La ley sobre los contratos de trabajo, adoptada en 2007 para limitar la capacidad de las empresas a despedir trabajadores, acabó siendo contraproducente porque bloquea el acceso al mercado laboral de los jóvenes trabajadores, afirmó el ministro, Lou Jiwei.
Los comentarios de Lou, formulados al margen de la Asamblea Nacional Popular (ANP, el Parlamento chino), se inscriben en un debate de alcance mundial entre quienes preconizan una flexibilización de las leyes para facilitar la contratación y quienes defienden los derechos laborales existentes.
El sistema comunista chino garantizaba hasta los años 80 empleo, vivienda y cobertura de salud a millones de trabajadores de sus instituciones y empresas urbanas.
Las reformas impulsadas desde entonces -con el nombre de 'socialismo con características chinas'- generaron un rápido crecimiento económico, pero muchas ramas productivas -principalmente en el sector estatal- siguen sufriendo de un exceso de mano y de inadaptación al mercado.
Lou subrayó que 'el objetivo inicial' de la ley de 2007 era 'proteger a los trabajadores, pero al final terminó perjudicando los intereses de muchos de ellos'. Además, agregó, esa legislación 'puede provocar un alza rápida de los salarios' y llevar a empresas a deslocalizar su producción en países con menores costos productivos.
'¿Quiénes resultan perjudicados al final? Los trabajadores', pues esa situación 'reduce las oportunidades de empleo', proclamó el ministro.
Lou se abstuvo de preconizar reformas específicas, limitándose a decir que su ministerio 'debe señalar los problemas que ve, porque estos tienen un impacto en la economía en su conjunto'.
Nuevas reestructuraciones en vista
China, segunda economía mundial, se halla en fase de desaceleración y busca orientar su modelo de crecimiento hacia el desarrollo de consumo interno, los servicios y las nuevas tecnologías, en detrimento de la inversión y las exportaciones. Una de sus principales prioridades es reducir su exceso de capacidad productiva en sectores como la siderurgia y el carbón.
Pero esos proyectos generaron preocupaciones por su impacto social, a imagen de lo ocurrido en los años 90, cuando una ola de cierre de miles de empresas estatales suprimió más de 30 millones de empleos.
El primer ministro Li Keqiang prometió el sábado, al inaugurar la sesión anual de la ANP, 'una solución rápida' para las sociedades las rentables, las firmas 'zombis', y absorber las capacidades excedentarias de producción mediante fusiones y liquidaciones de empresas.
El ministerio de Recursos Humanos indicó en febrero que cerca de 1,3 millones de puestos de trabajo vinculados a la extracción de carbón y 500.000 en el del acero deberían desaparecer, aunque no precisó en qué plazos.
Li Keqiang prometió el sábado desbloquear 100.000 millones de yuanes (US$15.000 millones) en los próximos dos años para amortiguar el impacto social de esas reestructuraciones.
El mantenimiento de la estabilidad social es una prioridad constante del PCC.
En 2015, el PIB chino creció un 6,9%, su ritmo más bajo en un cuarto de siglo.
