Por: EFE
La jueza María Fernanda Botana del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16 de Buenos Aires ha dictaminado el cierre temporal de la aplicación y web de Uber en Argentina, petición del fiscal que investiga un presunto delito de evasión fiscal y uso ilícito del espacio público. El fiscal ha pedido la detención de los dos máximos directivos de la filial en el país.
El Fiscal de la ciudad de Buenos Aires Martín Lapadú pidió detener a dos directivos de la filial argentina de Uber por no haber bloqueado su uso en Buenos Aires y solicitó la clausura de la plataforma en todo el país, ha informado el órgano judicial.
Además ha pedido que la clausura y bloqueo preventivo de la página web y la aplicación Uber dispuesta por la justicia, el 22 de abril de 2016, se haga extensiva a todo el territorio nacional. La jueza María Fernanda Botana del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16 de Buenos Aires ha aceptado la petición del fiscal.
La orden de arresto es para los directivos Diego Mariano Oliveira, gerente general de Uber Argentina, y Mariano Otero, CEO de la empresa.
El fiscal acusa a los directivos de haber incumplido las resoluciones judiciales y siguen omitiendo por completo los mandatos judiciales, continuando con la actividad ilícita.
Según argumentó el fiscal, hace 9 meses que los ejecutivos de la empresa violan la clausura impuesta y continúan haciendo uso indebido del espacio público. Los ejecutivos de Uber se han presentado en la Fiscalía Oeste de Buenos Aires junto a su abogado defensor para pedir que se retirara la orden de detención.
El bloqueo se ha solicitado porque durante la investigación se pudo comprobar que hay riesgos para preservar pruebas sumamente trascendentes para la pesquisa, según la fiscalía. Se pudo conocer que la firma Uber tiene la capacidad de alterar o borrar remotamente a través de su aplicación los registros de los socios de la empresa, y esa situación representa un riesgo para la prueba, por eso el bloqueo total permitiría un resguardo mucho más efectivo de aquella.
El organismo judicial ya denunció en diciembre a la firma estadounidense por evasión tributaria y lavado de dinero al considerar que podría haber sorteado los controles fiscales de Buenos Aires para evitar pagar unos 5,5 millones de pesos (341.000 dólares).
El pasado septiembre, la Justicia autorizó allanamientos en las oficinas de Uber en Argentina y en domicilios de varios de sus gerentes y socios conductores, dentro de una causa en la que ya han sido imputados unos 20 trabajadores de la empresa.
La Fiscalía inició el proceso tras la llegada de la aplicación al país, el pasado 12 de abril, al entender que la actividad de la empresa atentaba contra la legislación que prohíbe la utilización del espacio público con fines lucrativos.
Casi un año de disputa judicial
En ese sentido, el pasado 22 de abril dictó su clausura preventiva, lo que no impidió a Uber seguir funcionando en la ciudad y a día de hoy, los usuarios pueden contratar viajes a través de la aplicación con tarjetas de crédito y débito.
Desde la llegada de la compañía a Argentina, los sindicatos de taxis se han manifestado en numerosas ocasiones contra la aplicación, que, según denuncian, ejerce una competencia desleal contra el sector.
