De acuerdo con la organización, en 2008 murieron 19 personas por la llamada 'justicia popular' y 138 fueron lesionadas, mientras que entre enero y setiembre de 2015 la cifra de fallecidos aumentó a 44.
El estudio del GAM, un organismo creado durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996) para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, indica que en 2013 hubo 53 personas muertas a manos de turbas enardecidas, el más alto del período estudiado.
'Se ha llegado a tales niveles de desesperación por parte de la población que en algunos hechos criminales (linchamientos) han participado personas con nivel académico universitario o personas que no han estudiado. Se han realizado en municipios con población indígena y en la Ciudad de Guatemala', precisó el estudio.
Uno de los últimos casos ocurrió el pasado 11 de octubre cuando una comunidad furiosa linchó y quemó a Basilio Juracán, alcalde del municipio indígena de Concepción, en el departamento occidental de Sololá.
El alcalde fue acusado por la turba de ordenar el ataque armado contra el político rival Lorenzo Sequec, quien resultó herido mientras que su hija y sobrina adolescentes murieron.
El GAM señaló que los linchamientos ocurren por la desconfianza de la población hacia las instituciones de seguridad y justicia que actúan con debilidad ante los hechos criminales.
La entidad humanitaria refirió que un linchamiento 'es una actitud delictiva' que no justifica el castigo a un crimen, pero consideró que 'es un claro mensaje por parte de la población hacia el Estado' para atacar la impunidad.
El estudio indicó que los casos de linchamiento en los ocho años contados han ocurrido principalmente en los departamentos de Guatemala (centro), Chimaltenango, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché (oeste), El Progreso (este), Santa Rosa (sur) y Alta Verapaz (norte).
