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Guatemala: Tahoe Resources, casa matriz de Minera San Rafael, sería adquirida por Pan American Silver

La compañía minera Pan American Silver anunció este miércoles su intención de adquirir Tahoe Resources, firma que la propietaria de la Minera San Rafael (MSR).

2018-11-15

Por Prensa Libre

Tahoe Resources y Pan American Silver hicieron público el interés mientras que MSR lo divulgó en Guatemala mediante un comunicado. Sin embargo, aún falta que los accionistas de ambas compañías estén de acuerdo por lo que la fusión de completará en enero del 2019, se agregó.

Pan American es la segunda compañía más grande del mundo de minas de plata con operaciones en México, Perú, Bolivia y Argentina.

Además "cuenta con más de 25 años de experiencia operando minas en Latinoamérica, y cuenta con un récord comprobable de operaciones responsables, y relaciones positivas con comunidades y gobiernos" agregó el boletín.

La decisión se ha tomado basados en continuar fortaleciendo la estabilidad de la Mina El Escobal, de la cual es propietaria Minera San Rafael.

Además, se tiene la confianza de continuar creando valor en el largo plazo tanto en las comunidades, colaboradores, accionistas y en el país, agrega la minera.

A pesar del anuncio de esta transacción, e el futuro inmediato no se esperan cambios en la operación de Minera San Rafael en Guatemala.

La compañía anunció que continuará apoyando y participando el proceso de consulta con base al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el área de influencia de El Escobal.

La consulta fue ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) y la debe efectuar el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La minera en Guatemala continuará con su plan del fortalecimiento comunitario y la resolución pacífica en Casillas, Santa Rosa.

Además, anunciaron que seguirán con las gestiones ambientales y programas de desarrollo en preparación para el reinició de operaciones en El Escobal una vez se complete el proceso de consulta, añadió Minera San Rafael.

"Pan American tiene la intención de apoyar los compromisos adquiridos por la Minera San Rafael en relación al proceso de consulta" así como los esfuerzos actuales así como todos los esfuerzos necesarios para fortalecer las relaciones y confianza que permitan el reinicio en El Escobal.

Datos del caso
Al 14 de noviembre la minera lleva 497 días sin operar, desde la suspensión ordenada el 5 de julio del 2017.
Las pérdidas en la economía son de Q5.1 millones diarios, que llegan a Q2 mil 534.7 millones a la fecha en mención.
De ese monto, alrededor de Q550 millones corresponden a impuestos y regalías, según datos recientes de la empresa
Minera San Rafael es propiedad de la firma canadiense Tahoe Resources, pero el 58% de las acciones corresponde a inversionistas estadounidenses.
Según el vocero de la empresa, Andrés Dávila, el impacto a Tahoe es que se ha perdido más de la mitad del valor de la empresa debido a ese caso. Las acciones pasaron de cotizarse en casi los US$27 a US$2.5, ejemplificó.
La consulta
La CC ordenó el 3 de septiembre del 2018 que "de inmediato" se lleve a cabo una consulta a las comunidades indígenas cercanas a la Mina San Rafael para que esta pueda seguir operando.

Sin embargo, pidió antes una serie de informes y estudios a entidades ambientales y de protección del patrimonio y de la salud. Entre estos revisar el área de influencia del proyecto El Escobal.

El Parlamento Xinca, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y representantes de proveedores de la minera solicitaron a la CC aclaraciones y ampliaciones en el caso. El MEM debe empezar a preparar el proceso de preconsulta y posterior consulta.

Esa Corte decidió no establecer un plazo específico para que se efectúe la consulta a los pueblos indígenas.

Mientras que la minera y los proveedores esperaban un plazo, Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca, expuso que no se puede fijar un plazo, porque hay ejemplos en el derecho comparado internacional de que esos procesos son dinámicos y añadió que según estándares internacionales el Estado no puede presionar a los pueblos indígenas, sino que tiene que respetar sus tiempos y procedimientos.

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