Centroamérica & Mundo

Índice de Progreso Social 2016 en Guatemala

Recientemente el CLACDS de Incae presentó el IPS 2016 a nivel regional. Guatemala se ubica en el puesto 87 de 133 países, y en Latinoamérica ocupa la posición 18 de 19 países evaluados.

2016-11-22

Por: Emmanuel Seidner

Durante el último medio siglo el crecimiento económico ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y ha mejorado la vida de muchas más, sin embargo, es cada vez más evidente que un modelo de desarrollo basado en el progreso económico por sí solo es incompleto. Una sociedad que no considera las necesidades humanas básicas, que no dota a los ciudadanos de medios para mejorar su calidad de vida, que erosiona el medio ambiente y limita las oportunidades de sus ciudadanos, no es una sociedad exitosa.

Un modelo más amplio e inclusivo de desarrollo requiere medidas con las que los ciudadanos y los formuladores de políticas puedan evaluar el desempeño nacional. Se debe hacer una medición social y ambiental que sea parte integral de la medición del desempeño de un país, porque un mayor ingreso no representa necesariamente mayor progreso social.

Por tal razón, en Guatemala se creó el Instituto de Progreso Social, primero a nivel mundial, vinculado a Social Progress Imperative, como promotor del índice de Progreso Social (IPS) a nivel local y desde su fundación en el año 2014, ha estado realizando mediciones en comunidades y aldeas del país. Hoy, el IPS en toda Centroamérica, México y Ecuador es representado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE.

Recientemente el CLACDS presentó el IPS 2016 a nivel regional. Guatemala se ubica en el puesto 87 de 133 países, y en Latinoamérica ocupa la posición 18 de 19 países evaluados. Presentando serias debilidades en las áreas de Nutrición (déficit alimentario, desnutrición); Seguridad Personal (homicidios, criminalidad, percepción de criminalidad); Acceso a Conocimientos Básicos (matriculación en primaria y secundaria); Acceso a Información y Comunicaciones (Libertad de prensa y usuarios de internet); Libertad Personal y de Elección (matrimonios en adolescentes y corrupción); Tolerancia e Inclusión (hacia migrantes y discriminación hacia minorías); y Acceso a Educación Superior (acceso a la universidad, escolaridad de las mujeres, inequidad en logro educativo).

No es de extrañar los resultados, tomando en cuenta que el 2015 fue un año que marcó la historia de Guatemala en la escena política, con la aplicación de la ley y desmantelamiento de una red de corrupción que involucró a las más altas autoridades del país. Todo ello teniendo fuertes impactos en la inversión pública y en las expectativas de inversión privada.

Es de resaltar que los cuidados médicos básicos aún persisten como uno de los mayores retos. En cuanto a la seguridad ciudadana, una de las áreas con mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos guatemaltecos son las extorsiones, así como las muertes de pilotos de autobuses que han venido incrementándose de forma desmedida. Por ello Guatemala se ubica en el puesto número 5 de América Latina con mayores índices de criminalidad. También, pese a ubicarse en el primer puesto en acceso a telefonía móvil, con más de 18 millones de líneas telefónicas, el acceso a internet en Guatemala aún es muy limitado.

Otros retos siguen siendo el acceso a educación y educación de calidad, acceso a la Universidad, evitar los embarazos a temprana edad, fomentar la inclusión y erradicar la discriminación, entre otras.

El IPS es la guía que marcará la ruta de acción para atender los problemas sociales y ambientales más relevantes, y ha sido llevada para mediciones a escala subnacional, siendo el caso específico de los estudios de aldeas, comunidades, municipios y regiones que ya se están realizando en Guatemala y otros países en América Latina.

El IPS se consolida como la herramienta del siglo XXI para encaminar la inversión pública, privada y de sociedad civil, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues con su capacidad para obtener un diagnóstico granular del bienestar colectivo, permite identificar dónde están los puntos a atender para acelerar el desarrollo como nación.

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