La sombra del impago no se acaba con 2016. El Salvador tendrá sobre sí el péndulo por una difícil crisis fiscal que al cierre del año no tiene una salida.
El país cierra 2016 sin mayores acuerdos, con una considerable baja en la calificación de riesgo soberano, sin presupuesto aprobado y con la falta de consensos que den un rumbo a una economía dolarizada que -pese a la difícil situación- se prevé cierre con un crecimiento del 2.5%.
Sin embargo, no todo es malo, la ola anticorrupción finalmente llega a un país que enfrenta un severo problema de seguridad pública y violencia juvenil.
Estos son algunos de los temas por los que 2016 será recordado en la más pequeña de las naciones centroamericanas:
2016: el año de la crisis fiscal
El riesgo de caer en default aún se cierne sobre El Salvador y con ello es latente la amenaza de vivir episodios dramáticos como los que soportaron ciudadanos en Perú (1986-1990), Ecuador (1999), Argentina (2001-2003) y más recientemente Grecia (desde 2009), donde -salvo algunas diferencias- hubo una constante: dificultad para honrar los compromisos de deuda, un problema que derivó en otras crisis más graves y sumó a dichas economías en un duro episodio que aún se sigue pagando.
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'De no hacer ajustes estructurales un país como El Salvador será arrastrado a una crisis como no la ha visto nunca', sentenció el especialista en temas fiscales Enrique Giraldo, quien presentó una radiografía de la situación actual de las finanzas públicas de la nación centroamericana.
En 2017, el Sector Público No Financiero (SPNF) amortizará más de US$1.029 millones en deuda pública, y de este monto más de US$914 millones corresponden a obligaciones financieras que deberá honrar el Gobierno Central, revela el proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2017, entregado la semana pasada a la Asamblea Legislativa.
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Calificación de riesgo en picada
Dado al cada vez más precario panorama fiscal, la agencia calificadora de riesgos Standard and Poor’s (S&P) aplicó en diciembre una nueva degradación al perfil crediticio de El Salvador, cambio derivado de la difícil situación fiscal que vive el país. Con el nuevo ajuste la calificación soberana en moneda local y extranjera de largo plazo queda en "B-" Esta es la segunda baja que S&P aplica al país desde octubre pasado, cuando le asignó una "B".
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De acuerdo con la deficinón de calificaciones de S&P 'una obligación calificada con 'B' es más vulnerable a un incumplimiento de pago que las calificadas con ‘BB’, pero el emisor tiene capacidad para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación, el deterioro a 'B-' implica mayor riesgo y lo deja a un peldaño de caer en 'CCC'.
La deuda flotante, el peso creciente de algunos subsidios, la omisión de algunas responsabilidades, además de la poca claridad en el funcionamiento de algunas partidas son algunos de los problemas que ha identificado la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, un documento -iniciativa del Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda- que la Asamblea Legislativa estudió en el último trimestre de 2016, pero que no pudo aprobar antes del fin de año legislativo, un retraso que solo agudiza más la situación.
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Gobierno decreta 'emergencia' económica
Después de tensas semanas ante un posible impago a los inversionistas de Certificados de Inversión Previsional (CIP), el presidente salvadoreo Salvador Sánchez Cerén urgió en octubre sobre la necesidad de solventar acuerdos relativos a compromisos de corto plazo del Estado.
El impago ocurriría el 7 de septiembre debido a la iliquidez del Gobierno salvadoreño. Pero una reforma legislativa autorizó al Ejecutivo para usar los ahorros privados para pensión lo impidió, de momento.
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El mandatario, en cadena nacional de radio y televisión, decretó la emergencia económica. "Es necesario declararnos en emergencia económica como gobierno para que antes del 2016 podamos construir los mejores acuerdos". Sánchez insistió que la mejor medida fiscal es hacer crecer la economía.
Son las mismas palabras del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho en repetidas ocasiones durante sendas visitas hechas a El Salvador este año. "La falta de liquidez en caja pública, resultado de un déficit histórico en la economía, debe atenderse con acuerdos entre sectores políticos con urgencia y abiertos siempre al diálogo entre las fuerzas políticas", detalló. Pese a la dureza del discurso, dos días después el secretario de comunicaciones matizó la declaratoria de emergencia.
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Al cierre de 2016, la Asociación Salvadoreña de Industriales reveló que del 30 junio al 30 de noviembre de 2016 el Estado salvadoreño debe a la industria eléctrica US$38.8 millones.
La deuda corresponde al retraso en el pago correspondiente al subsidio a la energía eléctrica. De acuerdo con la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) la situación es preocupante.
El sector eléctrico es el encargado de manejar el subsidio el cual beneficia a los usuarios que consumen menos de 99 kwh.
La entidad señala que si el gobierno no logra efectuar un desembolso significativo en este mes, no será posible solventar las deudas que las empresas distribuidoras tienen con los generadores, comercializadores e importadores.
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El impago puede provocar un 'rompimiento total de la cadena de pago' del sector eléctrico, generando una situación insostenible que puede llevar, en el peor de los casos, a provocar apagones, situación que se suma a una serie de retrasos en pagos a proveedores estatales, donde el impago se ectiende por períodos de hasta seis meses y que demuestra que el país inicia 2017 con una bomba de tiempo.
Tres expresidentes investigados por corrupción
2016 pasa a la historia como el año en el que tres expresidentes salvadoreños han enfrentado investigaciones y procesos judiciales por supuestos actos de corrupción Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014), los dos primeros por el partido de derechas Alianza Republicana Nacionalista y el tercer por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
En enero falleció Flores (1999-2004) mientras estaba en condición de arresto domiciliar por la investigación del desvío de US$10 millones provenientes de la cooperación taiwanesa para afectados de los terremotos de 2001. El caso sigue activo.
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Asimismo, propiedades supuestamente vinculadas al expresidente Funes fueron allanadas por la Fiscalía en busca de elementos que prueben que el exjefe de Estado se benefició personalmente durante su gestión. La entidad le investiga los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, pese a que no se giró orden de captura en su contra el caso sigue activo, pero coincidentemente con las pesquisas Funes solicitó asilo en Nicaragua.
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El exmandatario que gobernó de 2009 a 2014 argumentó en su solicitud de asilo que está "en peligro su vida e integridad física la de su familia, por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política en la República de El Salvador".
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En una primera etapa se registraron 14 inmuebles. Entre los lugares registrados está otro despacho contable relacionado con Miguel Menéndez, el amigo de Funes investigado por supuestos beneficios obtenidos en el gobierno de Funes.
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No menos escandalosa fue la investigación que desembocó en la captura del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y varios de sus excolaboradores. Saca está involucrado en una trama que desvió US$246 millones desde los fondos de la 'partida secreta' de Casa Presidencial, de los que US$116 millones fueron sacados en efectivo por el expresidente, su secretario privado, Elmer Charláix, y dos colaboradores activos en Casa Presidencial en pleno 2016.
"Estamos atendiendo el clamor popular de la gente honrada de que se investigue la corrupción y es por lo mismo que este día estamos anunciando esa respuesta, iniciando esta investigación de estructuras que extrajeron fondos públicos desde el gobierno", dijo Meléndez. Saca sigue en prisión preventiva.
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Embajadora de EE.UU., la voz crítica contra la corrupción
Los legisladores de Estados Unidos cuestionan los fondos para cooperación que el Gobierno de ese país espera aprobar para El Salvador en 2017. ¿La razón? Falta de acuerdos que definan temas de nación
La embajadora de EUA en El Salvador, Jean Elizabeth Manes, indicó que esto ha limitado la gestión por más fondos. 'Estamos viendo hacia el otro año. Nuestro presupuesto de 2017. Nos sentamos enfrente del Congreso a tratando de defender ese presupuesto y justamente los miembros del Congreso de EE.UU. están preguntando ¿por qué vamos a poner dinero adicional de la gente que está pagando impuestos en Estados Unidos a un país, cuando los propios líderes de un país no pueden llegar a un acuerdo entre ellos? Es una pregunta práctica y es como los miembros del Congreso están viendo este asunto', dijo ayer Manes
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Exfiscal, exjuez y empresario procesados por supuesta trama de corrupción
La incipiente lucha anticorrupción marca un parteaguas dentro de la gestión del ministerio público, luego de meses del debate de la necesidad de crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad, similar a la que logró tumbar una compleja trama de sobornos y robo del Estado en la vecina Guatemala. Se activaron una serie de casos, entre los más sonados estuvo la acusación contra el exfiscal general Luis Martínez, el exjuez Romeo Aurora Giammattei y el empresario Enrique Rais.
Los personajes fueron detenidos bajo varios cargos, entre los que destaca fraude procesal y obstrucción de la justicia.
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Si bien los exfuncionarios y el empresario salieron libres siguen ligados a proceso. La Fiscalía determinó que la administración de Martínez se prestó a fabricar pruebas y a manipular las investigaciones para tergiversar los casos de quienes habían denunciado a Rais, para que este no resultara afectado.
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Rais es un polémico empresario, dueño de la mayor empresa de manejo de desechos sólidos, posee además una flota particular de aviones en los que han sido fotografiados exmandatarios y funcionarios, entre ellos el mismo exgfiscal Martínez. Dichas aeronaves, sin embargo, han estado bajo el ojo de la DEA en EEUU bajo sospecha de servir como transporte para el ingreso de droga a dicho país.
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Golpe a la estructura financiera de la pandilla MS
La estrategia de seguridad de El Salvador por primera vez golpeo a una estructura financiera de unas de las principales pandillas de El Salvador.
Fiscalía y Policía desarticularon la red que administraba las finanzas y el patrimonio de los principales líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), que ascienden a 'millones de dólares', informaron fuentes oficiales.
Como resultado de la operación denominada 'Jaque', las autoridades han confirmado la incautación de una flota de 125 autobuses del servicio colectivo, taxis piratas, un restaurante y un motel, entre otros inmuebles.
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Polémico incremento al salario mínimo
Pese a la ola de críticas por parte del sector privado el Gobierno salvadoreño firmó los decretos que dan luz verde a las nuevas tablas del salario mínimo. De este modo, el aumento estará activo en el primer pago de 2017, correspondiente al 15 de enero.
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Los decretos permitirán incrementos para los salarios de comercio, servicios e industria, textil y de la confección, caña de azúcar, café, algodón y agro.
De los incrementos, el menor es para el sector comercio de 19.19%, mientras que el más alto es el de la recolección de la caana de azúcar, el cual sube en 105.13%.
Tras la aprobación de la propuesta al salario mínimo, el ministo de Economía, Tharsis Salomón López, informó que tiene conocimiento que dos empresas que operan en el régimen de zonas francas que estarían retirándose de El Salvador por el incremento al salario mínimo.
López valoró que muchas empresas ya tienen contratos establecidos y que un alza importante complica su operación. "Ellos tienen sus contratos para el próximo año y un crecimiento así de repente no lo pueden cargar", dijo.
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Congreso autoriza usar fondos de pensiones para impedir impago
En septiembre la Asamblea Legislativa aprobó (con 46 votos de los partidos FMLN, GANA, PCN y PDC), una reforma que permitiría al Estado emitir certificados para adquirir deuda, con fondos de las cotizaciones, y así pagar otros certificados de deuda.
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La reforma a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) facultará al Banco de Desarrollo de El Salvador a emitir Certificados de Inversión Previsionales (CIP) para pagar otros CIP adquiridos del mismo fondo de pensiones, para el pago a los jubilados. El Gobierno ya usa unos US$400 millones anuales de estos fondos para pagar las pensiones del antiguo sistema de reparto, que se quedó sin reservar para pagar a los jubilados desde 2004.
Sin embargo, en noviembre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda contra la reforma, una medida despeserada impulsada por el Ejecutivo para contar con fondos frescos y hacer frente a la creciente crisis fiscal.
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Sigue la violencia, casi medio centenar de cementerios clandestinos
De acuerdo con la Fiscalía este año se encontraron 47 cementerios clandestinos. En esos lugares, generalmente ubicados en zonas rurales y desoladas, localizó y recuperó al menos 50 cuerpos de personas desaparecidas inhumadas. La mayoría de estas tumbas fueron investigadas y descubiertas en el departamento de Usulután, seguido del cantón Lourdes, de Colón, y La Libertad Norte, es decir, San Juan Opico, San Pablo Tacachico y La Libertad, así como en otras zonas del país.
Cifras del Instituto de Medicina Legal (IML) dan cuenta que de los 11.466 homicidios registrados entre el primero de junio de 2014, inicio de la Presidencia de Sánchez Cerén, hasta el 30 de abril de este año, 7,568 de las víctimas eran niños, menores de 17 años y personas adultas de menos de 34 años.
Pero el rango de edad donde se concentra la mayor cantidad de víctimas de la violencia está entre adolescentes de 15 años y personas que aún no habían cumplido los 35 años.
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