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Fecha de publicación: 2017-02-24

Thelma Aldana, la fuerza detrás de la ley en Guatemala

La medida de arresto domiciliario dictada este miércoles en beneficio de Samuel Morales y José Manuel Morales —hermano e hijo respectivamente del presidente de Guatemala— es el más reciente capítulo de las consecuencias judiciales del caso Botín Registro de la Propiedad, uno de los más recientes que ha escandalizado a la opinión pública del país centroamericano, cuyas investigaciones han sido lideradas por la fiscal del Ministerio Público, Thelma Aldana.

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Por CNN Español

El caso debe su nombre por la operación, en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), destinada a perseguir los faltantes de fondos provocados al Estado guatemalteco a través de la Registraduría General de la Propiedad, “por medio de la simulación de eventos” que nunca se hicieron.

Los familiares del mandatario permanecieron 34 días en prisión preventiva tras ser acusados de fraude el pasado 18 de enero. Ambos fueron detenidos por el caso Botín Registro Propiedad, un caso de corrupción según el cual se sustraían fondos del Estado guatemalteco (específicamente a través de la Registraduría General de la Propiedad).

Al salir del juzgado que lleva el proceso, Samuel Morales dijo que "confía en la justicia y que la verdad los hará libres". En el caso de José Manuel Morales no habló con los medios de comunicación y su defensa se niega a brindar declaraciones según indica en resguardo a la integridad de su patrocinado.

En los últimos años, el nombre de la fiscal general Aldana se ha asociado con una férrea lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Esta abogada de 61 años y egresada en 1982 del Centro Universitario de Occidente en Quetzaltenango de la Universidad de San Carlos, le ha puesto la cara a un peligroso enemigo.

Las labores del Ministerio Público guatemalteco, que Aldana dirige desde el 9 de mayo del 2014, han destapado las más gigantescas tramas corruptas en la historia moderna del país centroamericano, en coloración con la CICIG, dirigida por el magistrado colombiano Iván Velásquez.

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Juntos lograron desentrañar la red que defraudaba el sistema de aduanas y que cobró renombre como Caso La Línea, en el que tuvieron un activo papel el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El exmandatario está en prisión preventiva y ha negado los cargos, y Baldetti está acusada de lavado de activos, pero dice ser inocente.

En otro caso, conocido como Cooptación del Estado, muy ligado con La Línea, el Ministerio Público de Aldana hizo una presentación pública el 2 de junio del 2016 en el que lo describió como un entramado "el cual evidencia que varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero –con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones". Según la CICIG, los dineros provenientes de este esquema, aportados por “comerciantes, grupos empresariales vinculados a medios de comunicación, empresarios de la construcción y banqueros, entre otros” fueron a parar a las arcas del Partido Patriota (el de Pérez Molina) para las elecciones presidenciales del 2011.

Aldana habló con CNN en Español sobre su labor, sobre cómo ha defendido a capa y espada su independencia profesional y sobre cómo ve el futuro de una Guatemala que lucha por salir de los problemas que la aquejan.

CNN: La lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala viene desde hace tiempo, pero cobró importancia internacional en el año 2015 con el caso La Línea y la salida del poder del presidente Otto Pérez Molina. ¿Qué balance hace de la gestión del Ministerio Público en conjunto con un organismo como la CICIG?

Hay que recordar que en el año 2006 el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas firman el acuerdo relativo a la creación de la CICIG a petición del propio gobierno. Incluso, se cuenta con una opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad y luego, en el año siguiente, este acuerdo es ratificado por el Congreso de la República. Aproximadamente en septiembre del año 2007 entra en vigencia. A partir de ese momento, la comisión empieza a trabajar con el Ministerio Público y se van dando una serie de eventos importantes, como, por ejemplo, la creación de la Unidad de Métodos Especiales (UME) del Ministerio Público, así como de la Dirección de Análisis Criminal (DAC).

Unos años más tarde, con el apoyo de la CICIG, se logra modificar la ley contra la delincuencia organizada en Guatemala. En los años 2014 y 2015, el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez y yo empezamos a utilizar estas herramientas, sobre todo la UME, que es la unidad de interceptación telefónica. Esta unidad nace precisamente en la modificación de la ley contra la delincuencia organizada. También utilizamos la figura del colaborador eficaz y con la DAC pudimos recibir las llamadas en esta unidad especializada del Ministerio Público. Esta unidad le ayuda a los fiscales en la construcción de los casos, desde luego con el apoyo de investigadores de la CICIG, de tal manera que logramos hacer equipos de alto nivel, equipos importantes para la investigación.

Hago relación a estos años (2007, 2008, 2009) porque ahí se sentaron las bases para mejorar la investigación por parte del Ministerio Público, y luego ya nosotros en los años 2014, 2015, con el comisionado Iván Velásquez, haciendo uso de estas herramientas, logramos llegar a este caso tan importante que es La Línea, que tiene más de cien mil escuchas telefónicas que fueron recibidas en la Unidad de Métodos Especiales.

Es esa la unidad que logra desenmarañar todo el entramado de corrupción tanto del caso La Línea como del Caso Cooptación del Estado…

Tanto la UME como la DAC. Se le trasladaban las escuchas a la DAC, que empezaba a analizarlas y luego, con los equipos de la CICIG y del Ministerio Público y fiscales, ya se empezó la construcción del caso.

Según su opinión, ¿por qué el Estado guatemalteco recurrió a las Naciones Unidas la creación de un organismo como la CICIG? ¿Qué era lo que pasaba?

Habría que preguntarle a quienes hicieron la gestión, pero mi percepción es que hay un reconocimiento del Estado guatemalteco de la necesidad de luchar contra aparatos clandestinos de seguridad incrustados en la propia estructura estatal, que motivó al presidente y vicepresidente de aquel año (Oscar Berger y Eduardo Stein) a pedirle a Naciones Unidas esta colaboración. El resultado es que las Naciones Unidas aceptaron la petición del gobierno guatemalteco y crearon este organismo internacional.

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El caso La Línea y el caso Cooptación del Estado tuvieron casi que los mismos actores. Usted fue elegida por el presidente Otto Pérez Molina como fiscal general del Ministerio Público. ¿Cómo hizo usted para independizarse del poder político que la eligió para llevar a cabo una labor que terminó sacando del poder a aquellos protagonistas de los dos casos que la llevaron allá?

Es imperativo para un fiscal general ser absolutamente independiente. Si un fiscal general está sometido al poder político u obedece a intereses de quien lo nombró, realmente está perjudicando la investigación, el estado de derecho y el sistema de justicia general en su país. De tal manera que yo siempre estuve consciente de que mi lealtad tenía que ser, y tiene que ser, hacia las leyes, hacia la constitución política de la república, y que debo servir a los intereses de la población. Nada más.

Usted ha recibido amenazas y se le han pedido medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿De dónde cree usted que vienen estas amenazas y las desacreditaciones tanto a su trabajo como al del comisionado Velásquez? ¿Qué buscan con ello los que las hacen?

Las medidas de la CIDH las pidió la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, y el Estado guatemalteco se pronunció a favor de que la comisión me otorgara las medidas. A raíz de esa gestión es que yo mantengo las medidas de seguridad decretadas por la CIDH. ¿De dónde provienen las amenazas? De los casos que investigamos de manera conjunta entre el Ministerio Público y la CICIG. De ahí provienen. De las estructuras criminales, particularmente de los casos La Línea y Cooptación del Estado.

Esos dos casos van muy unidos, pero hay otro que es el Botín Registro de la Propiedad, por el cual fueron detenidos tanto el hermano (Samuel Morales Cabrera) como el hijo (José Manuel Morales Marroquín) del presidente guatemalteco, Jimmy Morales. En este caso también se ha detenido a mucha otra gente, pero ¿cómo se llega a la detención de personajes tan importantes?

Estas son coincidencias porque el Ministerio Público recibió una denuncia del sindicato de trabajadores del Registro de la Propiedad contra quien era en aquel momento la registradora general de la Propiedad, la doctora Anabella de León Ruiz. Entonces se inicia la investigación sobre hechos del año 2013, 2014 y decidimos llevar en conjunto la CICIG y el Ministerio Público la investigación porque estimamos que se ajustaba a los presupuestos contenidos en el acuerdo de creación de la CICIG. Comenzamos las pesquisas contra la registradora De León y la denuncia era por haber realizado unos desayunos, o haber acreditado la realización de unos desayunos de los que nunca se tuvieron verificación, que nunca se hicieron.

En esa investigación, encontramos la responsabilidad de personas del Registro de la Propiedad, de trabajadores del Registro, encontramos plazas fantasmas, y cuando empezamos a investigar lo relacionado con los desayunos, terminamos investigando a un restaurante donde supuestamente se había llevado a cabo el evento, y nos dimos cuenta que había otros dos eventos, en los que también se simuló otra reunión para trabajar el plan operativo del Registro General de la Propiedad. Al investigar que estos eventos no se llevaron a cabo, nos encontramos con otro relacionado con unas canastas navideñas que requirió el Registro General de la Propiedad. En la investigación encontramos las facturas y, al revisar, también encontramos las cotizaciones que eran falsas y que correspondían al hijo del señor presidente, y una de las facturas al hermano del señor presidente, cuando el presidente Jimmy Morales aún no era jefe de Estado.

Es una coincidencia, surgió de una investigación que no empezó para investigarlos a ellos, pero como tratábamos de hacer la investigación más profunda, llegamos a estas dos personas.


Detractores tanto de su labor en el Ministerio Público como de la labor de la CICIG dicen que no se han investigado algunos casos de algunos personajes importantes e influyentes en Guatemala, que lo que se busca es como una especie de afán mediático y que lo que hace la CICIG roza con una violación de la soberanía judicial guatemalteca. ¿Qué dice usted ante eso?

La CICIG no puede rozar con la soberanía nacional porque fue pedida por el propio Estado guatemalteco, por un lado. Por el otro, la persecución penal la dirige el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la investigación, de acuerdo con la constitución política. La comisión se ha constituido en un mecanismo sumamente importante para nuestras investigaciones, y entonces la reacción de las estructuras especialmente es esa, la de tratar de atacar lo que hacemos en lugar de defenderse en los procesos judiciales.

¿Cree usted que Guatemala esté preparada para, en un inmediato futuro, decirle ‘muchas gracias’ a la CICIG y actuar ya con elementos más fuertes de cara a la lucha contra la impunidad y la corrupción en su país?

Por supuesto que hemos avanzado, y creo que la institución que más se ha fortalecido con la presencia de la CICIG es el Ministerio Público. Pero no todo le corresponde al Ministerio Público. Hay un sistema de Justicia que debe estar debidamente fortalecido, ser autónomo e independiente. Hasta que llegue ese momento, según mi apreciación, podríamos decirle a la CICIG que ‘muchas gracias’, que ya podemos solos. No es ese precisamente el momento que vive Guatemala.

En este momento están confluyendo varios casos. Están llevándose a cabo las investigaciones del Caso Botín Registro de la Propiedad, los casos La Línea y Cooptación del Estado están moviéndose judicialmente. ¿Cuándo cree usted que, por lo menos los más grandes casos, tengan una resolución final, teniendo en cuenta que actores como el expresidente Otto Pérez Molina están reaccionando judicialmente?

Realmente no me atrevería a dar un estimado porque dependemos del trámite judicial que ya escapa a lo que nos corresponde. Dependemos, entonces, de cómo vayan avanzando en los tribunales, respetando el derecho de Defensa y el debido proceso, y sabemos que los defensores hacen uso de todas las acciones, recursos que están a su disposición. No me atrevería a decirle para cuándo se va a producir una sentencia.

Usted ha cobrado mucha importancia en Guatemala en todos estos años. ¿Le han sugerido que se lance a la política? ¿A un cargo de elección popular?

Me lo han preguntado. Es algo que constantemente me preguntan y yo he respondido que no tengo dinero ni tengo partido para incursionar en la política, y que casi que se vuelve una lucha contra el sistema para quien quiera participar con la política que hay actualmente en Guatemala.

Precisamente usted ha combatido a estructuras de poder que han llegado a altas instancias es por eso, por tener mucho dinero…

Claro. Yo lo puedo asegurar por las investigaciones. En el caso del Partido Patriota, que llegó al poder en el año 2012, vimos, porque esto es parte de las investigaciones del Caso Cooptación del Estado, cómo se criminalizó antes de llegar a la presidencia. Entonces, no sé en Guatemala quién quiera participar en procesos de elecciones con ese modelo que todavía no se ha logrado arrancar del país.

En la pasada cumbre de premios Nobel de Paz que se llevó a cabo en Bogotá, Rigoberta Menchú decía que en Guatemala ni siquiera bastaba un Nobel para ganar una presidencia. Que hacía falta dinero y que ella no tenía esa estructura financiera para llegar al poder. ¿Cuándo cree que de pronto una persona como Rigoberta Menchú o como usted puedan llegar al poder en Guatemala solamente con la fuerza de sus ideas o de su plataforma ideológica?

Tendrán que ir cambiando las cosas en Guatemala, pero tiene que haber mucha voluntad política. Tendrán que renovarse los partidos políticos, ser incluyentes y buscar al final favorecer los intereses de la población, luchar contra la desigualdad, el racismo, la discriminación, y que no sean partidos políticos oportunistas, que sólo vean sus propios intereses y que quieran enriquecerse con el dinero de la población. Hasta que logremos erradicar esa mala cultura, se podrá hablar de participación de personas de otro perfil.

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