Dos defensores centroamericanos de Derechos Humanos alertaron a los gobiernos de la región sobre el impacto que tendría si el gobierno de Estados Unidos decide retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a casi 300.000 inmigrantes originarios de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Una decisión de esa magnitud impulsaría una expulsión masiva hacia Centroamérica en 2018 y llevaría a los países a enfrentar una crisis, debido a que no existen condiciones suficientes para la reinserción de los repatriados.
El procurador de Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera, señaló al diario mexicano El Universal, que una deportación masiva " no es admitida" por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sometería a la región a una crisis económica y social.
La alerta de los procuradores de El Salvador y Honduras se emiten a solo dos días que el gobierno del presidente Donald Trump comfirme la ampliación o el retiro del TPS para cerca de 57.000 hondureños, 190.000 salvadorennos y unos 5.000 nicaragüenses.
"Ante un eventual retorno forzado y masivo de personas, es necesario que la DGME (autoridades migratorias) se prepare para ampliar programas y condiciones para la recepción de nuestros compatriotas… que les dé la posibilidad de continuar con su proyecto de vida en El Salvador", añadió Raquel Caballero, procuradora de DD.HH de El Salvador a El Universal.
Ambos procuradores reconocieron que EE.UU. tiene el derecho soberano de decidir si prorroga o no programas como el TPS, pero que una expulsión en masa debido a la cancelación de éste no son admitidas y "están prohibidas en los estándares interamericanos" suscritos por los países del continente a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esfuerzos contrarreloj
Los gobiernos de Honduras y El Salvador mantienen una ofensiva diplomática y política en Washington para conseguir una ampliación del TPS.El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, dijo en una entrevista con la cadena CNN que están "en fechas críticas", por la decisión que podría tomar EE.UU. de renovar o no el TPS.
El panorama se complica tras conocerse que el Departamento de Estado emitió una recomendación en la que advierte que Centroamérica y Haití ya no requieren de una renovación del estatus.
El martes, el Secretario de Estado Rex Tillerson envió una carta a la secretaria en funciones del Deparatamento de Seguirdad Interna de EE.UU., Elaine Duke.
En el documento oficial -revelado por el diario The Washington Post- Tillerson informa que las condiciones en Centroamérica y Haití que habían sido utilizadas para justificar la protección ya no requerían un aplazamiento para los migrantes, algunos de los cuales han sido autorizados. vivir y trabajar en los Estados Unidos durante 20 años bajo un programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).
DHS tiene hasta el lunes para anunciar sus planes para aproximadamente 57,000 hondureños y 2,500 nicaragüenses cuyas protecciones TPS expirarán a principios de enero. Aunque la mayoría llegaron aquí ilegalmente, quedaron exentos de la deportación después de que el huracán Mitch devastó Centroamérica en 1998.
Sus protecciones TPS se han renovado rutinariamente desde entonces, en algunos casos después de desastres naturales adicionales y la inseguridad resultante.
El Congreso estableció TPS en 1990 para proteger a los ciudadanos extranjeros de ser devueltos a sus países en medio de inestabilidad y condiciones precarias causadas por desastres naturales o conflictos armados.
Los defensores dicen que la eliminación de TPS sería un golpe cruel para los inmigrantes de larga data que respetan la ley, obligándolos a decidir entre permanecer en el país ilegalmente o abandonar sus hogares y familias. Según un estudio reciente del Centro para el Progreso Americano de izquierda, los beneficiarios de TPS tienen casi 275,000 niños nacidos en los Estados Unidos.
Si los destinatarios pierden sus protecciones pero desafían las órdenes de irse, no sería difícil para los agentes de inmigración encontrarlos. La naturaleza provisional de su estado les exige mantener registros actuales con DHS; la agencia tiene sus direcciones, números de teléfono y otra información personal.
Con información de Diario El Mundo, El Universal y The Washington Post.
