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Fecha de publicación: 2017-01-04

Ecuador: La Justicia prohíbe contratar a Odebrecht

La empresa brasileña es investigada en Ecuador por la supuesta entrega de US$33,5 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos. La empresa construye la segunda fase del metro de Quito por US$1.538 millones.

Por AFP

La justicia de Ecuador prohibió al Estado contratar "temporalmente" con la empresa brasileña Odebrecht, mientras dura una investigación por supuestos sobornos en ese país, informó este martes el fiscal general Galo Chiriboga.

"Por pedido de Fiscalía, como un acto urgente, Juez de Pichincha resolvió que instituciones se abstengan de celebrar contratos con #Odebrecht", escribió Chiriboga en su cuenta de Twitter.

La empresa brasileña es investigada en Ecuador por la supuesta entrega de 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos.

El fiscal agregó que "durante investigación de contratos de Odebrecht en Ecuador, las instituciones estatales no podrán, temporalmente, contratar con esa empresa".

El único contrato vigente que tiene Odebrecht en Ecuador -según el gobierno- es la construcción de la segunda fase del metro de Quito por 1.538 millones de dólares.

Aunque el gobierno ecuatoriano señaló que no aceptará "sin pruebas" las versiones de funcionarios de Odebrecht sobre las coimas, pidió una investigación abierta del caso, tras lo cual se allanaron las oficinas de la empresa en la ciudad de Guayaquil (suroeste).

Además, Chiriboga pidió asistencia penal a Estados Unidos, Suiza y Brasil para profundizar en las indagaciones del caso.

El presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007, expulsó a la firma brasileña en 2008 por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. La medida generó la reacción de Brasilia, que llamó a consultas a su embajador entre noviembre de 2008 y enero de 2009.

Tras un acuerdo, Odebrecht retornó en 2010 a Ecuador, donde de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos la firma pagó, entre 2007 y 2016, unos 33,5 millones de dólares a funcionarios y encontró problemas con la aprobación de proyectos en 2007 y 2008.

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