Por Mundo Hispánico/La Prensa (Honduras)
El Ejecutivo decidirá en las próximas horas si extiende este alivio migratorio, que permite residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos, o si, por el contrario, decide terminar con él y obligar a estos nacionales de Honduras a regresar a su país.
En una carta enviada a Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés), los congresistas le pidieron que tenga en cuenta "la extraordinaria crisis" que se vive en Honduras y que renueve el plazo del TPS por 18 meses, el máximo posible. En el caso de Honduras, Estados Unidos concedió el TPS a sus nacionales en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.
"A pesar de los sustanciales esfuerzos realizados por Estados Unidos y la comunidad internacional para mejorar las condiciones en Honduras, el daño de ese evento catastrófico, agravado por los efectos residuales de la enfermedad, la violencia y la pobreza han resultado en una recuperación estancada", escribieron. Los congresistas consideraron que las condiciones en Honduras "no han mejorado lo suficiente como para reintegrar de forma segura y productiva a los beneficiarios de TPS en sus comunidades de origen".
Además, alertaron de que la situación ha empeorado en los últimos meses a raíz de las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales en noviembre de 2017 y las posteriores protestas masivas, que causaron al menos 18 muertos.
El pasado noviembre, el Gobierno decidió extender durante seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, el TPS que protege a más de 86.000 hondureños, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) al cierre de 2016. Estados Unidos debe comunicar su decisión sobre el futuro del TPS para Honduras 60 días antes de que expire, por lo que la fecha límite para ese anuncio es el 5 de mayo.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.
La hondureña casada con un mexicano y con un hijo adolescente nacido en suelo estadounidense emigró a finales de los noventas a EEUU buscando un mejor porvenir para su familia luego del destructor paso del huracán Mitch y como muchos hondureños logró inscribirse en el TPS. Durante todos estos años logró conformar un nuevo hogar, compró su casa, le construyó una modesta vivienda a su madre aquí en Honduras y actualmente trabaja como mucama en un hotel de una importante ciudad de Texas y también como "delivery" de una pizzería.
Sin embargo, ahora su futuro y el de 44.000 hondureños más se torna incierto, considerando las últimas decisiones. El TPS fue cancelado ya a El Salvador, Haití, Nepal, Nicaragua y Sudán. A otros países que están en situación de guerra sí les fue ampliado. Estos son Sudán del Sur, Yemen, Somalia y Siria.
Al igual que esta laboriosa mujer, miles de hondureños esperan en vilo la decisión que tomará el Gobierno estadounidense y se preparan para el peor de los escenarios en caso de que la respuesta sea negativa.
Justamente, este viernes vence el plazo para que Trump finalmente diga si prorroga o cancela el Estatus de Protección Temporal de Honduras, que protege de la deportación a unos 44.000 inmigrantes desde principios de 1999. El plazo formalmente vence el 5 de julio, pero por ley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe notificar 60 días antes del vencimiento si lo cancela o concede una nueva extensión y por cuánto tiempo. Ese plazo vence este sábado 5 de mayo y el anuncio se espera que se formule este viernes.
Se estima que de ponerse fin al TPS obligaría a más de 86.031 personas de nacionalidad hondureña a regresar a un país con graves problemas de seguridad y con ellos a más de 53.000 adolescentes y jóvenes nacidos en EEUU en los últimos 20 años.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Miami, Florida, expresó su temor por lo que pueda ocurrir, pero al mismo tiempo expresó su optimismo de que esta vez se logre una última ampliación de 18 meses.
Indicó que ese tiempo les permitirá buscar con legisladores afines a la causa de los inmigrantes una iniciativa de ley que permita regularizar la situación de los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y haitianos amparados en el TPS. "En estos últimos meses nos hemos reunido con congresistas para que nos ayuden, que legislen por nosotros y aprueben una ley para que recibamos la residencia permanente. Pensamos que lo vamos a conseguir, incluso si el Gobierno ya no lo extiende, pero que nos dé un plazo adicional de 12 o 18 meses", afirmó.
"Hemos venido trabajando desde julio del año pasado y presentamos nuestra solicitud formal para la ampliación del TPS, y nos otorgaron seis meses más para evaluar el tema, por ello se espera la resolución el 6 de mayo", indicó.
Tábora reconoció que al final se trata de una decisión soberana del Gobierno de los Estados Unidos y se debe estar preparado ante cualquier escenario.
El Ejecutivo decidirá en las próximas horas si extiende este alivio migratorio, que permite residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos, o si, por el contrario, decide terminar con él y obligar a estos nacionales de Honduras a regresar a su país.
En una carta enviada a Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés), los congresistas le pidieron que tenga en cuenta "la extraordinaria crisis" que se vive en Honduras y que renueve el plazo del TPS por 18 meses, el máximo posible. En el caso de Honduras, Estados Unidos concedió el TPS a sus nacionales en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica.
"A pesar de los sustanciales esfuerzos realizados por Estados Unidos y la comunidad internacional para mejorar las condiciones en Honduras, el daño de ese evento catastrófico, agravado por los efectos residuales de la enfermedad, la violencia y la pobreza han resultado en una recuperación estancada", escribieron. Los congresistas consideraron que las condiciones en Honduras "no han mejorado lo suficiente como para reintegrar de forma segura y productiva a los beneficiarios de TPS en sus comunidades de origen".
Además, alertaron de que la situación ha empeorado en los últimos meses a raíz de las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales en noviembre de 2017 y las posteriores protestas masivas, que causaron al menos 18 muertos.
El pasado noviembre, el Gobierno decidió extender durante seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, el TPS que protege a más de 86.000 hondureños, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) al cierre de 2016. Estados Unidos debe comunicar su decisión sobre el futuro del TPS para Honduras 60 días antes de que expire, por lo que la fecha límite para ese anuncio es el 5 de mayo.
El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en inmigrantes indocumentados y podrían ser deportados.
Drama por temor a la deportación
Maryori Baquedano, oriunda de una remota aldea de Choluteca, en la zona sur de Honduras, solloza y se le quiebra la voz porque teme regresar deportada a su país después de casi 20 años de vivir en Estados Unidos, en el caso de que el presidente Donald Trump decida no prorrogar este beneficio migratorio.La hondureña casada con un mexicano y con un hijo adolescente nacido en suelo estadounidense emigró a finales de los noventas a EEUU buscando un mejor porvenir para su familia luego del destructor paso del huracán Mitch y como muchos hondureños logró inscribirse en el TPS. Durante todos estos años logró conformar un nuevo hogar, compró su casa, le construyó una modesta vivienda a su madre aquí en Honduras y actualmente trabaja como mucama en un hotel de una importante ciudad de Texas y también como "delivery" de una pizzería.
Sin embargo, ahora su futuro y el de 44.000 hondureños más se torna incierto, considerando las últimas decisiones. El TPS fue cancelado ya a El Salvador, Haití, Nepal, Nicaragua y Sudán. A otros países que están en situación de guerra sí les fue ampliado. Estos son Sudán del Sur, Yemen, Somalia y Siria.
Al igual que esta laboriosa mujer, miles de hondureños esperan en vilo la decisión que tomará el Gobierno estadounidense y se preparan para el peor de los escenarios en caso de que la respuesta sea negativa.
Justamente, este viernes vence el plazo para que Trump finalmente diga si prorroga o cancela el Estatus de Protección Temporal de Honduras, que protege de la deportación a unos 44.000 inmigrantes desde principios de 1999. El plazo formalmente vence el 5 de julio, pero por ley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe notificar 60 días antes del vencimiento si lo cancela o concede una nueva extensión y por cuánto tiempo. Ese plazo vence este sábado 5 de mayo y el anuncio se espera que se formule este viernes.
Se estima que de ponerse fin al TPS obligaría a más de 86.031 personas de nacionalidad hondureña a regresar a un país con graves problemas de seguridad y con ellos a más de 53.000 adolescentes y jóvenes nacidos en EEUU en los últimos 20 años.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Miami, Florida, expresó su temor por lo que pueda ocurrir, pero al mismo tiempo expresó su optimismo de que esta vez se logre una última ampliación de 18 meses.
Indicó que ese tiempo les permitirá buscar con legisladores afines a la causa de los inmigrantes una iniciativa de ley que permita regularizar la situación de los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y haitianos amparados en el TPS. "En estos últimos meses nos hemos reunido con congresistas para que nos ayuden, que legislen por nosotros y aprueben una ley para que recibamos la residencia permanente. Pensamos que lo vamos a conseguir, incluso si el Gobierno ya no lo extiende, pero que nos dé un plazo adicional de 12 o 18 meses", afirmó.
Confiados
Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington, quien ha realizado un intenso lobby en los círculos políticos de la capital estadounidense, reconoció que se trata de un asunto complejo, pero esperan que haya una última renovación de 18 meses."Hemos venido trabajando desde julio del año pasado y presentamos nuestra solicitud formal para la ampliación del TPS, y nos otorgaron seis meses más para evaluar el tema, por ello se espera la resolución el 6 de mayo", indicó.
Tábora reconoció que al final se trata de una decisión soberana del Gobierno de los Estados Unidos y se debe estar preparado ante cualquier escenario.
