Una marcha pacífica para protestar contra la miseria y la inseguridad derivó el martes en disturbios callejeros, actos vandálicos e incendios en la norteña provincia de Colón, una ciudad estratégica para el comercio y con el puerto de entrada al Canal de Panamá por el océano Atlántico.
Informes preliminares de la policía nacional dan cuenta de cuatro agentes y al menos un manifestante heridos, así como de 35 detenidos. La gobernación de la provincia decretó un toque de queda para los menores de 18 años entre las seis de la tarde y cinco de la mañana.
Los pobladores de Colón, 80 kilómetros al Atlántico de Ciudad de Panamá y la provincia con los mayores contrastes en esta nación centroamericana, están indignados por lo que consideran un retraso del gobierno del presidente Juan Carlos Varela en un plan multimillonario que busca reconstruir una ciudad histórica con sistemas de alcantarillado deficientes y vivienda colapsadas.
Las protestas que se iniciaron el martes son las más graves desde los violentos disturbios del 2012, en que los colonenses frenaron una iniciativa oficial que buscaba vender las tierras de la zona franca de Colón, considerada la más grande de Latinoamérica en el negocio de la importación y exportación de mercancías.
Convocados por el Frente Amplio Colonense --un movimiento social y gremial-- centenares de panameños vestidos de negro marcharon temprano el martes varias horas desde un sector de las afueras hasta el centro de la ciudad mientras se cumplía en la provincia una huelga general que los dirigentes extendieron hasta el miércoles.
Después de la marcha, sobrevino el caos total.
Grupos que no habían marchado y que exigían la presencia del presidente Varela lanzaron piedras a la policía y quemaron neumáticos en varios puntos de la ciudad que quedó envuelta en una humareda en tanto que otros, tapándose la cara con pañuelos, saquearon algunos comercios e incendiaron al menos un vehículo de la policía en desordenes que se extendieron por varias horas.
Las unidades antimotines emplearon gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes y se escucharon insistentes detonaciones. La Policía Nacional informó que cuatro de sus agentes fueron golpeados con objetos contundentes y que un manifestante resultó herido. Detalló que los 35 arrestos fueron por saqueos a comercios, daños a la propiedad privada y ataques contra los agentes de seguridad.
El gobierno lamentó los disturbios y acusó a grupos delincuenciales y de narcotraficantes de los actos vandálicos. Más temprano, el principal funcionario encargado de verificar el cumplimiento de las metas oficiales, Jorge González, pidió paciencia a los colonenses asegurándoles que la multimillonaria renovación de la ciudad avanzaba en más de 50%, al igual que los proyectos para dotar miles vivienda en las afueras de la provincia.
"No estamos maquillando, estamos reconstruyendo", dijo el martes a la prensa local González en alusión a la queja de los colonenses de que el proyecto está retrasado y ocasiona muchas molestias por las excavaciones en las calles.
A pesar de ser una provincia portuaria y comercial vital, Colón --de algo más de 250.000 habitantes-- ha sufrido por décadas la dejadez de los gobiernos, lo que llevó al colapso de su sistema de alcantarillado, agua potable y vivienda.
Varela, quien visitó de inmediato Colón cuando asumió su quinquenio el 1 de julio de 2014 y prometió cambiarle la cara a la provincia, insiste en que su gobierno está invirtiendo más de 1.200 millones de dólares allí en la renovación y en obras sociales. No obstante, los colonenses sienten que el plan no avanza con rapidez, que han perdido empleos, que los han sacado de los edificios deteriorados que antes ocupaban y que no disfrutarán de los beneficios de la renovación.
"El pueblo de la ciudad de Colón y sus alrededores ha sido abusado por muchas décadas y el presidente actual les hizo una promesa que les iba a mejorar su calidad de vida", comentó a The Associated Press Marco Gandásegui, un sociólogo de la Universidad de Panamá.
"Han pasado casi cuatro años y no solo esa promesa se convirtió en mueca, sino que ha perjudicado a la gran mayoría con un proyecto que los engaño abiertamente", agregó.
Los dirigentes de la movilización exigen que el desarrollo sea integral, que involucre a todos los sectores de la provincia y que se generen más empleos. Al mismo tiempo demandan mayor combate a la criminalidad en una de las provincias con los mayores índices de homicidios del país. De acuerdo con cifras oficiales en 2017 se registraron 73 asesinatos
