Una misión de la OEA desplegada en Honduras para combatir la corrupción y la impunidad acusó este miércoles al gobierno de reformar una ley para proteger a los funcionarios corruptos.
El peruano Juan Jiménez, jefe de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (Maccih), creada en 2016 por la OEA, dijo en rueda de prensa que los compromisos internacionales obligan al Estado a 'la derogatoria inmediata' de la reforma a la Ley de Presupuesto de 2018.
Jiménez explicó que el cambio, aprobado por el Congreso el 18 de enero, 'pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se han apropiado de dineros públicos'.
La reforma estipula que mientras se esté realizando una auditoría 'no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal' del funcionario involucrado.
El Congreso aseguró en un comunicado que 'lejos de generar impunidad', la modificación 'promueve la transparencia ya que pide que se investiguen todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales'.
Pero Jiménez sostuvo que la reforma es 'extremadamente grave', 'afecta a la labor de la misión' y coincidiría con 'una posible excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social, como Mario Zelaya y su organización criminal'.
Jiménez, denunció en conferencia de prensa que personas corruptas en el país han contratado una firma internacional para investigarlo, tras denunciar varios casos de corrupción.
La Maccih fue creada en febrero del 2016 a petición del presidente Juan Orlando Hernández para acallar protestas desatadas tras descubrirse un saqueo a los fondos de la seguridad social por unos US$330 millones.
Zelaya, exdirector del Seguro Social, así como otros funcionarios están presos por el desfalco.
La fiscalía descubrió además que parte de los fondos desviados entraron a la campaña que llevó a Hernández a ganar las elecciones en 2013.
Jiménez recalcó que la reforma obstaculiza también la investigación del caso conocido como 'red de diputados', en la que legisladores fueron señalados de desviar a sus cuentas personales fondos de ayudas asignadas por el gobierno para programas sociales.
La investigación abarca a 60 diputados y exdiputados, incluyendo al presidente del Congreso Mauricio Oliva, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 oenegés que quedarían en 'impunes' si se mantiene la reforma.
Se trata del resultado del primer caso de corrupción investigado bajo el esquema de Equipos Integrados de Investigación y Persecución Penal, en los cuales participan fiscales e investigadores de Honduras y expertos internacionales de MACCIH-OEA.
Este equipo descubrió una Red de Diputados que se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales, que habrían sido desviados para uso personal. Los diputados se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
Actualmente, cuatro diputados y una diputada al Congreso Nacional, cuyos mandatos expiran este 27 de enero, están enjuiciados penalmente por el presunto delito de malversación de caudales públicos. Ellos son Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez-Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Asencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.
Embajada de EE.UU. apoya a la Maccih
La encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Chargé Heide Fulton defendió los señalamientos de la Maccih que denuncia un 'Pacto de Impunidad' en favor de altos funcionarios.
Fulton calificó de un 'atraso monumental' a la reforma de Ley de Presupuesto que realizó el Congreso Nacional que frena las investigaciones del organismo de la OEA.
'Esta acción es un monumental retroceso en la lucha contra la corrupción. El Congreso ahora debe actuar para corregir este peligroso error' declaró Fulton en su cuenta de Twitter.
Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maccih, quien leyó un comunicado en conferencia de prensa, recordó que ellos han venido a Honduras a 'cooperar con las autoridades, con la sociedad civil, a prevenir y combatir la corrupción.
Ese es nuestro mandato y para eso estamos aquí'. Para Jiménez Mayor 'lo que ha acontecido en el país, desde la perspectiva del equipo de la Maccih, es muy grave', dijo.
De acuerdo con la reforma realizada la semana anterior por el Congreso Nacional, la Maccih ni el Ministerio Público pueden investigar el manejo de fondos de los diputados.
Corte Suprema archiva caso de 'Red de diputados' y lo traslada al TSC
Mientras, la Corte Suprema de Justicia de Honduras decidió este miércoles suspender el caso conocido como 'Red de diputados' hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desarrolle las investigaciones que ahora debe realizar a los acusados por la Maccih
El vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, lamentó la decisión de la magistrada Alma Consuelo Guzmán de archivar el caso y trasladarlo al TSC que ahora tiene un plazo de hasta tres años para concluir las investigaciones, de acuerdo a la reforma realizada por el Congreso Nacional al Decreto No. 83-2004.
Esta reforma también estipula que mientras se esté realizando una auditoría 'no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal' del funcionario involucrado.
Se esperaba que la jueza dictaminara este día si procedía auto de formal procesamiento o sobreseimiento definitivo a los parlamentarios Augusto Cruz Ascencio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez y Eléazar Juárez, acusados de malversar alrededor de 8 millones de lempiras.
Maccih solicita derogación
Juan Jiménez Mayor explicó que la responsabilidad penal la determina el Ministerio Público y el Poder Judicial pero que en este caso la ley aprobada por el Congreso Nacional establece que la responsabilidad penal debe ser determinada por el TSC lo que significaría una usurpación de funciones.
'Lamentablemente esto se ha establecido el día de hoy en el caso de los cinco diputados y tendrá extensión por supuesto en los más de 60 que estamos investigando. Por supuesto tendrá lamentable consecuencia en el caso de la ex primera dama y tendrá consecuencia en el caso de Mario Zelaya vinculado al caso del migrante hondureño que fue resuelto el año pasado y que significó la sentencia más alta en la historia de Honduras por delitos de corrupción', dijo.
También Jiménez teme que esa resolución contra Zelaya sea anulada basándose en esta reforma ya que el caso aún tiene un procedimiento pendiente.
Indicó que la Misión continuará solicitando la reconsideración y derogación de la ley que considera como 'extremadamente grave', 'afecta a la labor de la misión' y supondría 'una posible excarcelación de personas condenadas en el caso del Seguro Social, como Mario Zelaya y su organización criminal'.
TSC responde a los señalamientos de la Maccih
El Tribunal Supremo Electoral (TSC) respondió este día a los señalamientos hechos por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), asegurando que tanto la Constitución de la República como su propia ley orgánica lo faculta para "fiscalizar la gestión de cualquier servidor público".
Otro punto rechazado por el TSC y señalado por la Maccih es que el primero "no cuenta con las condiciones de independencia, respecto a directrices políticas, para efectos de garantizar investigaciones idóneas, independientes e imparciales".
El ente contralor manifestó su extrañeza por la posición del vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor.
