Por Prensa Libre
Funcionarios de Odebrecht reconocieron que sobornaron con US$18 millones -Q135 millones- a funcionarios y políticos de Guatemala. La empresa brasileña fue contratada para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, por la que cobraría US$399 millones -Q2.992,5 millones-.
Según el diario de sesiones del Congreso, la aprobación del crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que condicionó la contratación de Odebrecht, se efectuó en una sesión permanente que se inició el 7 de agosto del 2012 y concluyó el 11 de octubre del mismo año, justo el día en que se avalaron cuatro préstamos que sumaban US$569,5 millones -Q4.271,3 millones-, incluido el de Odebrecht por US$399 millones -Q2.992,5 millones-.
La investigación de Odebrecht se originó en una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), por el reporte de una transacción sospechosa, afirmó la fiscal general Thelma Aldana, quien confirmó haber recibido ya informes "parciales" de sus homólogos de Brasil.
El Ministerio Público (MP) conoció la ampliación de esta denuncia el 22 de octubre pasado. "Tenemos otro caso en investigación. No puedo precisar qué personas posiblemente están involucradas. Es una denuncia presentada a finales de julio por la Contraloría, que determinó que el avance físico de la obra era de un 50%, mientras el avance financiero estaba alrededor del 53%", respondió al preguntarle si diputados estarían involucrados en pago de sobornos que hizo la firma.
Esta segunda denuncia está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción. Aldana dijo que solicitarán asistencia legal a Estados Unidos.
En el diario se detalla cómo el diputado de Libertad Democrática Renovada (Líder), Roberto Villate, denunció que en torno a la aprobación del préstamo corrió dinero en el Congreso, ya que formó parte de un paquete de leyes que habría negociado el Ejecutivo y que incluía también eliminar de la agenda la aprobación de la ley penal contra el enriquecimiento ilícito.
En la nota "Ejecutivo contribuye a desbloquear agenda", publicada por Prensa Libre el 12 de octubre del 2012, se detalló cómo después de varias semanas de haber estado paralizada la labor legislativa, una reunión en la antigua casa de campaña del Partido Patriota (PP) entre el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, con congresistas de varias bancadas, permitió desentrampar la parálisis y alcanzar acuerdos en común, entre ellos el préstamo con Odebrecht.
La moción para modificar la agenda fue presentada por el expresidente del Congreso, Gudy Rivera, y el diputado del bloque Todos, Christian Boussinot, quien en ese momento fungía como secretario del Congreso.
"Q250.000 recibirá cada uno... ¡Viva la fiesta! ¡Hagamos carnaval de lo que hoy se convertirá en una desgracia!", gritó Villate, para rechazar la moción, según consta en el diario de sesiones.
La queja de los diputados de Líder se basó en la reunión privada de varias bancadas con Pérez y con Baldetti, porque aseguraban que había una ilegalidad, porque se aprobó moción sobre moción.
Bussinot aseguró que su participación fue mínima, pues "la propuesta de modificar la agenda" la presentó en su calidad de secretario. "Desconozco si hubo pagos, a mí el presidente -Rivera- me pasó la hoja, la firmé y la leí como correspondía", dijo.
Según una fuente cercana a la investigación relacionada con el financiamiento de la carretera CA-2 Occidente y Odebrecth, en uno de los allanamientos efectuados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se encontró papelería que involucra el pago de sobornos a exfuncionarios del PP, a congresistas y a un ciudadano español.
El crédito, junto con otros tres más, fue aprobado a través de una alianza entre el PP con legisladores de la Gran Alianza Nacional (Gana), Todos, Unionista, Unión del Cambio Nacional y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), pero también contó con el apoyo de la Unidad Nacional de la Esperanza, Visión con Valores, Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Solo se negaron los diputados de Líder, de Encuentro por Guatemala (EG) y algunos, muy contados, de Todos, Unionista y del PP.
En el mundo
Orlando Blanco, actual jefe de la UNE, aseguró que apoyaron el crédito no porque hubieran recibido algún soborno, sino porque fue una negociación que se inició cuando álvaro Colom era el presidente de la República.
"Nunca supimos que el PP hubiera negociado pagos; el convenio era de beneficio para el país. Apoyamos porque el proyecto era bueno. Además, habíamos sufrido mucho desgaste como partido con el transfuguismo, pues de 43 diputados quedamos siete; no estábamos para negociar nada", aseguró.
Luego de que Odebrecht reconoció el pago de sobornos en más de cien proyectos en 12 países, incluido Guatemala, el encargado de la nueva política anticorrupción de esa empresa brasileña, Sérgio Foguel, los calificó de "desvíos de conducta lamentables", según el diario O Globo, de Brasil.
Funcionarios de Odebrecht reconocieron que sobornaron con US$18 millones -Q135 millones- a funcionarios y políticos de Guatemala. La empresa brasileña fue contratada para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, por la que cobraría US$399 millones -Q2.992,5 millones-.
Según el diario de sesiones del Congreso, la aprobación del crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que condicionó la contratación de Odebrecht, se efectuó en una sesión permanente que se inició el 7 de agosto del 2012 y concluyó el 11 de octubre del mismo año, justo el día en que se avalaron cuatro préstamos que sumaban US$569,5 millones -Q4.271,3 millones-, incluido el de Odebrecht por US$399 millones -Q2.992,5 millones-.
La investigación de Odebrecht se originó en una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), por el reporte de una transacción sospechosa, afirmó la fiscal general Thelma Aldana, quien confirmó haber recibido ya informes "parciales" de sus homólogos de Brasil.
El Ministerio Público (MP) conoció la ampliación de esta denuncia el 22 de octubre pasado. "Tenemos otro caso en investigación. No puedo precisar qué personas posiblemente están involucradas. Es una denuncia presentada a finales de julio por la Contraloría, que determinó que el avance físico de la obra era de un 50%, mientras el avance financiero estaba alrededor del 53%", respondió al preguntarle si diputados estarían involucrados en pago de sobornos que hizo la firma.
Esta segunda denuncia está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción. Aldana dijo que solicitarán asistencia legal a Estados Unidos.
En el diario se detalla cómo el diputado de Libertad Democrática Renovada (Líder), Roberto Villate, denunció que en torno a la aprobación del préstamo corrió dinero en el Congreso, ya que formó parte de un paquete de leyes que habría negociado el Ejecutivo y que incluía también eliminar de la agenda la aprobación de la ley penal contra el enriquecimiento ilícito.
En la nota "Ejecutivo contribuye a desbloquear agenda", publicada por Prensa Libre el 12 de octubre del 2012, se detalló cómo después de varias semanas de haber estado paralizada la labor legislativa, una reunión en la antigua casa de campaña del Partido Patriota (PP) entre el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, con congresistas de varias bancadas, permitió desentrampar la parálisis y alcanzar acuerdos en común, entre ellos el préstamo con Odebrecht.
La moción para modificar la agenda fue presentada por el expresidente del Congreso, Gudy Rivera, y el diputado del bloque Todos, Christian Boussinot, quien en ese momento fungía como secretario del Congreso.
"Q250.000 recibirá cada uno... ¡Viva la fiesta! ¡Hagamos carnaval de lo que hoy se convertirá en una desgracia!", gritó Villate, para rechazar la moción, según consta en el diario de sesiones.
La queja de los diputados de Líder se basó en la reunión privada de varias bancadas con Pérez y con Baldetti, porque aseguraban que había una ilegalidad, porque se aprobó moción sobre moción.
Bussinot aseguró que su participación fue mínima, pues "la propuesta de modificar la agenda" la presentó en su calidad de secretario. "Desconozco si hubo pagos, a mí el presidente -Rivera- me pasó la hoja, la firmé y la leí como correspondía", dijo.
Según una fuente cercana a la investigación relacionada con el financiamiento de la carretera CA-2 Occidente y Odebrecth, en uno de los allanamientos efectuados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se encontró papelería que involucra el pago de sobornos a exfuncionarios del PP, a congresistas y a un ciudadano español.
El crédito, junto con otros tres más, fue aprobado a través de una alianza entre el PP con legisladores de la Gran Alianza Nacional (Gana), Todos, Unionista, Unión del Cambio Nacional y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), pero también contó con el apoyo de la Unidad Nacional de la Esperanza, Visión con Valores, Winaq y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Solo se negaron los diputados de Líder, de Encuentro por Guatemala (EG) y algunos, muy contados, de Todos, Unionista y del PP.
En el mundo
Orlando Blanco, actual jefe de la UNE, aseguró que apoyaron el crédito no porque hubieran recibido algún soborno, sino porque fue una negociación que se inició cuando álvaro Colom era el presidente de la República.
"Nunca supimos que el PP hubiera negociado pagos; el convenio era de beneficio para el país. Apoyamos porque el proyecto era bueno. Además, habíamos sufrido mucho desgaste como partido con el transfuguismo, pues de 43 diputados quedamos siete; no estábamos para negociar nada", aseguró.
Luego de que Odebrecht reconoció el pago de sobornos en más de cien proyectos en 12 países, incluido Guatemala, el encargado de la nueva política anticorrupción de esa empresa brasileña, Sérgio Foguel, los calificó de "desvíos de conducta lamentables", según el diario O Globo, de Brasil.
