La Asamblea Legislativa aprobó esta noche una reforma al presupuesto de 2017 para transferir US$56.665.225 millones de diferentes instituciones del Estado a la partida de Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), informó El Mundo.
El decreto propuesto por el Ministerio de Hacienda explica que actualmente existe "una situación de impago" y que esos fondos se destinarán al pago de intereses y amortización de la deuda derivada de los Certificados de Inversión Previsional (CIP). Desde hace varias semanas, El Salvador recibió bajas calificaciones a sus deudas, luego que no cancelara ni intereses ni capital de los CIP cuyo plazo venció del 7 al 20 de abril. La deuda vencida sumó US$55,2 millones. La reorientación de fondos servirá para pagar esa deuda.
La expresidenta del Congreso y miembro del partido de Gobierno, Lorena Peña, publicó el detalle de las instituciones que sufrieron recortes:
@LPGPolitica este es el cuadro verdadero que se someterá a votación. No el que publica LPG pic.twitter.com/541hTb2AvZ
- Lorena Peña (@lorenagpeam) 21 de abril de 2017
Los mayores recortes se hicieron al ramo de Justicia y Seguridad Pública, US$6,6 millones; a la Presidencia, US$6,2 millones; al ramo de Educación, US$5,5 millones; Salud, US$4.1 millones; Hacienda, US$4.2 millones, Obras Públicas, US$3,9 millones, entre otros.
También se recorta US$429.741 a la Procuraduría General de la República, US$266.638 a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y US$232.122 al Consejo Nacional de la Judicatura.
El Gobierno propuso recortar US$500.000 a la Fiscalía General de la República, pero el diputado Mario Ponce, del PCN, dijo que su fracción logró evitar esa reducción.
ARENA cuestionó los recortes a Seguridad, Salud y Educación; y pidió que se recorten los gastos reservados de la Presidencia de la República, que asciende a más de US$60 millones. Rodrigo ávila, de ese partido, propuso en el pleno no hacer el recorte a Salud, Educación, Seguridad, Procuraduría General, y quitar US$13 millones adicionales a Obras Públicas y US$7 millones adicionales a Presidencia de la República. Justificó que Obras Públicas no ejecutó fondos en 2016. Esa propuesta no fue votada.
Los diputados de ARENA dijeron que esta aprobación significa que "había dinero" para no caer en impago; diputados de FMLN, GANA y PCN criticaron la postura de ARENA de no votar para evitar el impago.
Presupuesto no respeta la Constitución
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ha denunciado las fallas y malas prácticas en la elaboración del Presupuesto General del Estado. La Ley que rige en qué serán invertidos los fondos públicos ha sido usualmente incompleto y desbalanceado: no incluye todos los gastos previsibles y al sobreestimar los ingresos del Gobierno.Así es que el Gobierno no contempló la obligación de pagar a los trabajadores del sistema de pensiones el capital e intereses por la compra obligatoria de Certificados de Inversión Previsional. Este desbalance causó que el 7 de abril de 2017, el Estado se viera imposibilitado a honrar dicha deuda, y generó una situación de impago y mora con los trabajadores.
En consecuencia del pago, las tres agencias internacionales de calificación de riesgo soberano -Standars & Poors Global Ratings, Moody´s Investors Service, y Fitch Ratings- bajaron la calificación de riesgo país. Para FUSADES, esto afectará de forma directa a los salvadoreños en temas como la posible alza de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios y menos oportunidades de empleo.
'Si no se dispone de un presupuesto transparente, este instrumento (el Presupuesto General de la Nación) pierde valor como medio de planificación, y el Estado no puede garantizar los servicios públicos básicos a la ciudadanía. Las finanzas se deterioran y baja la calificación crediticia del país, comprometiéndose aún más la situación financiera del Estado, lo que afecta también a otras esferas de la economía', señaló un comunicado de la institución.
