El auditor de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Rolando de Jesús Oliva Alonzo, asumió la tarde de este jueves el control de Aceros de Guatemala, horas después de que el Juzgado Séptimo Penal firmara la medida contra la empresa procesada por intentar desviar la atención hacia proveedores inexistentes en un caso de defraudación por Q255 millones (US$33 millones).
La Fiscal General aseguró que el interventor será, a su vez, supervisado por el MP, PGN y SAT.
El interventor tendrá el control de la empresa y ningún movimiento de dinero podrá hacerse sin su consentimiento.
Tampoco puede facilitar información de la situación fiscal de la firma.
El objetivo primordial del nombramiento es asegurar el monto de los impuestos defraudados, para evitar que el capital de la empresa salga del país o sea trasladado a otras, afirmó el fiscal de Delitos Económicos, Andrei González.
"Las cuentas no se embargan, pues el control lo tendrá el interventor, y no queremos interferir en el funcionamiento de la compañía. Con la medida se asegura el dinero de esas cuentas, y pueden seguir operando con normalidad", agregó González.
La intervención durará hasta que finalice el proceso penal, agregó el fiscal.
'Tenemos un caso sólido de defraudación', dijo este jueves el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa.
El Juzgado accedió al arraigo contra los socios mayoritarios José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdez Gómez, y el representante legal Pedro José Paiz Valdez, detalló Solórzano.
