Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente más popular de la historia reciente de Brasil, fue condenado a 9 años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero por el juez Sergio Moro, en uno de los cinco procesos judiciales que enfrenta.
La condena, que podrá recurrir en libertad, es un duro golpe contra el ícono de la izquierda latinoamericana, de 71 años, que niega todas las acusaciones y denuncia una 'persecución' para evitar que se presente a las elecciones presidenciales de 2018.
Si la condena es ratificada en segunda instancia, Lula no podrá postularse en esos comicios.
Moro consideró que Lula fue beneficiario de un tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.
Estas son las cinco acciones penales abiertas contra el expresidente (2003-2010).
Apartamento tríplex
Moro acusó a Lula de haber recibido el tríplex cuando aún era presidente y también de ser el destinatario de un soborno de 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de OAS.
Leo Pinheiro, expresidente de OAS, dijo a la Justicia que el apartamento fue reservado -y luego lujosamente reformado- para Lula y su esposa Marisa Leticia (fallecida en febrero), tras el fin del mandato.
Pero el expresidente negó las acusaciones en su declaración ante el juez el pasado 10 de mayo. 'Nunca solicité y nunca recibí ese apartamento', afirmó.
Instituto Lula
Otro caso en manos de Moro. Investiga si la constructora Odebrecht ofreció 12 millones de reales para comprar un terreno en Sao Paulo donde sería erigido el Instituto Lula -que divulga su legado político-, como parte de un acuerdo para distribuir sobornos recibidos por el PT.
La transferencia finalmente se frustró, pero según la fiscalía prueba que el PT tenía 'una cuenta corriente informal de la corrupción' con Odebrecht y que el delito consumado está configurado por la simple propuesta y la aceptación del soborno.
El instituto niega cualquier irregularidad.
La denuncia sostiene que Odebrecht también habría pagado un apartamento contiguo al que habita Lula en Sao Paulo y que una tercera persona se lo alquiló a su esposa como maquillaje.
Aviones de combate
En este proceso es acusado de lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra por parte del Estado brasileño de aviones de combate suecos Gripen por 5.000 millones de dólares, que se concretó durante la presidencia de la destituida Dilma Rousseff (2011-2016), su protegida política.
Según la investigación, Lula recibió 2,25 millones de reales a través de la empresa de su hijo Luis Claudio.
En esta causa, Lula también fue denunciado por supuestamente interceder en favor de automotrices en la concesión de beneficios fiscales.
Compra de silencio
Este proceso investiga la denuncia del exsenador del PT Delcidio do Amaral, que afirma que el exmandataro participó en un plan para comprar el silencio de un exdirectivo de Petrobras involucrado en el fraude de la petrolera estatal.
Junto con el banquero André Esteves, el empresario ganadero y amigo de Lula José Carlos Bumlai y el propio Amaral, Lula habría intentado acallar al exdirector del área internacional de Petrobras Nestor Cerveró, que se aprestaba a firmar un acuerdo con la justicia y proporcionar detalles sobre el funcionamiento del esquema de sobornos en la estatal.
La fiscalía pidió el martes archivar la causa por no haber pruebas de ello.
Angola
En este caso es acusado de tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de una organización delictiva junto a Marcelo Odebrecht entre 2008 y 2015.
Lula 'influenció la política de financiación internacional de BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), con la intervención de otros organismos públicos federales para favorecer a Odebrecht', según la denuncia.
La contraprestación fue cuantificada en 20,6 millones de reales en la forma de una participación en los negocios a Exergia Brasil, empresa de uno de sus sobrinos.
La sentencia que condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel por corrupción será apelada ante tribunales brasileños y ante las Naciones Unidas, dijo el miércoles el estudio de abogados que lo defiende.
'Estamos apelando y probaremos su inocencia en todas las cortes imparciales, incluyendo las Naciones Unidas', señaló un asesor del bufete en un mensaje a la AFP.
