El portavoz Sean Spicer confirmó el contenido de los memos del secretario de Seguridad Nacional. Según dijo, el objetivo del gobierno 'no' son las deportaciones masivas, pero detalló que comenzarán expulsando a 1 millón de indocumentados que cometieron un crimen o representan una amenaza para la seguridad pública.
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ofreció esa cifra pese a que afirmó que las directrices del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, para implementar las dos órdenes ejecutivas firmadas por Trump el 25 de enero 'no' contemplan la deportación masiva de indocumentados. Esas nuevas guías fueron desglosadas en dos amplios memorandos que se filtraron a la prensa el fin de semana y cuyo contenido fue confirmado este lunes por Spicer.
Además, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) contratará más de 15.000 oficiales para detener y deportar inmigrantes indocumentados y buscará ampliar un programa que autorizará a policías a actuar como oficiales de migración en la ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump.
Las directrices, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, indican que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan "abusado" de los beneficios públicos o que, "a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional".
'Aquellas personas que estén en este país, representan una amenaza para la seguridad pública o hayan cometido un crimen serán los primeros en irse y buscaremos agresivamente que eso ocurra', abundó Spicer sobre el tema.
Sin embargo, en uno de los memos se precisa que será aplicada la Sección 235 de la Ley de Inmigración, lo que en la práctica significa que los casi 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos deben ser inspeccionados, revisados y verificados; y que, para hacerlo, deberán ser ubicados, detenidos y encarcelados. Su destino quedará luego en las manos de los jueces de inmigración, quienes revisarán caso por caso.
Por otro lado, pese a que Spicer dijo que la prioridad es deportar a aquellos indocumentados que representen una amenaza para el país, las prioridades de deportación detalladas en los documentos firmados por Kelly son más abarcadoras.
El incipiente gobierno de Trump modificó las prioridades delineadas por el exmandatario Barack Obama el 20 de noviembre de 2014 e instruyó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ponga en su mira a quienes hayan cometido crímenes graves, quienes fueron deportados y regresaron sin autorización, quienes tengan una orden de deportación final aunque no hayan perpetrado delitos, y aquellos indocumentados que tengan una orden de deportación final en ausencia o no se hayan presentado en la corte cuando fueron citados.
El gobierno del expresidente Barack Obama, catalogado por algunos como el 'deportador en jefe', deportó a más de 2,7 millones de indocumentados en sus ocho años en el poder. El año en que más inmigrantes sin documentados expulsó de suelo estadounidense fue en 2011: cerca de 410.000.
Según las directrices, quedan exentos los jóvenes indocumentados ("dreamers" o "soñadores") que llegaron al país cuando eran menores de edad. En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que estos jóvenes indocumentados "no" se verán afectados por las nueves órdenes de la agencia federal.
Los memorandos darán más autoridades a las agencias federales y sus oficiales federales más poder para detener y deportar de manera más agresiva a inmigrantes indocumentados dentro del país y a lo largo de las fronteras de Estados Unidos.
Para ello Kelly amplió la lista de inmigrantes indocumentados cuya detención y deportación será prioritaria bajo la orden de Trump, yendo más allá de los criminales indocumentados.
Esta lista incluirá ahora a cualquier inmigrante indocumentado acusado de cualquier delito que no haya sido resuelto; aquellos que haya cometido actos que constituyen un delito que puede ser encauzado penalmente, quienes hayan cometido fraude contra el gobierno federal, o hayan abusado programas federales de asistencia pública.
Kelly también determinó la contratación de 5.000 nuevos empleados para la guardia fronteriza (CBP) y de 10.000 empleados para la agencia de control de migración (ICE).
Estos memorandos internos son el primer paso para la aplicación de la promesa de campaña de Trump de expulsar del país a los inmigrantes en situación irregular -unos 11 millones en total, la mayoría mexicanos- independientemente de que hayan o no cometido crímenes violentos en su país de origen o en territorio estadounidense.
Por el momento el gobierno de Trump no parece dispuesto a modificar el programa 'Acción Diferida para los Llegados en la Infancia' (DACA, en inglés), que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, y al que también prometió poner fin durante su campaña.
El pasado 23 de enero, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, había dicho que la prioridad del gobierno eran inmigrantes con antecedentes criminales. 'Personas que pueden hacer daño o han hecho daño y tienen antecedentes criminales son el centro de la atención', dijo Spicer, para quien 'en la actualidad la prioridad está en las personas que han hecho daño a nuestro país'.
El Programa de Acción Diferida (DACA), impulsado por el Gobierno de Barack Obama en el 2012, ha permitido frenar la deportación de al menos 750.000 "soñadores".
