Por El Mundo, La Prensa Gráfica
El director legal de ANEP, Javier Argueta, explicó que se han identificado tres violaciones a la Constitución de la República, por lo que también piden a la Sala, de manera urgente, que se suspenda la aplicación del nuevo cargo a partir del próximo 15 de julio. " Es un Impuesto al Valor Agregado (IVA) encubierto que los salvadoreños estaríamos pagando, es un IVA aumentado del 13 al 26 % y lo que la Sala de lo Constitucional ha señalado ahí es que cuando existen impuestos encubiertos, eso debe ser declarado inconstitucional", dijo.
IRREGULARIDADES
La primera de las irregularidades detectadas por ANEP es la violación al principio de reserva de ley tributaria, establecida en el artículo 131 inciso 6, en el que se establece que el único ente facultado para avalar nuevos impuestos, tasas y contribuciones es la Asamblea Legislativa, pues si bien el Gobierno plantea el cobro como un nuevo "cargo", posee los requisitos de un impuesto.
Asimismo, se señala la violación al control y aprobación del presupuesto general de la Nación, establecido en el artículo 131 inciso 8, y al principio de "caja única", establecido en el artículo 224, pues los fondos no irán al Ministerio de Hacienda sino que serán trasladados a la CEL.
"El decreto tiene ilegalidades, es oscuro, resta competitividad a las empresas, encarece la vida de los salvadoreños y se presta a la corrupción", consideró el presidente de ANEP, Luis Cardenal, quien añadió que este cobro crea "más problemas y un nefasto precedente".
En la misma línea que ANEP, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) se sumó al rechazo del nuevo cargo, que consideró como un "impuesto disfrazado" que afectará a empresas y familias y pidió al Gobierno que desista de aplicarlo. "Nos parece injusto que se cargue a los consumidores con los costos de la ineficiente y poco transparente administración de la CEL", dijo la Cámara ayer mediante un comunicado.
DEFENSA
En un comunicado divulgado el martes por la noche, la presidencia de la República defendió que en los últimos meses, el precio de la energía reportó una reducción del 60%, por lo que el país es el segundo en la región con las tarifas más bajas. Asimismo, enfatiza que el subsidio a la energía se mantendrá. "Los ajustes que se realizan (…) van orientados al fomento de la inversión en materia de producción de energía y al ordenamiento de la política energética", indica el texto.
" El Gobierno está desesperado por el dinero, ante esto toma medidas como el 13 % a la energía. Es evidente que una medida como esta causará indignación ciudadana", explicó el director de Camarasal, Federico Hernández. El decreto ejecutivo que reformó el artículo 67 de la Ley General de Electricidad fue aprobado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y por el ministro de Economía, Tharsis Salomón López. Para ANEP, el cargo es inconstitucional ya que el único órgano de Estado que puede aprobar un impuesto es la Asamblea Legislativa y no el Ejecutivo, por lo que presentaron una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que busca detener la aplicación del cobro.
El director legal de ANEP, Javier Argueta, explicó que se han identificado tres violaciones a la Constitución de la República, por lo que también piden a la Sala, de manera urgente, que se suspenda la aplicación del nuevo cargo a partir del próximo 15 de julio. " Es un Impuesto al Valor Agregado (IVA) encubierto que los salvadoreños estaríamos pagando, es un IVA aumentado del 13 al 26 % y lo que la Sala de lo Constitucional ha señalado ahí es que cuando existen impuestos encubiertos, eso debe ser declarado inconstitucional", dijo.
IRREGULARIDADES
La primera de las irregularidades detectadas por ANEP es la violación al principio de reserva de ley tributaria, establecida en el artículo 131 inciso 6, en el que se establece que el único ente facultado para avalar nuevos impuestos, tasas y contribuciones es la Asamblea Legislativa, pues si bien el Gobierno plantea el cobro como un nuevo "cargo", posee los requisitos de un impuesto.
Asimismo, se señala la violación al control y aprobación del presupuesto general de la Nación, establecido en el artículo 131 inciso 8, y al principio de "caja única", establecido en el artículo 224, pues los fondos no irán al Ministerio de Hacienda sino que serán trasladados a la CEL.
"El decreto tiene ilegalidades, es oscuro, resta competitividad a las empresas, encarece la vida de los salvadoreños y se presta a la corrupción", consideró el presidente de ANEP, Luis Cardenal, quien añadió que este cobro crea "más problemas y un nefasto precedente".
En la misma línea que ANEP, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) se sumó al rechazo del nuevo cargo, que consideró como un "impuesto disfrazado" que afectará a empresas y familias y pidió al Gobierno que desista de aplicarlo. "Nos parece injusto que se cargue a los consumidores con los costos de la ineficiente y poco transparente administración de la CEL", dijo la Cámara ayer mediante un comunicado.
DEFENSA
En un comunicado divulgado el martes por la noche, la presidencia de la República defendió que en los últimos meses, el precio de la energía reportó una reducción del 60%, por lo que el país es el segundo en la región con las tarifas más bajas. Asimismo, enfatiza que el subsidio a la energía se mantendrá. "Los ajustes que se realizan (…) van orientados al fomento de la inversión en materia de producción de energía y al ordenamiento de la política energética", indica el texto.
'Medida desesperada'
El nuevo cargo del 13 % a la tarifa de energía eléctrica que el Gobierno aplicará a partir del próximo 15 de julio en la factura de los consumidores finales es una medida "desesperada" para obtener un incremento a las finanzas del Estado, analizaron hoy en la entrevista Frente a Frente el representante de la Asociación Salvadoreña de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta y el director Ejecutivo de Cámara de Comercio (Camarasal), Federico Hernández." El Gobierno está desesperado por el dinero, ante esto toma medidas como el 13 % a la energía. Es evidente que una medida como esta causará indignación ciudadana", explicó el director de Camarasal, Federico Hernández. El decreto ejecutivo que reformó el artículo 67 de la Ley General de Electricidad fue aprobado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y por el ministro de Economía, Tharsis Salomón López. Para ANEP, el cargo es inconstitucional ya que el único órgano de Estado que puede aprobar un impuesto es la Asamblea Legislativa y no el Ejecutivo, por lo que presentaron una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que busca detener la aplicación del cobro.
El incremento sería de US$0.01 por kilovatio. Un hogar con un consumo de 180 kilovatios hora al mes tendría que pagar aproximadamente US$1,80. Algunos empresarios creen que dicha medida encarecerá los costos de los productos y afectará la economía de muchas personas.
Algunos efectos que tendría el aumento al cargo de la energía sería un recorte de energía para los hogares, las horas para de videojuegos, series y el café estarían en riesgo para los jóvenes millenials. El gobierno expresó que el incremento será destinado para "garantizar inversiones futuras en materia energética", lo que beneficiaría a más de un millón de usuarios que consumen mensualmente menos de 99 kilovatios hora (Kwh)."Si la sala resuelve antes del 15 de julio se tendrá una oportunidad para analizar y que los efectos del decreto no sucedan", expresó el represente de la ANEP, Javier Argueta ante la demanda que prestaron ayer.
