La medida de fuerza fue formalmente levantada el miércoles por la noche, y si bien el jueves era menos intensa, aún se registraban cerca de 90 bloqueos en siete estados, según datos de la policía federal.
La huelga ya lleva más de una semana y fue realizada para forzar un alza en el precio de los fletes y buscar un congelamiento del costo de combustibles. Su extensión generó problemas para circular en buena parte del territorio brasileño y dificultó el acceso a los principales puertos del país.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, advirtió en una rueda de prensa que quienes sigan impidiendo el paso en las carreteras enfrentarán sanciones penales y multas de entre 5.000 y 10.000 reales (entre US$1.785 y US$3.570) por cada hora que mantengan el tránsito cerrado.
En la jornada previa, tribunales de distintos estados ordenaron la liberación de las rutas, que según detalló el funcionario, causaron problemas de abastecimiento de medicamentos, alimentos y combustibles.
'Se van a abrir investigaciones para determinar cualquier ilícito que se esté cometiendo (...) Pedí a la policía federal que priorice esos procedimientos', señaló Cardozo, para quien los que no cumplan la orden 'pagarán con su patrimonio, y si practicaron crímenes, pagarán en la forma de sanciones penales'.
Paulo Estausia, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de Transporte, dijo a la AFP que la huelga había sido levantada en casi todo el país 'pero en Rio Grande do Sul y Santa Catarina (sur) siguen focos. El representante de varios sindicatos de esa región se retiró ayer de la reunión porque no estaba de acuerdo con los puntos, por lo que la movilización continúa en esa región'.
La propuesta del gobierno de la izquierdista Dilma Rousseff incluyó sancionar una ley que contempla mejoras para la actividad, y la suspensión por un año del pago de los préstamos realizados a autónomos y pequeños empresarios por el Banco Nacional de Desarrollo para la adquisición de camiones.
El poder ejecutivo también llevó a la mesa de negociación un sistema para actualizar los precios de los fletes, retrasados con respecto a la inflación, según los huelguistas, al tiempo que Petrobras se comprometió a no elevar el precio del diésel en los próximos seis meses.
