOTO / US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION/HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / The erroneous mentions appearing in the metadata of this photo by the US Customs and Border Protection has been modified in AFP systems in the following manner: [photo dated June 17, 2018 and obtained June 18, 2018] and not as previously stated. Please immediately remove the erroneous mentions from all your online services and delete them from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute them to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.")
Después de la cuestionada conferencia de prensa en la que la canciller evadió condenar los abusos de autoridades estadounidenses contra niños migrantes, se divulgó un comunicado en el que el gobierno de Guatemala finalmente lamentó, condenó y rechazó la política migratoria impulsada por el Gobierno de Estados Unidos, "que viola los Derechos Humanos y destruye la unidad familiar".
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que emitió una nota al Secretario de Estado de los Estados Unidos, con fecha 18 de junio, "solicitando su intervención en esa situación y requiriendo el respeto a los Derechos Humanos de cada miembro de las unidades familiares involucradas". Aseguró que "los tres consulados de Guatemala en la frontera Sur de los Estados Unidos se encuentran brindando asistencia y protección consular a los guatemaltecos en la zona fronteriza".
La cancillería rectificó e informó en el comunicado que el tema de los menores separados de sus familias será abordado durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos a Guatemala.
Finalmente, el mandatario Jimmy Morales se pronunció en un tuit: "Cuando una política, por necesaria que esta pretenda parecer, termina en la separación de la familia y en el dolor de tantos seres humanos, en especial de niños, no solo debe ser revisada, debe ser corregida lo más pronto posible".
VIOLACIONES SIN PRECEDENTES, ACUSAN ACTIVISTAS
En conferencia de prensa, la Red Nacional de Protección que agrupa a ocho organizaciones pro-migrantes denunció "violaciones sin precedentes a los derechos humanos de los migrantes" en Estados Unidos. La congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, acusó en redes "la negativa del gobierno de Guatemala a defender a los niños migrantes es inexcusable. Su primera responsabilidad es proteger a sus ciudadanos, especialmente, sus hijos. Honduras y El Salvador se unieron contra la separación familiar. ¿A qué le teme este gobierno?", indicaba.
En la plataforma Change.org ciudadanos y representantes de migrantes guatemaltecos colocaron una petición demandando a Jimmy Morales la destitución de la canciller quien desde que asumió el cargo, condenan, no ha defendido a los guatemaltecos en el exterior y en cambio se ha dedicado a descalificar el trabajo de CICIG. En el Congreso, el bloque parlamentario de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, anunció que ha citado a la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y a la Comisión Nacional de Atención al Migrante, Conamigua, "para rendir cuentas por el silencio frente a la política "tolerancia Cero" del gobierno estadounidense.
