Por El Mundo/ El Diario de Hoy
"Nuestro llamado(…) sería que pongamos el país primero. Que busquemos apartar nuestras diferencias partidistas, y que tengamos la voluntad para sentarnos en una negociación y en un diálogo sincero", manifestó el también vicepresidente de Grupo Calleja.
Diferentes tanques de pensamiento y expertos prevén que si el Gobierno salvadoreño no honra la deuda contraída por la emisión de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) el próximo 10 de octubre, el Estado caerá en impago, y esto traería serias consecuencias para la economía. Calleja dijo que "el impago, para mí, es un tema que genera preocupaciones. Somos de la opinión que el impago es algo que, si tenemos la madurez y voluntad política, se puede evitar". Pero aseguró que "para eso se necesita un diálogo y negociación".
Por su parte, Lorena Rubio, gerente general de Banco G&T Continental, aseveró que ante la incertidumbre de caer en impago, se tiene que estar atentos a las señales del mercado y el Gobierno juega un papel elemental para generar estabilidad económica. "Yo tengo la esperanza que las cosas van a cambiar y que tiene que ser para mejor. El país lo necesita; necesitamos generar más inversión, generar más confianza", manifestó.
Recordó que el sector financiero es el que más paga impuestos y, por consiguiente, se necesita incentivos para seguir otorgando créditos. "El costo se traslada a los clientes, y producto de los costos se ha venido reduciendo la rentabilidad del sistema", agregó.
De acuerdo con los datos oficiales, el décimo mes de 2016, el Estado salvadoreño debe pagar US$85 millones en concepto de deuda adquirida a través de Letras del Tesoro (Letes), US$71,9 millones en intereses de Certificados de Inversión Previsional (CIP) y US$20,1 millones en Eurobonos.
En total, son US$178,1 millones los que el Gobierno debe pagar para evitar que el próximo 7 de octubre se convierta en un "viernes negro" para las finanzas públicas, como señaló el economista Rafael Lemus la semana pasada. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, reconoció en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que el país está en peligro de caer en "default" (impago) en la primera quincena de octubre, si no se emite una deuda para abonar, al menos, a los CIP con los que se pagan pensiones a los jubilados del antiguo sistema previsional.
El funcionario aseguró que la emisión de US$1.200 millones, que lleva entrampada en el congreso desde febrero pasado, podría solventar el problema de iliquidez que tiene el Ejecutivo para honrar su compromisos de corto plazo.
No obstante, Lemus destacó que, haciendo un análisis financiero del efectivo que se necesita de aquí a finales de año, la situación es aún más complicada para el país.
El economista señaló que entre octubre y diciembre, el Estado urge de financiamiento porque debe pagar US$1.040 millones en Letes (según datos a inicios de septiembre), los US$178,1 millones de vencimiento de deuda de octubre más US$282.1 millones de noviembre y diciembre- suponiendo que los Letes que vencen en los últimos tres meses del año se renueven (roll over).
Además requiere US$34 millones en subsidios a la energía eléctrica, unos US$50 millones del retraso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las municipalidades (Fodes) y más de US$300 millones en pago a proveedores, según la cifra que comentó el secretario de la presidencia, Eugenio Chicas. "Cuando se suman esos gastos, el total se va fácilmente a US$1.800 millones. Hay que tener claro que el tema de iliquidez es mucho más grande, esto solo para cerrar diciembre", insistió Lemus.
Una de las alternativas que el Estado tiene para no caer en impago es emitir más Letes, pues según la Ley de Presupuesto están a discreción del Ejecutivo. Sin embargo, Lemus recalcó que el margen de maniobra es poco pues el 30 % de los ingresos corrientes sigue siendo el límite de emisión de este recurso y ya que los vencimientos entre septiembre y diciembre suman US$369 millones, se excedería el límite por unos US$50 millones. Alcanzar el límite de emisión de Letes implicaría que el gobierno deba hacer una reforma a la ley de presupuesto de 2016 y cambiar el techo a una cifra mayor al 30%.
Pero, "esa es otra señal al mercado de que (el país) no solo tiene problemas de liquidez sino que tiene que estar modificando la regulación para relajarse en los límites actuales", apuntó Lemus.
Sin política de control
El economista Claudio de Rosa insistió, por su parte, que "no es falta de dinero, sino falta de racionalidad" y el mayor problema es la "grave violación a la Constitución". "El pago de la deuda , amortización e intereses se conocen desde que se adquirió la deuda (...) si el gobierno no puso ese gasto que sabía que existía, eso viola la constitución", denunció de Rosa.
El analista consideró que antes de aprobar cualquier emisión de financiamiento, como los US$1.200 millones, es necesario contar con una política fiscal que permita mayor control del gasto público y asegure el uso eficiente de los recursos. El exministro de Economía, Ricardo Esmahan, señaló que debe tomarse en cuenta que el "inseparable binomio entre economía y política, se agita cuando se percibe que existen ambigüedades en el rumbo", por eso, es preocupante "que quienes tienen la responsabilidad" de lograr un acuerdo "generen un clima discrepante innecesario" sobre qué hacer.
"Cuanto más nos tardemos en controlar el déficit fiscal, menos opciones vamos a encontrar. Y éstas van a ser más dolorosas para lograr la estabilidad", dijo Esmahan.
Según el analista, ningún país puede soportar un déficit de la dimensión de El Salvador, sobre todo, por las condiciones que lo conforman, un creciente endeudamiento y serios desequilibrios.
El economista Manuel Hinds, explicó que más que una Ley de Responsabilidad Fiscal, que puede aprobarse con mayoría de votos y luego ser inaplicable, el desequilibrio en el que constantemente caen las finanzas públicas solo puede ser controlado con disciplina fiscal. "Hasta ahora el sistema ha funcionado: los de ARENA no les dan el dinero y entonces el gobierno no puede gastar. Es poner disciplina. Si se quiere disciplina de afuera, ahí está el Fondo (Monetario Internacional)", sostuvo Hinds.
En agosto de este año, la agencia calificadora de riesgos Moody’s Investors Service, bajó las calificaciones de emisor y de deuda de El Salvador desde Ba3 a B1, y colocó las calificaciones en revisión para una baja adicional. Así, advirtió que hay más riesgo en prestarle dinero a El Salvador.
Según la entidad, el principal factor detrás de la baja de calificación fue la falta de capacidad de las autoridades para detener la tendencia al alza de la deuda del gobierno, déficit fiscal alto y bajo crecimiento económico.
"Nuestro llamado(…) sería que pongamos el país primero. Que busquemos apartar nuestras diferencias partidistas, y que tengamos la voluntad para sentarnos en una negociación y en un diálogo sincero", manifestó el también vicepresidente de Grupo Calleja.
Diferentes tanques de pensamiento y expertos prevén que si el Gobierno salvadoreño no honra la deuda contraída por la emisión de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) el próximo 10 de octubre, el Estado caerá en impago, y esto traería serias consecuencias para la economía. Calleja dijo que "el impago, para mí, es un tema que genera preocupaciones. Somos de la opinión que el impago es algo que, si tenemos la madurez y voluntad política, se puede evitar". Pero aseguró que "para eso se necesita un diálogo y negociación".
Por su parte, Lorena Rubio, gerente general de Banco G&T Continental, aseveró que ante la incertidumbre de caer en impago, se tiene que estar atentos a las señales del mercado y el Gobierno juega un papel elemental para generar estabilidad económica. "Yo tengo la esperanza que las cosas van a cambiar y que tiene que ser para mejor. El país lo necesita; necesitamos generar más inversión, generar más confianza", manifestó.
Recordó que el sector financiero es el que más paga impuestos y, por consiguiente, se necesita incentivos para seguir otorgando créditos. "El costo se traslada a los clientes, y producto de los costos se ha venido reduciendo la rentabilidad del sistema", agregó.
Gobierno necesita US$178 millones para evitar impago en octubre
El gobierno de El Salvador necesita US$178 millones para cubrir el vencimiento de la deuda que tiene hasta octubre y así no caer en condición de impago (default) ante sus acreedores, indican las cifras del Ministerio de Hacienda.De acuerdo con los datos oficiales, el décimo mes de 2016, el Estado salvadoreño debe pagar US$85 millones en concepto de deuda adquirida a través de Letras del Tesoro (Letes), US$71,9 millones en intereses de Certificados de Inversión Previsional (CIP) y US$20,1 millones en Eurobonos.
En total, son US$178,1 millones los que el Gobierno debe pagar para evitar que el próximo 7 de octubre se convierta en un "viernes negro" para las finanzas públicas, como señaló el economista Rafael Lemus la semana pasada. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, reconoció en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que el país está en peligro de caer en "default" (impago) en la primera quincena de octubre, si no se emite una deuda para abonar, al menos, a los CIP con los que se pagan pensiones a los jubilados del antiguo sistema previsional.
El funcionario aseguró que la emisión de US$1.200 millones, que lleva entrampada en el congreso desde febrero pasado, podría solventar el problema de iliquidez que tiene el Ejecutivo para honrar su compromisos de corto plazo.
No obstante, Lemus destacó que, haciendo un análisis financiero del efectivo que se necesita de aquí a finales de año, la situación es aún más complicada para el país.
El economista señaló que entre octubre y diciembre, el Estado urge de financiamiento porque debe pagar US$1.040 millones en Letes (según datos a inicios de septiembre), los US$178,1 millones de vencimiento de deuda de octubre más US$282.1 millones de noviembre y diciembre- suponiendo que los Letes que vencen en los últimos tres meses del año se renueven (roll over).
Además requiere US$34 millones en subsidios a la energía eléctrica, unos US$50 millones del retraso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las municipalidades (Fodes) y más de US$300 millones en pago a proveedores, según la cifra que comentó el secretario de la presidencia, Eugenio Chicas. "Cuando se suman esos gastos, el total se va fácilmente a US$1.800 millones. Hay que tener claro que el tema de iliquidez es mucho más grande, esto solo para cerrar diciembre", insistió Lemus.
Una de las alternativas que el Estado tiene para no caer en impago es emitir más Letes, pues según la Ley de Presupuesto están a discreción del Ejecutivo. Sin embargo, Lemus recalcó que el margen de maniobra es poco pues el 30 % de los ingresos corrientes sigue siendo el límite de emisión de este recurso y ya que los vencimientos entre septiembre y diciembre suman US$369 millones, se excedería el límite por unos US$50 millones. Alcanzar el límite de emisión de Letes implicaría que el gobierno deba hacer una reforma a la ley de presupuesto de 2016 y cambiar el techo a una cifra mayor al 30%.
Pero, "esa es otra señal al mercado de que (el país) no solo tiene problemas de liquidez sino que tiene que estar modificando la regulación para relajarse en los límites actuales", apuntó Lemus.
Sin política de control
El economista Claudio de Rosa insistió, por su parte, que "no es falta de dinero, sino falta de racionalidad" y el mayor problema es la "grave violación a la Constitución". "El pago de la deuda , amortización e intereses se conocen desde que se adquirió la deuda (...) si el gobierno no puso ese gasto que sabía que existía, eso viola la constitución", denunció de Rosa.
El analista consideró que antes de aprobar cualquier emisión de financiamiento, como los US$1.200 millones, es necesario contar con una política fiscal que permita mayor control del gasto público y asegure el uso eficiente de los recursos. El exministro de Economía, Ricardo Esmahan, señaló que debe tomarse en cuenta que el "inseparable binomio entre economía y política, se agita cuando se percibe que existen ambigüedades en el rumbo", por eso, es preocupante "que quienes tienen la responsabilidad" de lograr un acuerdo "generen un clima discrepante innecesario" sobre qué hacer.
"Cuanto más nos tardemos en controlar el déficit fiscal, menos opciones vamos a encontrar. Y éstas van a ser más dolorosas para lograr la estabilidad", dijo Esmahan.
Según el analista, ningún país puede soportar un déficit de la dimensión de El Salvador, sobre todo, por las condiciones que lo conforman, un creciente endeudamiento y serios desequilibrios.
El economista Manuel Hinds, explicó que más que una Ley de Responsabilidad Fiscal, que puede aprobarse con mayoría de votos y luego ser inaplicable, el desequilibrio en el que constantemente caen las finanzas públicas solo puede ser controlado con disciplina fiscal. "Hasta ahora el sistema ha funcionado: los de ARENA no les dan el dinero y entonces el gobierno no puede gastar. Es poner disciplina. Si se quiere disciplina de afuera, ahí está el Fondo (Monetario Internacional)", sostuvo Hinds.
En agosto de este año, la agencia calificadora de riesgos Moody’s Investors Service, bajó las calificaciones de emisor y de deuda de El Salvador desde Ba3 a B1, y colocó las calificaciones en revisión para una baja adicional. Así, advirtió que hay más riesgo en prestarle dinero a El Salvador.
Según la entidad, el principal factor detrás de la baja de calificación fue la falta de capacidad de las autoridades para detener la tendencia al alza de la deuda del gobierno, déficit fiscal alto y bajo crecimiento económico.
