El acuerdo fue firmado entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, tras tres meses de conversaciones 'constructivas', indicó el portal oficial 19 de Julio.
Las partes convinieron firmar un memorándum de entendimiento antes del próximo 28 de febrero para establecer una agenda de trabajo de tres años encaminada a mejorar el sistema político nicaragüense, sobre todo en materia electoral, señala el compromiso de 13 puntos.
El calendario precisará las actividades necesarias para para perfeccionar el sistema de representación política y depurar el padrón electoral, con vista a las elecciones municipales de noviembre próximo.
Contempla asimismo la revisión de una polémica norma constitucional que obliga a los diputados a obedecer al partido por el cual fueron electos, so pena de perder sus escaños.
El punto fue incluido en el acuerdo ante las críticas suscitadas por la decisión en julio pasado del tribunal electoral de destituir a 28 diputados opositores por no acatar a los nuevos directivos de su partido, impuestos por un fallo judicial.
En el documento, el gobierno anuncia además la voluntad de 'fortalecer su sistema electoral de acuerdo a los estándares regionales', sin comprometerse a reformas específicas.
La OEA y el gobierno omitieron atender la demanda de la oposición de desconocer las elecciones de noviembre y de realizar nuevos comicios junto con las municipales de este año.
En este acuerdo 'no se aborda la falta de legitimidad de este gobierno, ni se atiende con la urgencia que requiere el colapsado sistema electoral', cuestionó el opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD).
'El acuerdo pretende hacer borrón y cuenta nueva sobre la farsa electoral' que vivió Nicaragua en noviembre pasado, reprochó por su parte la dirigente del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS-centroizquierda) Ana Vigil.
El 15 de octubre, Ortega aceptó abrir una mesa de diálogo con la OEA, tras los cuestionamientos surgidos por la decisión de la Corte de Justicia y el tribunal electoral, ambos en manos del oficialismo, de impedir a la oposición participar en los comicios y expulsar luego a sus representantes en el Congreso.
