El gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega desde 2007, se ha hecho merecedor de premios, reconocimientos y espaldarazos por parte de organismos multilaterales, del sistema de Naciones Unidas y hasta de gobiernos, por sus logros en materia de reducción de muertes maternas, disminución de analfabetismo, impactos contra la pobreza o por la transformación de la matriz energética, entre otros temas.
Sin embargo, asimismo, el gobierno nicaragüense ha sido interpelado en el banquillo de los acusados en instancias internacionales por violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de movilización en el país, por poner en riesgo el mayor reservorio de agua con la concesión canalera al empresario chino Wang Jing y, sobre todo, por no garantizar unas elecciones libres y transparentes en 2016.
El pasado 16 de marzo, representantes de 11 organizaciones y de movimientos sociales nicaragüenses asistieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., para denunciar la construcción del canal transoceánico y su impacto sobre los derechos humanos en Nicaragua.
Uno de los expositores fue Luis Carlos Boub, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y acompañante de las organizaciones y movimientos sociales nicaragüenses. "…venimos a denunciar múltiples violaciones a derechos humanos y a exponer nuestras preocupaciones relativas a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua", expuso durante su presentación oral.
Boub agregó que la concesión canalera incluye más de diez megaproyectos sobre los cuales un solo concesionario tiene derechos exclusivos de "desarrollo" y "operación" potencialmente por más de 116 años.
"Esta otorga derechos irrestrictos sobre recursos naturales tales como tierra, bosques, islas, aire, aguas superficiales y subterráneas, espacio marítimo y otros recursos adicionales que se pudieran considerar pertinentes en cualquier parte del país", agregó el jurista.
A su presentación siguieron otras, denunciando la irregularidad en la concesión, la falta de consulta popular, las violaciones a la Constitución, al marco jurídico nacional y a tratados internacionales, los daños sociales y medioambientales, la afectación a miles de pobladores incluyendo pueblos indígenas con lenguas amenazadas, represión social y policial y, finalmente, persecución del Estado contra líderes y movimientos opositores al proyecto canalero.
Dos meses después, al mismo Luis Carlos Boub, representante del Cejil, las autoridades migratorias del aeropuerto internacional Augusto C. Sandino le impidieron entrar a Nicaragua, atribuyéndole inicialmente denuncias por "narcotráfico". El jurista, junto a una colega, fue expulsado en otro vuelo comercial.
"Cejil lamenta este acontecimiento y espera que el mismo sea un hecho aislado que será debidamente investigado. Una vez esclarecido lo ocurrido, se espera que en forma pronta el Estado nicaragüense realice públicamente un pedido de disculpas y que tome las acciones necesarias para permitir que el abogado Boub y Cejil continúen realizando la labor de defensa de los derechos humanos en dicho país", señaló el organismo a través de un comunicado oficial.
Sin embargo, no se produjo ninguna investigación oficial sobre este incidente de relevancia internacional y menos aún, una disculpa gubernamental. Por tanto, la expulsión de Boub se une a la de otros ciudadanos foráneos, entre ellos corresponsales de prensa extranjera que son sacados a la fuerza sin cumplir con lo establecido en las leyes del país.
En materia de derechos humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), denunció en su Informe Anual 2014 que las amenazas, hostigamientos, espionaje, agresiones físicas, criminalización y judicialización, fueron la tendencia hacia los periodistas y los defensores de derechos humanos desde las más altas esferas del Estado.
"Son actos que están dirigidos a causar temor generalizado, a silenciar las denuncias, como parte de la estrategia de dominio que ejerce el gobierno del presidente Ortega para acallar el reclamo social, someter a la población y provocar aislamiento de los defensores y defensoras de derechos humanos con la ciudadanía", señaló el Cenidh en su Informe Anual 2014.
El Cenidh insiste en que el gobierno de Ortega ha establecido el clima del miedo como arma política, orientada a generar inseguridad y desprotección de la población, sobre todo a las víctimas de violación de derechos humanos, alimentando la impunidad e impidiendo la plena realización del estado de derecho.
Agenda política no preocupa a la población
Sin embargo, hay que apuntar que todas las encuestas de opinión confirman que la problemática política está distante de la agenda y las preocupaciones de la mayoría de los nicaragüenses. En la última encuesta realizada por la firma M&R Consultores y presentada en julio de este año, se destaca que el 72,4% de los nicaragüenses identifica que los problemas económicos están a la cabeza de la problemática del país, luego los sociales (23,2%) y los políticos (4,5%).
"Lo que está apretando y agobiando a la población son los problemas económicos", afirmó Raúl Obregón, propietario de M&R Consultores. Entre estos señaló el desempleo (28,5%), incremento de precios (21,1%) y pobreza (20,6%).
Otro de los hallazgos de la última encuesta de M&R refiere que el 42,1% de los encuestados califica de "Mal" la situación económica del país, cifra que ha venido en aumento desde diciembre de 2012 cuando la marcaban 18,3% de los encuestados. Sin embargo, 32,5% la califica de "Regular" y 23,5% como "Bien".
Pero, al evaluar la situación económica familiar en el último año, el 43% la calificó de "Igual", 35,3% de "Mejor" y 21,5% de "Peor". Al respecto, Obregón valoró que hay una calificación mejor que a nivel de país y que en esta percepción positiva pueden estar funcionando como "amortiguadores" en la economía familiar, las remesas y los programas sociales que impulsa el gobierno de Ortega, apoyándose en la cooperación proveniente de Venezuela.
El año pasado, según cifras del Banco Central de Nicaragua, esta sumó US$619 millones entre préstamos e inversión extranjera directa. Con una parte de esos fondos, el gobierno subsidia el transporte público, la tarifa eléctrica a quienes consumen menos de 150 kWh al mes, y varios programas asistencialistas.
El impacto de esos programas sociales, precisamente, es una de las razones por las cuales, según Obregón, los nicaragüenses apoyan mayoritariamente la gestión de Ortega. De acuerdo con la encuesta realizada entre el 19 de junio al 2 de julio de 2015, el 70,2% aprueba la gestión y 21,4% la desaprueba. Asimismo, 71,2% valora que la conducción del país va en la dirección correcta y 14,3% en la dirección equivocada.
Por otra parte, 47,8% relaciona democracia con vivir en paz y vivir en libertad y 17,8% con expresarse libremente. No obstante, 62,9% de los encuestados considera que le falta algo a la democracia nicaragüense y al ahondar más sobre ese hallazgo, 33,1% se pronuncia por más participación ciudadana y 23,9% por reducir la corrupción.
Mauricio Díaz, diputado opositor ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), rechaza que Nicaragua se desarrolle bajo un sistema democrático, ya que con Daniel Ortega se acabaron los contrapesos institucionales y todos los poderes del Estado se han supeditado ciegamente a la ambición política del mandatario, destruyendo el orden constitucional y retrocediendo una vez más a la confusión Estado-partido. Además, incluye al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional.
"Lo que impera ahora en Nicaragua es una especie de monarquía, mejor dicho un sultanato, un gobierno autoritario que acabó con la institucionalidad del país", se quejó Díaz.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, integrada por los principales líderes de la Iglesia Católica, se mostró preocupada por el rumbo que lleva el país y por su conducción, en su último mensaje con motivo de la Cuaresma 2015: "… es grave también que la práctica política del país siga dominada por el olvido del bien común, la ambición, el autoritarismo, la ilegalidad y sobre todo por la corrupción, un gravísimo pecado, ‘que al final lo pagan los pobres’ (Francisco, Homilía del 16.6.14)", refiere el mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
Y agrega: "… es alarmante también la poca sensibilidad de quienes gobiernan y de la sociedad en general ante la protesta y el dolor de tantas personas, entre ellos, ancianos, obreros, mujeres, jóvenes y campesinos, quienes claman justicia ante la violación de sus derechos".
El pasado 27 de julio, representantes de organizaciones y movimientos sociales y políticos del país enviaron una misiva a Luis Almagro, nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), exhortándolo a estimular al gobierno nicaragüense a ejecutar y poner en marcha las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que acompañó el proceso electoral de 2011, de cara a nuevas elecciones generales en noviembre de 2016.
"Es esencial a la paz y estabilidad política de Nicaragua que cada ciudadano y ciudadana tenga la certeza de que puede participar en igualdad de condiciones en el proceso electoral, sin discriminación de ninguna especia, que su voto será contado escrupulosamente y que los resultados que se publiquen reflejen nítidamente la voluntad popular", señalan en la misiva.
Recuerdan que la misión de observación electoral de la OEA en 2011 formuló una serie de observaciones, que "contienen un conjunto de valiosas recomendaciones que consideramos de ejecución indispensable para asegurar transparencia, limpieza y legitimidad del proceso electoral", que se avecina.
Sin embargo, esas recomendaciones no se aprobaron, ni se pusieron en práctica, pese a que se formularon cuatro años atrás. Tampoco se implementaron las recomendaciones de la Misión de Observación de la Unión Europea. Mas bien las reglas del juego electoral han ido reformándose no en favor de la institución, sino del control partidario que ejerce Ortega en ese poder del Estado.
El Poder Electoral -Consejo Supremo Electoral (CSE)- es la institución pública peor calificada en el país y esta percepción se ratificó una vez más en la última encuesta de M&R Consultores, ya que 49% de los entrevistados asegura confiar en ella, mientras 44,1% afirma que no. Por tanto, el saldo positivo es de apenas 5%.
Según la misma encuesta, el 54,2% apoya las demandas sociales de que se realicen cambios en el sistema electoral para garantizar elecciones transparentes. Esto incluye a 45% de simpatizantes sandinistas. Sin embargo, las estructuras del Poder Electoral más bien se han venido fortaleciendo como un bastión del partido gobernante.
La oposición política, acompañada de organizaciones y movimientos sociales, ha impulsado este año los "miércoles de protesta" en la capital nicaragüense a favor de elecciones libres, justas y transparentes. Estas protestas han venido extendiéndose a otros departamentos del país, sin embargo no son masivas por la represión ejercida por la Policía Nacional incluso contra diputados y por la política del miedo que ha impuesto el partido gobernante y sus simpatizantes en protestas anteriores. En la última, un pistolero vinculado al sandinismo disparó su arma contra críticos del Poder Electoral.
El 11 de agosto del presente año, el diputado opositor Eduardo Montealegre giró una misiva al presidente del órgano legislativo, René Núñez, expresándole preocupación por la crisis institucional que predomina en Nicaragua debida al accionar de Ortega y advirtiéndole que constituye una amenaza a la sostenibilidad económica: "... estamos haciendo a través suyo un firme y vehemente llamado a la responsabilidad al partido que representa, para que no continúe llevando a Nicaragua al camino del autoritarismo y la privación de derechos a parte de los ciudadanos y permita que los nicaragüenses elijamos libremente a nuestros gobernantes, lo cual es el primer paso para garantizar la paz social y los incipientes logros económicos y sociales que hemos alcanzado como sociedad", cita la carta del dirigente opositor.
Impacto de 25 años de paz
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), insistió al comentar los hallazgos de la encuesta de M&R Consultores, que por primera vez en su historia, Nicaragua ha tenido 25 años de paz, lo que ha redundado en desarrollo económico e inversiones extranjeras directas, entre otras.
Al respecto, recordó que en 1990, tras el conflicto armado de los años 80, el país apenas exportaba US$300 millones, mientras en 2014 sumaron más de US$5.400 millones incluyendo exportaciones tradicionales y zonas francas, de acuerdo con cifras del BCN.
"Hoy tenemos un país que económicamente ha dado un giro, gracias a 25 años de paz y de estabilidad", insistió el presidente de Cosep, la principal organización gremial empresarial que ha apostado al diálogo bilateral con el gobierno a partir de 2010 y que goza del apoyo del 78,1% de los encuestados.
El gobierno de Ortega se define a sí mismo como "socialista, cristiano y solidario", y ha promovido que el país camine hacia un modelo de Socialismo del Siglo XXI como su aliado Venezuela, sin embargo la gran mayoría de la población está a favor de un modelo de libre mercado, que descanse en el motor del sector privado y de las inversiones extranjeras.
Asimismo, de acuerdo con la encuesta de M&R Consultores, el 64,1% apoya la demanda del sector empresarial de reformar la Ley Electoral y restituir la credibilidad a los procesos electorales en Nicaragua.
"Vamos a entrar en un año complejo", enfatizó Aguerri, "debemos asegurar un proceso electoral lo más transparente posible, que lleguen también las cédulas a la gente, que haya observación electoral nacional e internacional, y que no se vea comprometida la estabilidad y el desarrollo económico".
impacto del canal
En la audiencia ante la CIDH, celebrada en marzo pasado, Henry Ruiz, miembro del movimiento denominado "Consejo nacional por la defensa de nuestras tierras, lago y soberanía", integrado por pobladores afectados por la potencial ruta canalera, aseguró que a esa fecha se habían realizado 37 movilizaciones en contra de la concesión otorgada al empresario Wang Jing, demandando la derogación de la Ley 840.
Ruiz asimismo denunció la represión policial y las detenciones arbitrarias que sufrieron campesinos de los municipios de Tule y de Rivas, en vísperas de la Navidad de 2014, cuando protestaban contra los trabajos iniciales del proyecto del Gran Canal de Nicaragua. El saldo: más de 70 pobladores heridos y decenas de detenidos.
"Nosotros hemos sido sometidos a un proceso de intimidación y represión por parte de los cuerpos armados del Estado, por ejercer nuestro derecho a la protesta contra este proyecto", dijo Ruiz.
Según el estudio titulado "Efectos socioeconómicos del Canal Interoceánico a nivel municipal", realizado a inicios del 2015 por la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), el proyecto del Gran Canal y los subproyectos del mismo afectará a unos 119.298 habitantes, quienes serían forzados a emigrar.
La Ley 840, que otorga la concesión canalera a la empresa HKND, de Wang Jing, establece que cualquier propiedad privada o comunitaria se declarará de utilidad pública, se expropiará y se pagará al valor catastral.
Según Mónica López Baltodano, directora ejecutiva del organismo Popol Na y asesora del Consejo Nacional por la Defensa de nuestras Tierras, Lago y Soberanía, ese valor catastral corresponderá a 2013.
"Hay una preocupación legítima de pobladores y campesinos ubicados a lo largo de la ruta, porque otorga derechos sobre todos los recursos naturales por más de 116 años, aunque no se realice el canal. Es una especie de cheque en blanco en contra de miles de pobladores", dijo la jurista en un programa televisivo.
Según la encuesta de M&R Consultores, el país está dividido frente al proyecto del Gran Canal ya que 59,8% de los nicaragüense lo aprueba, mientras el resto lo rechaza. Quienes lo rechazan aducen que es porque causará daños al ambiente y porque perjudicará a la población.
Y, sobre la ruta definida de 279 kilómetros, cabe señalar, la aprobación se reduce a solo 45,3%.
