Por El Mundo (El Salvador)
Aunque una de cada cuatro micro y pequeñas empresas (mypes) salvadoreñas ha sufrido extorsiones, casi tres de cada cinco de las víctimas teme denunciar el delito, revela un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), presentado ayer.
El informe "Extorsiones a micro y pequeña empresa de El Salvador", realizado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interancional (USAID), muestra que la extorsión es el delito que con más frecuencia sufren las mypes, especialmente en territorios con presencia de pandillas.
Fusades realizó una encuesta a 3.977 mypes que operan en todo el país entre febrero y abril de 2015, y encontró que el 41,4% fue víctima de algún delito en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta. El más frecuente fue la extorsión, que afectó al 21,5%.
Arévalo explicó que la ley, aprobada en marzo de 2015, permite suspender líneas telefónicas involucradas en delitos de extorsión. Sin embargo, según información solicitada a la Fiscalía General de la República (FGR), hasta la fecha no se reporta ni una solicitud de teléfonos suspendidos, afirmó.
Además, la ley incluye un Régimen de Encierro Especial que se aplica a los reos que resultan involucrados en extorsiones. De nuevo, dijo el investigador, se solicitó a la Dirección General de Centros Penales el número de reclusos bajo este régimen, y no hay ninguno.
Finalmente, durante el año de vigencia de la ley, la FGR solo ha extinguido el dominio de $7,000 producto de la extorsión, cuando un estudio reciente del Banco Central de Reserva (BCR) estima que solo en 2014 se perdieron más de $700 millones por este delito, señaló.
"Lo que estamos viendo es que tenemos una política pública que no atiende el problema de las extorsiones (…), no está bien enfocada y no está siendo aplicada", concluyó en su intervención.
Los datos divulgados ayer por Arévalo durante el foro son parte de una investigación que prepara actualmente Fusades, explicó, sobre la efectividad de la ley contra las extorsiones.
Débil control del estado
El consultor salvadoreño Mario Pozas, por su parte, advirtió que el accionar de las pandillas es "una negación del Estado mismo", pues controlan territorios, cobran "tributo" y dan seguridad. "El Estado ha perdido influencia", señaló, y advirtió que las mafias internacionales nacieron a partir de las extorsiones, para luego migrar a delitos que les generaran más ingresos.
El consultor Carlos Ponce destacó que las pandillas han logrado ahora tender puentes con la clase política y de no atajarse esta relación, les permitiría "dar un salto de calidad increíble".
Ponce indicó que su penetración en la esfera política les garantiza protección para el cometimiento de delitos con más rédito financiero, como el narcotráfico. En ese sentido, respaldó el desempeño reciente de la FGR en la detección e investigación de estos nexos.
Finalmente, tanto Ponce como Margarita Beneke de Sanfeliú, directora del Centro de Investigación y Estadísticas de Fusades, afirmaron que preparan una segunda parte del estudio, que se concentrará en el impacto económico de las extorsiones.
Aunque una de cada cuatro micro y pequeñas empresas (mypes) salvadoreñas ha sufrido extorsiones, casi tres de cada cinco de las víctimas teme denunciar el delito, revela un estudio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), presentado ayer.
El informe "Extorsiones a micro y pequeña empresa de El Salvador", realizado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interancional (USAID), muestra que la extorsión es el delito que con más frecuencia sufren las mypes, especialmente en territorios con presencia de pandillas.
Fusades realizó una encuesta a 3.977 mypes que operan en todo el país entre febrero y abril de 2015, y encontró que el 41,4% fue víctima de algún delito en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta. El más frecuente fue la extorsión, que afectó al 21,5%.
Ley contra extorsión con nulos resultados a un año de vigencia
Aun año de vigencia de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, los resultados de su aplicación han sido prácticamente nulos, afirmó ayer el investigador José Miguel Arévalo, durante un foro organizado por Fusades tras la presentación de su estudio sobre el efecto de las extorsiones en las mypes.Arévalo explicó que la ley, aprobada en marzo de 2015, permite suspender líneas telefónicas involucradas en delitos de extorsión. Sin embargo, según información solicitada a la Fiscalía General de la República (FGR), hasta la fecha no se reporta ni una solicitud de teléfonos suspendidos, afirmó.
Además, la ley incluye un Régimen de Encierro Especial que se aplica a los reos que resultan involucrados en extorsiones. De nuevo, dijo el investigador, se solicitó a la Dirección General de Centros Penales el número de reclusos bajo este régimen, y no hay ninguno.
Finalmente, durante el año de vigencia de la ley, la FGR solo ha extinguido el dominio de $7,000 producto de la extorsión, cuando un estudio reciente del Banco Central de Reserva (BCR) estima que solo en 2014 se perdieron más de $700 millones por este delito, señaló.
"Lo que estamos viendo es que tenemos una política pública que no atiende el problema de las extorsiones (…), no está bien enfocada y no está siendo aplicada", concluyó en su intervención.
Los datos divulgados ayer por Arévalo durante el foro son parte de una investigación que prepara actualmente Fusades, explicó, sobre la efectividad de la ley contra las extorsiones.
Débil control del estado
El consultor salvadoreño Mario Pozas, por su parte, advirtió que el accionar de las pandillas es "una negación del Estado mismo", pues controlan territorios, cobran "tributo" y dan seguridad. "El Estado ha perdido influencia", señaló, y advirtió que las mafias internacionales nacieron a partir de las extorsiones, para luego migrar a delitos que les generaran más ingresos.
El consultor Carlos Ponce destacó que las pandillas han logrado ahora tender puentes con la clase política y de no atajarse esta relación, les permitiría "dar un salto de calidad increíble".
Ponce indicó que su penetración en la esfera política les garantiza protección para el cometimiento de delitos con más rédito financiero, como el narcotráfico. En ese sentido, respaldó el desempeño reciente de la FGR en la detección e investigación de estos nexos.
Finalmente, tanto Ponce como Margarita Beneke de Sanfeliú, directora del Centro de Investigación y Estadísticas de Fusades, afirmaron que preparan una segunda parte del estudio, que se concentrará en el impacto económico de las extorsiones.
