Guatemala levanta el secreto bancario

A partir de hoy, cobra vigencia el artículo 48 del Decreto 37-2016, que levanta la restricción que había en Guatemala para que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tuviera acceso a la información bancaria de los contribuyentes, con fines de fiscalización.

Dicha normativa, aprobada el 18 de agosto del año pasado, reformó la Ley Orgánica de la SAT, el Código Tributario y la Ley de Bancos y Grupos Financieros. En esta última se reformó el artículo 63, concerniente a la confidencialidad de operaciones, por medio del cual se adicionó al Fisco a las tres entidades que estaban facultadas para requerir documentación de los depositantes del sistema financiero.

"Esta herramienta solo se utilizará cuando exista duda razonable sobre los resultados de los procesos o ejecución de los planes de fiscalización selectiva y masiva", manifestó Francisco Solórzano Foppa, jefe del ente recaudador.

Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, indicó que la expectativa es que este instrumento hará subir el recaudo, en particular por cumplimiento voluntario, porque conforme los contribuyentes vayan entendiendo que sus transacciones serán más fáciles de verificar, van a registrar de mejor manera sus operaciones.

"Este año ayudará a llegar a la meta de los Q57 mil 463 millones, pero conforme las auditorías vayan siendo más estratégicas, la recaudación subirá de forma importante", resaltó el funcionario.

Esta opinión fue compartida por Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, quien agregó que ahora la SAT podrá llegar a las cuentas bancarias de las empresas e individuos vía autorización de un juez, garantizando la confidencialidad de sus estados financieros.

Por su lado, Guillermo Díaz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar, comentó que la nueva Ley permitirá al Fisco verificar si la declaración de ventas coincide con el monto manejado en las cuentas bancarias o no.

"Esto es clave para combatir la defraudación tributaria del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta. En ambos casos el impacto será de aumento en la recaudación, ya que obliga a quienes incumplen sus obligaciones impositivas a hacerlo, tal es el caso de quienes se dedican a la crianza y comercialización de ganado o de productos agrícolas", expresó el experto.

El ministro de Finanzas anticipó, no obstante, que hoy, a partir de la entrada en vigencia de la norma, habría sectores que interpongan acciones legales para dejarla sin efecto.