Autoridades guatemaltecas, encabezadas por el Ministerio Público (fiscalía), lanzaron este viernes una ofensiva judicial y una estrategia digital para denuncias dirigidas a frenar las extorsiones de las pandillas que afectan a comerciantes y transportistas.
La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que la ofensiva contempla la ampliación de una fiscalía especial para investigar las extorsiones, un plan nacional para mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia para atacar a las pandillas, sobre todo a las temidas Mara 18 y Mara Salvatrucha.
El plan destaca el lanzamiento de una aplicación para teléfonos inteligentes que permitirá denunciar la exigencia de pago de 'impuesto' pandillero y alertará al usuario si la llamada que recibe proviene de un número reportado como origen de extorsiones.
'El delito de la extorsión ha ocasionado en las personas y sus familias daños irreversibles. El fenómeno de extorsión permite un lucro injusto con violencia o bajo amenaza que deja a la población en estado de indefensión', comentó Aldana al presentar el proyecto.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, de los 22 millones de teléfonos celulares que funcionan en Guatemala, unos 10.000 son utilizados para cometer extorsiones.
En este plan contra las extorsiones, las autoridades contarán con el apoyo de la agencia policial estadounidense FBI y entidades de Honduras y El Salvador, debido a que el problema afecta también a esos países, señalaron los encargados de la ofensiva.
Entre 2013 y 2015, el Ministerio Público ha recibido 17.382 denuncias por extorsiones, principalmente de empresarios del transporte público y comerciantes.
Según datos oficiales, la mayor incidencia de extorsiones ocurren en los departamentos de Guatemala (centro), Quetzaltenango, Huehuetenenago, Chimaltenango (oeste), Escuintla, Suchitepéquez (sur) y Alta Verapaz (norte).
Guatemala sufre una ola de criminalidad que las autoridades atribuyen a grupos criminales, la rivalidad entre las pandillas y al narcotráfico.
Un informe de las Naciones Unidas de 2012 coloca a Guatemala como uno de los países más violentos de Latinoamérica, con una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes.
