Aunque el foco de la política estadounidense está puesto en limpiar la Costa Este de ese país de elementos de la Mara Salvatrucha (MS-13) de origen salvadoreño, las consecuencias directas alcanzarán a todo el Triángulo Norte (Guatemala y Honduras, además de El Salvador) y, en cascada, el impacto social podría derramar sobre toda la región.
Fuentes del sector privado confiaron a estrategiaynegocios.net que hay una clara convicción de que la Administración Trump "no será débil" con la MS-13, porque en sus manos hay un lapidario informe de la oficina del fiscal en Massachusetts: "la Mara Salvatrucha se convirtió en una de las organizaciones criminales, de carácter transnacional, más grande de los Estados Unidos", sostiene ese reporte. Tanto es así que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) tuvo que crear un grupo especial, la Fuerza Nacional de Trabajo contra Pandillas MS-13.
El FBI estima que la MS-13 tiene 6.000 miembros activos en al menos 46 estados de los EE.UU.
"Estamos ante una situación similar a ver que la quebradura en el murallón de una gran represa terminó por ceder", figuraba una fuente empresaria regional consultada.
Son cinco razones fundamentales las que están definiendo un escenario de máxima alerta, que según entienden los especialistas en seguridad -y también lo han reconocido los gobiernos más directamente afectados- exigen una acción coordinada de los países centroamericanos, colaboración internacional y un plan maestro integral para evitar una crisis humanitaria, a mediano plazo. Ellas son:
1-Crisis judicial y carcelaria. Como no todo deportado necesariamente tiene problemas con la justicia, los gobiernos del Triángulo Norte deberán empeñarse en auditar si cada individuo que llega tiene antecedentes policiales, penales y ordenes de captura pendientes en el país. Esto demandará enormes esfuerzos en términos de personal y presupuestos adicionales a los que cuentan actualmente las fuerzas de seguridad y los poderes judiciales en cada país.
Como se evalúa que las primeras oleadas de deportaciones serían (y ya lo están siendo) de pandilleros, la detención de estos presionará sobre la capacidad carcelaria disponible. Según un estudio de la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), las cárceles de Honduras tienen un nivel de hacinamiento aproximado del 56,3%. En El Salvador, según la Dirección de Centros Penales, hay una sobrepoblación del 231%; mientas, en Guatemala trepa al 305%, de acuerdo a datos proporcionados por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Con que se deporte el 50% de los pandilleros mapeados en EE.UU., estos países ya estarían en un grave problema para contenerlos dentro del sistema carcelario.
Para tomar idea de cómo se está dando el flujo de llegadas: la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador informó que un total de 449 salvadoreños con perfil de pandilleros, regresaron al país deportados de Estados Unidos, entre el 1 de enero y el 10 de mayo del presente año.
2-Crecimiento del universo pandillero regional. Este es uno de los temas que más preocupa al sector privado. Se logre o no encarcelar a los mareros que sean deportados, se ve como inevitable un crecimiento del universo pandillero en el Triángulo Norte. De hecho, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, reconoció que 'se han hecho algunos análisis y se detectaron nuevas clicas (células) con nombres de lugares de Estados Unidos'.
Según reconoció el ministerio de la Defensa salvadoreño, hay aproximadamente 60.000 pandilleros en todo el país, cifra que dobla la cantidad de efectivos militares activos con los que cuenta el territorio. El tema es más preocupante aún si se considera que casi medio millón (470.264 personas) tiene algún vínculo o relación con miembros de pandillas, de acuerdo a un estudio iniciado hace un par de años por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Estos son los resultados obtenidos en sólo 184 de los 262 municipios salvadoreños que existen.
3-Explosión del negocio criminal. Junto a la razón anterior, ésta es la que más preocupa al mundo empresarial. Ante una realidad socio-económica que muestra caída de empleo y ausencia de programas públicos para reinsertar a los deportados, ya se está previendo un aumento de las actividades criminales que nutren el financiamiento de las pandillas; particularmente, de las acciones de extorsión.
Históricamente, la extorsión ha sido el motor económico de las maras, pero "también representa el principal desincentivo para los comerciantes extorsionados", explican desde el sector privado.
La última Encuesta de Competitividad Empresarial, realizada en segundo trimestre 2016, por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indica que el 23,7 % de las medianas empresas encuestadas expresó ser víctima de extorsión. Por su parte, el 17,9 % de la gran empresa aseguró sufrir este delito. En Guatemala, las pandillas que extorsionan a empresarios, comerciantes, transportistas y personas comunes recaudan unos US$9 millones al año, según un estudio elaborado por el Consejo Asesor de Seguridad.
Pero, la extorsión no es el único negocio que se agudizaría con la llegada de los deportados. El mix de fuentes de ingreso de las pandillas se nutre con su participación en organizaciones de tráfico de armas, drogas y sicariato, a las cuales prestan "mano de obra". Aunque se asegura que las maras no tienen todavía una organización estructural y sofisticada, similar a la de los carteles colombianos y mexicanos, sí son proveedores de servicios para estos grupos criminales.
En este punto, las cúpulas mareras ya se estarían convirtiendo en "agentes lavadores" de dinero proveniente del crimen a través de la creación de negocios como moteles, lavaderos de autos, bares, empresas de taxis y de buses. Así lo reveló la llamada "Operación Jaque", que concretó el año pasado la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, con el objetivo de atacar el corazón financiero de las pandillas.
La llegada de pandilleros deportados desde los EE.UU. nutrirá las filas de estos negocios y también las disputas por los mercados en los que buscan participar.
4-Fomento de la justicia por mano propia. Para los especialistas en seguridad y derechos humanos, esto sería la antesala de un escenario de guerra civil. Bajo la óptica del sector privado, si los gobiernos del Triángulo Norte no colaboran entre sí con un plan integral que les permita mantener el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de la población, las masivas deportaciones actuarán como incentivo para que la sociedad se arme en defensa propia.
Los casos más emblemáticos en este sentido ya dieron en El Salvador. En este país, habitantes de la comunidad San José de la Montaña, en el municipio de Zacatecoluca, La Paz, recibieron financiamiento de parte del diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, para comprar armas y para tramitar los permisos de portación ante el Ministerio de la Defensa Nacional. El objetivo de la comunidad era defenderse de los pandilleros que les exigían pago de "renta". En otra comunidad, San Nicolás Lempa, en Tecoluca, San Vicente, sus habitantes recuperaron armas enterradas de la época de la guerra para defenderse de la clica Shadow Park Locos Revolucionarios.
El partido opositor ARENA, ya levantó voces de alerta respecto de estos hechos, poniendo en cuestionamiento la responsabilidad del Estado. 'ARENA no confunde el derecho a la legítima defensa que en su calidad personal pueda tener un ciudadano tal y como lo plantea la Constitución, con el hecho que ahora se quiera pedir que la población asuma un rol que le corresponde al gobierno de la República', declaró el diputado de la comisión de Seguridad, Rodrigo ávila. Entre 2010 y 2015 los salvadoreños estuvieron registrando armas de fuego a un ritmo de 11.000 por año. Esto supone 30 nuevas armas registradas cada día, según el Registro Nacional de Armas.
5-Desplazamientos y crisis humanitaria. Este fenómeno pudiera ser la consecuencia más directa y con impacto regional de un proceso de deportaciones fuera de control de los Estados receptores.
El tema está en el centro de la agenda de organizaciones internacionales como la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), porque sus informes y estudios de campo muestran que los desplazamientos en el Triángulo Norte ya comenzaron. "Son familias, mujeres, niños que buscan refugio porque han sido víctimas de abusos indescriptibles a manos de las pandillas y de los grupos criminales", afirma ACNUR.
En los últimos dos años las solicitudes de asilo provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador aumentaron un 128%, pasando de más 24.000 en 2014 a una cifra superior a los 54.000 en 2016.
'La migración por la pobreza y la exclusión social coexiste con un creciente fenómeno de desplazamiento forzado generado fundamentalmente por la violencia del crimen organizado: las maras y carteles de la droga. Se trata de formas de desplazamiento relativamente nuevas que requieren respuestas innovadoras', alertó el alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi.
El Consejo Noruego para los Refugiados también realizó investigaciones sobre terreno en el Triángulo Norte determinando que existen más de 550.000 desplazados internos, de los
cuales aproximadamente 289.000 son salvadoreños, seguido por guatemaltecos con un estimado de 248.000 y hondureños con 50.000.
"Los desplazados internos son personas que permanecen en sus países, a diferencia de los refugiados, obligados a huir a otros países. Sin embargo, los afectados por desplazamiento interno se suman a la migración forzada y buscan protección internacional en otros países", explica ACNUR.
A mediano plazo esta radiografía de crisis humanitaria podría estar afectando a toda Centroamérica, si las deportaciones no se encauzan en un proceso integral que incluya los vectores de seguridad, economía, inclusión y derechos humanos.
