El Salvador: Tres de cada cuatro prestan dinero para terminar el mes

En El Salvador, tres de cada cuatro personas resienten la falta de dinero para cubrir sus gastos mensuales y recurren a préstamos para poder cubrirlos, según los datos preliminares de una encuesta encargada por el Banco Central de Reserva (BCR), con apoyo de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés), a la casa encuestadora CID Gallup.

El presidente del BCR, óscar Cabrera, recordó ayer que en el marco de su estrategia nacional de inclusión financiera se inició la Encuesta Nacional de Acceso a los Servicios Financieros 2016 que se ejecutó en los 14 departamentos del país con una muestra representativa de personas. Los resultados finales se darán a conocer en las próximas semanas, dijo.

"Las primeras estadísticas que nosotros tenemos es que solo el 23 % de la población está ahorrando en una institución financiera, el 73 % de la población aparece que le falta dinero al final del mes y solo un 26 % de la población dice llevar un registro de ingresos y gastos (presupuesto)", mencionó el funcionario. Cabrera también detalló que la encuesta "desmitifica" la idea de que la población recurre a las instituciones bancarias para financiarse cuando le hace falta dinero para cubrir sus gastos.

"Lo que hace es recurrir a préstamos en las redes de su familia, de sus amigos, no tanto a la industria bancaria formal, es por eso importante dotar de capacidades de educación financiera y mostrarle a la población que esto es perfecto para llegar al final de mes, pero que si tuviera una historia de acceso a cuentas de ahorro, la misma industria le diseñaría productos de crédito específicos", dijo.

ALCANCES

El presidente del BCR detalló que la encuesta que se presentará dará un panorama sobre la utilización de presupuestos en los hogares salvadoreños, así como los productos de crédito, seguros, ahorro previsional o servicios financieros digitales de los que hace uso la población, pues si bien se ofrecen estos servicios en algunas entidades, no existe certeza sobre su penetración real en el mercado.

Cabrera explicó que las primeras cifras reveladas por esta medición reflejan "el bajo conocimiento de la población en estos temas y el gran reto de generar productos únicos que hagan frente a las diversas necesidades financieras".

A partir de los resultados obtenidos en esta oportunidad, el Banco iniciará pronto, con el patrocinio de AFI, una encuesta nacional de capacidades financieras con representatividad nacional y departamental, con el fin de identificar las posibles mejoras que pueden implementarse en este tema.

Sumado a la ejecución de encuestas, la institución aseguró que cuenta con una estrategia de inclusión financiera que incluye la creación de productos financieros para segmentos que tradicionalmente no tenían acceso a la banca, como las personas de menores ingresos o las micro y pequeñas empresas que se incorporan con la ley de Inclusión Financiera (ver recuadro).

"Hay otros pilares que son ejes transversales que son el programa de educación financiera, el programa de empoderamiento de la mujer de la estrategia de inclusión financiera, y otros elementos como es crear una comisión nacional de inclusión financiera donde estén representados tanto el sector privado como el sector público", apuntó el presidente del BCR.

Ley de Inclusión Financiera crea cuentas simplificadas

En 2015, la Asamblea Legislativa avaló la nueva ley de Inclusión Financiera para el país, con la que se prevé incluir a más personas dentro del sector formal de la banca, una labor complementada por un componente de educación financiera que permita el uso adecuado de los recursos a los que la población tenga acceso.

Entre las innovaciones de esta ley se encuentra la creación de dos nuevos productos: El primero es el nacimiento de las cuentas simplificadas de ahorro, similares a las cuentas comunes de ahorro que ofrece la banca, con la diferencia de presentar menos requisitos para las personas interesadas en tener una.

Asimismo, gracias a esta ley se promoverá el uso del dinero electrónico para efectuar pago de bienes y servicios y otro tipo de transacciones en el país. Para ello, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) debe autorizar la operación de proveedores de dinero electrónico.