La intervención estará a cargo del abogado Alexander Aizenstatd, luego de que un juez de extinción de dominio a solicitud de la Fiscalía aprobara esa 'medida cautelar' por la investigación abierta, anunció en rueda de prensa el presidente guatemalteco Jimmy Morales.
Lea también: Guatemala: Así llegaron millones de dólares de sobornos a la casa presidencial
En abril pasado la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de la ONU que apoya al sistema judicial, revelaron que Pérez aprobó mediante procesos ilícitos el contrato de usufructo entre la estatal Empresa Portuaria Quetzal (Pacífico) y TCQ, subsidiaria de la española Terminal de Contenedores Bercelona. Por los señalamientos, el juez Miguel ángel Gálvez ordenó investigar a Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, presos desde el año pasado señalados como cabecillas de una banda de defraudación fiscal aduanera denominada La Línea.
El contrato portuario, por 25 años de concesión, se firmó el 4 de abril de 2012 en medio de señalamientos de irregularidades y contemplaba una comisión de US$30 millones para los gestores nacionales e internacionales, incluidos los exgobernantes.
Debido a las anormalidades en el proceso de usufructo, el presidente Morales días después de reveladas las investigaciones giró instrucciones a la Procuraduría General de la Nación para iniciar el proceso para anular el contrato, de una inversión de al menos US$255 millones.
