Por laprensa.hn

Después de más de una década de haber suscrito el Convenio sobre cooperación para la supresión del tráfico ilícito marítimo y aéreo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en el área del Caribe, el Congreso Nacional aprobó el martes este instrumento jurídico internacional que les permite a los países suscriptores actuar en bloque contra los carteles de la droga.

Aunque las autoridades hondureñas han logrado minimizar el tránsito de naves transportadoras de droga, las organizaciones transnacionales no abandonan esta ruta y continúan utilizando el país para trasegar la mercancía ilegal.

En Choloma, por ejemplo, ayer, las autoridades encontraron una avioneta incinerada que le trajo droga al cartel de Corinto, un brazo en Honduras del mexicano cartel de Juárez, de acuerdo con informes de entidades de inteligencia del Estado.

Para contrarrestar estas operaciones, el Congreso Nacional aprobó el Acuerdo 29-DGTC, enviado por el Poder Ejecutivo, concerniente al convenio internacional llamando también Tratado de San José.

Para Fredy Santiago Díaz, secretario de Defensa, "cualquier acuerdo que se llegue o convenio que el Estado de Honduras pueda firmar para poder detener o entorpecer el tráfico ilícito de drogas (...) es una gran oportunidad que tenemos que entender mejor entre los países".

En 2011, por medio del canciller René Castro, el Gobierno de Costa Rica instó a su homólogo de Honduras a ratificar el convenio para que se convirtiera en el noveno miembro que lo acoge como parte del marco jurídico nacional.

El Tratado de San José, firmado por más de 20 Estados, entre ellos, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, es una de las herramientas más importantes en la región que el Gobierno de Costa Rica ha promovido para contrarrestar las operaciones de los carteles.

De acuerdo con los análisis de Relaciones Exteriores de Costa Rica, "el acuerdo incluye la posibilidad que tienen los Estados de cooperar de conformidad con sus necesidades, recursos disponibles y prioridades, ampliando o minimizando su participación, según las circunstancias".

El Tratado de San José permite que los Estados "que carecen de medios puedan autorizar el ingreso a sus aguas jurisdiccionales, en aras de colaborar en la lucha contra el flagelo del narcotráfico en el área del Caribe".

Internamente, según el ministro Díaz, "da la posibilidad a nuestros operadores de justicia que puedan hacer mejor su trabajo y, desde luego, un entendimiento mutuo para combatir el flagelo (perpetrado) por organizaciones internacionales".

La comisión especial de diputados que emitió el dictamen para que el Congreso Nacional aprobara el convenio esgrimió como argumento que "el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas constituye (una obligación) prioritaria a la que deben dedicarse importantes esfuerzos por medio de la cooperación entre los Estados" bajo los principios de soberanía y respeto a la integridad territorial.

Esa comisión plantea que el acuerdo es valioso para Honduras porque ha observado un incremento de la demanda de droga en países industrializados, lo cual "incide directamente en el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas" en la región.

Mares

Para Juan Carlos Rivera, director general de la Marina Mercante, el Tratado de San José "es un convenio que establece reglas de ejecución jurisdiccional sobre embarcaciones que están navegando en aguas de países miembros. Tiene un alcance de cooperación operativa".

El Tratado de San José "establece las reglas a fin de poder ejercer jurisdicción sobre una embarcación que no es necesariamente de su pabellón. En caso de que una embarcación hondureña quiera ser intervenida en un proceso de interdicción marítima por una embarcación de un Estado miembro, el acuerdo establece los pasos a seguir", ejemplifica Rivera.

Este acuerdo está fundamentado en dos convenios anteriores globales: la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988 (llamada Convención de Viena) y la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (conocida como Convemar) de 1982.

"Este convenio recoge todos esos principios y los aterriza operativamente para que los Estados puedan cooperar efectivamente", resume Rivera.

Este acuerdo permitirá que autoridades de otros países puedan participar en patrullajes a bordo de embarcaciones hondureñas o las hondureñas en barcos extranjeros.

La Marina Mercante posee un centro de información que prestará colaboración y autorizará el abordaje de barcos con bandera hondureña.