'Fecaica manifiesta su preocupación por la falta de información y por consiguiente falta de transparencia con la que se ha conducido el caso de la expropiación de la planta de gas licuado del Grupo Tomza en Nicaragua', indicó la patronal industrial regional, en una declaración.
La organización, que agrupa a más de 7.200 empresas industriales de la región, señaló que el caso contra Tomza inició en 2016 y concluyó en 2020, sin que sus dueños fueran informados con claridad.
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Dicha acción 'pone de manifiesto la falta de claridad en el proceder del Gobierno de Nicaragua, quienes a finales del año pasado (noviembre) hicieron el traspaso de la propiedad a su nombre, sin haber notificado al Grupo Tomza'.
El director de Relaciones Corporativas de Tomza Centroamérica, Fernando Carreón, aseguró a la Agencia Efe en Guatemala que la expropiación se dio formalmente en noviembre de 2020 de manera 'silenciosa', sin haber recibido comunicación alguna de las autoridades.
No fue hasta el 15 de marzo pasado que Tomza se enteró de la expropiación, cuando fue informada de que los portones del terreno que habían adquirido en 2015 'estaban pintados de verde, el color que utiliza Petronic', la empresa estatal nicaragüense.
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Según el relato de Carreón, Tomza, dueña de la empresa Tropigas, fue autorizada a iniciar construcciones en Nicaragua en 2015. Ese año compró un terreno en el municipio de Tipitapa, a 30 kilómetros de Managua, y comenzó la construcción.
'(Pero) el 7 de junio de 2016, cuando la construcción iba en 92 % de avance, nos notifican la cancelación del permiso por parte del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y enseguida nos sacan de la propiedad, que queda resguardada por la Procuraduría General de la Nación', narró.
Carreón afirmó que Tomza no estaba 'haciendo nada diferente al resto de empresas' de gas y esgrimió que cuando los sacaron del terreno contaban con 85 trabajadores en el área de construcción y capacitación y su meta era contratar a 235 empleados, 'pero ya no se concretó esa oportunidad'.
El Gobierno de Nicaragua ha guardado silencio sobre esa denuncia.
'Ante este tipo de situación, en la que se muestra la falta de información por parte del Gobierno, causa un ambiente de inseguridad jurídica, lo que se expresa en el irrespeto y amenaza hacia la propiedad privada', advirtió Fecaica. 'Estas acciones ahuyentan las inversiones en el país y en la región, causando temor de ser víctimas de futuras acciones arbitrarias', sostuvo.
El organismo llamó al Gobierno de Nicaragua 'para que se pronuncie formalmente' sobre el caso, y a que 'garantice el debido proceso y la aplicación de ley, que conlleve a la certeza jurídica para legitimar la protección de la inversión extranjera, la libre empresa y la propiedad privada.
Actualmente Nicaragua atraviesa una profunda crisis social, política, de derechos humanos y económica, derivada de un conflicto interno que prevalece desde abril de 2018, y que fue acentuado en 2020 con la pandemia de covid-19 y el impacto de los huracanes Eta e Iota.
La crisis sociopolítica de 2018 causó un rompimiento de relaciones entre el sector privado de Nicaragua y el Gobierno, luego que el Ejecutivo neutralizara a la fuerza las manifestaciones, que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos.
