Por El Diario de Hoy
'Veo un El Salvador donde la vida esté libre de riesgos, donde las ciudades sean espacios seguros de convivencia, donde los ciudadanos se encuentren protegidos", dijo Sánchez Cerén, en su discurso de toma de posesión, el 1 de junio de 2014.
Pero esa visión de Sánchez Cerén está muy lejos de hacerse realidad con los altos índices de homicidios que registraron cifras récord, las extorsiones del día a día, la migración forzada de familias que huyen de las amenazas de las pandillas, el incremento de la emigración ilegal de niños y adolescentes hacia Estados Unidos ante el acoso de las pandillas y el riesgo de perder la vida; son situaciones que han marcado el rumbo de la inseguridad en estos dos primeros años del segundo gobierno del partido de izquierda FMLN.
"Mi Gobierno tiene un compromiso con la juventud. Queremos que los jóvenes de El Salvador sean mujeres y hombres críticos, activos, independientes, capaces de incidir positivamente en la vida nacional y el desarrollo integral de la nación", dijo Sánchez Cerén al inaugurar un centro de desarrollo para la juventud, el 29 de agosto de 2014, en Ahuachapán.
Lo anterior contrasta con la realidad de inseguridad y de acoso pandillero que a diario tienen que vivir los menores y jóvenes salvadoreños; siendo este segmento de la población el que más ha sido golpeado por la violencia.
Esta situación de inseguridad por la que atraviesa El Salvador, la cual se ha profundizado en los últimos dos años, ha hecho que el país se convierta en un lugar con menos oportunidades de superación para los jóvenes y con un alto riesgo de perder la vida a manos de las pandillas. Lo contrario a esa realidad que se vive a día a día se destaca en los anuncios publicitarios del Gobierno para destacar sus "logros en materia de seguridad y las nuevas oportunidades para los jóvenes".
Cifras del Instituto de Medicina Legal (IML) dan cuenta que de los 11.466 homicidios registrados entre el primero de junio de 2014, inicio de la Presidencia de Sánchez Cerén, hasta el 30 de abril de este año, 7,568 de las víctimas eran niños, menores de 17 años y personas adultas de menos de 34 años.
Pero el rango de edad donde se concentra la mayor cantidad de víctimas de la violencia está entre adolescentes de 15 años y personas que aún no habían cumplido los 35 años.
Otro de los indicadores de la crítica situación de criminalidad la que se exponen los menores y jóvenes en este país está reflejado en la cantidad de personas desaparecidas, la mayoría de las cuales andaban entre los 15 y 30 años.
Los datos de la Policía dan cuenta que en 2014 registraron 1.843 denuncias de personas desaparecidas.
Así también, los registros de 2015 detallan la desaparición de 772 menores y jóvenes salvadoreños que rondaban las edades entre 15 y 24 años. La desaparición de la mayoría de los jóvenes en ese año ocurrió en zonas con alta presencia de pandillas.
A los elevados índices de criminalidad anteriores se le suma la gran cantidad de estudiantes que tuvieron que abandonar sus estudios por el acoso de las pandillas en los centros escolares del sector público.
Solo en 2015, 39.000 alumnos tuvieron que abandonar los estudios, a pesar de que la Policía mantiene el plan de seguridad llamado Escuela Segura, según reconoció el ministro de Educación, Carlos Canjura, en una entrevista televisiva.
"No tengo duda que dentro de esos 39 mil estudiantes hay un alto porcentaje por inseguridad en las escuelas", dijo Canjura.
Otros de los factores de alto riesgo a los que se enfrentan los menores y jóvenes es la intimidación y las amenazas que ejercen las pandillas sobre aquellos adolescentes que tienen que visitar zonas con presencia de estos grupos y se vuelven mucho más vulnerables cuando estos jóvenes residen en lugares donde hay presencia de pandilleros rivales.
La falta de control territorial por parte del Estado en aquellas zonas con alta presencia de pandilleros ha permitido que muchos menores y jóvenes hayan tenido que emigrar con sus familias de sus comunidades o colonias hacia otras zonas por las amenazas de las pandillas y así no ser víctimas de represalias.
Pero la emigración de menores y jóvenes no solo se limita al territorio nacional, sino que este fenómeno social va más allá de las fronteras patrias.
El incremento de niños y menores deportados desde México entre el 1 de enero y el 17 de marzo pasado con respecto al mismo período del año pasado es un indicador del aumento de la inmigración ilegal de jóvenes hacia Estados Unidos.
Ante el panorama sombrío desatado por las altas tasas de violencia que alcanzaron hasta un promedio de 24 homicidios por día en el primer trimestre de este año, las autoridades de Seguridad impulsaron una serie de medidas a las que llamaron extraordinarias que buscan frenar las órdenes criminales que salen del sistema penitenciario.
Otras disposiciones tienen que ver con reformas penales para recuperar los territorios y el despliegue de fuerzas especiales combinadas de la Policía y Ejército para golpear a las pandillas que se han desplazado a las zonas rurales.
El director de la Policía, Howard Cotto, aseguró que los homicidios han disminuido en los 10 municipios donde se mantiene el plan El Salvador Seguro.
"Estamos perdiendo una generación"
Al exdirector de Medicina Legal (IML) José Miguel Fortín Magaña le preocupa que la mayoría de las víctimas de la violencia y el mayor número de personas que emigran al extranjero sean menores y jóvenes adultos.
"Estamos perdiendo una generación, estamos simple y llanamente en apostar a matar a una generación de salvadoreños, eso no puede ser sino una terrible tragedia, eso es lo que está pasando", dijo Fortín Magaña. Agregó que "no solo son los muertos, son los migrantes, son los desaparecidos, y la sensación de zozobra que puedan tener todos los salvadoreños".
A su juicio, es necesario que el Estado recupere los territorios asediados por las pandillas y que se haga un verdadero proceso de reinserción; además de fortalecer la educación y la enseñanza de valores.
Fortín Magaña no comprende el sentido de insensibilidad en el que se ha caído con respecto al tema de la violencia al señalar que "hace algunos años había 14 muertos al día, después 25 muertos al día, y ahora que volvimos a 14, 13 o 12, ahora sentimos que estamos en la gloria y es lo mismo que teníamos y que considerábamos que era un problema gravísimo".
Sostuvo que el control territorial debe de ser de manera sostenida y no como sucedió en la colonia La Campanera, en Soyapango, que solo duró cinco horas y luego se retiraron.
Consideró que las medidas extraordinarias eran necesarias, pero tuvieron que haberse implementado desde hace algunos años atrás con lo que se pudo haber salvado muchas vidas.
De igual manera piensa el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, al señalar: "como es posible que el 80 por ciento de los crímenes se ordenan desde las cárceles y que hasta ahora se tomen el control sobre los centros penitenciarios y las cárceles, si esto se hubiese hecho años atrás, pues quizás se hubiesen salvado una gran cantidad de vidas y se hubiesen impedido que una gran cantidad de delitos se cometieran".
Sin embargo, Cardenal señaló que el Gobierno al fin entendió que los planes de seguridad anteriores no dieron los resultados esperados y "por lo menos ahora se está haciendo lo que hemos venido diciendo de lo que se tiene que hacer". Espera que estas medidas sean sostenibles y que los resultados no sean temporales, sino que se vuelvan permanentes.
'Veo un El Salvador donde la vida esté libre de riesgos, donde las ciudades sean espacios seguros de convivencia, donde los ciudadanos se encuentren protegidos", dijo Sánchez Cerén, en su discurso de toma de posesión, el 1 de junio de 2014.
Pero esa visión de Sánchez Cerén está muy lejos de hacerse realidad con los altos índices de homicidios que registraron cifras récord, las extorsiones del día a día, la migración forzada de familias que huyen de las amenazas de las pandillas, el incremento de la emigración ilegal de niños y adolescentes hacia Estados Unidos ante el acoso de las pandillas y el riesgo de perder la vida; son situaciones que han marcado el rumbo de la inseguridad en estos dos primeros años del segundo gobierno del partido de izquierda FMLN.
"Mi Gobierno tiene un compromiso con la juventud. Queremos que los jóvenes de El Salvador sean mujeres y hombres críticos, activos, independientes, capaces de incidir positivamente en la vida nacional y el desarrollo integral de la nación", dijo Sánchez Cerén al inaugurar un centro de desarrollo para la juventud, el 29 de agosto de 2014, en Ahuachapán.
Lo anterior contrasta con la realidad de inseguridad y de acoso pandillero que a diario tienen que vivir los menores y jóvenes salvadoreños; siendo este segmento de la población el que más ha sido golpeado por la violencia.
Esta situación de inseguridad por la que atraviesa El Salvador, la cual se ha profundizado en los últimos dos años, ha hecho que el país se convierta en un lugar con menos oportunidades de superación para los jóvenes y con un alto riesgo de perder la vida a manos de las pandillas. Lo contrario a esa realidad que se vive a día a día se destaca en los anuncios publicitarios del Gobierno para destacar sus "logros en materia de seguridad y las nuevas oportunidades para los jóvenes".
Cifras del Instituto de Medicina Legal (IML) dan cuenta que de los 11.466 homicidios registrados entre el primero de junio de 2014, inicio de la Presidencia de Sánchez Cerén, hasta el 30 de abril de este año, 7,568 de las víctimas eran niños, menores de 17 años y personas adultas de menos de 34 años.
Pero el rango de edad donde se concentra la mayor cantidad de víctimas de la violencia está entre adolescentes de 15 años y personas que aún no habían cumplido los 35 años.
Otro de los indicadores de la crítica situación de criminalidad la que se exponen los menores y jóvenes en este país está reflejado en la cantidad de personas desaparecidas, la mayoría de las cuales andaban entre los 15 y 30 años.
Los datos de la Policía dan cuenta que en 2014 registraron 1.843 denuncias de personas desaparecidas.
Así también, los registros de 2015 detallan la desaparición de 772 menores y jóvenes salvadoreños que rondaban las edades entre 15 y 24 años. La desaparición de la mayoría de los jóvenes en ese año ocurrió en zonas con alta presencia de pandillas.
A los elevados índices de criminalidad anteriores se le suma la gran cantidad de estudiantes que tuvieron que abandonar sus estudios por el acoso de las pandillas en los centros escolares del sector público.
Solo en 2015, 39.000 alumnos tuvieron que abandonar los estudios, a pesar de que la Policía mantiene el plan de seguridad llamado Escuela Segura, según reconoció el ministro de Educación, Carlos Canjura, en una entrevista televisiva.
"No tengo duda que dentro de esos 39 mil estudiantes hay un alto porcentaje por inseguridad en las escuelas", dijo Canjura.
Otros de los factores de alto riesgo a los que se enfrentan los menores y jóvenes es la intimidación y las amenazas que ejercen las pandillas sobre aquellos adolescentes que tienen que visitar zonas con presencia de estos grupos y se vuelven mucho más vulnerables cuando estos jóvenes residen en lugares donde hay presencia de pandilleros rivales.
La falta de control territorial por parte del Estado en aquellas zonas con alta presencia de pandilleros ha permitido que muchos menores y jóvenes hayan tenido que emigrar con sus familias de sus comunidades o colonias hacia otras zonas por las amenazas de las pandillas y así no ser víctimas de represalias.
Pero la emigración de menores y jóvenes no solo se limita al territorio nacional, sino que este fenómeno social va más allá de las fronteras patrias.
El incremento de niños y menores deportados desde México entre el 1 de enero y el 17 de marzo pasado con respecto al mismo período del año pasado es un indicador del aumento de la inmigración ilegal de jóvenes hacia Estados Unidos.
Ante el panorama sombrío desatado por las altas tasas de violencia que alcanzaron hasta un promedio de 24 homicidios por día en el primer trimestre de este año, las autoridades de Seguridad impulsaron una serie de medidas a las que llamaron extraordinarias que buscan frenar las órdenes criminales que salen del sistema penitenciario.
Otras disposiciones tienen que ver con reformas penales para recuperar los territorios y el despliegue de fuerzas especiales combinadas de la Policía y Ejército para golpear a las pandillas que se han desplazado a las zonas rurales.
El director de la Policía, Howard Cotto, aseguró que los homicidios han disminuido en los 10 municipios donde se mantiene el plan El Salvador Seguro.
"Estamos perdiendo una generación"
Al exdirector de Medicina Legal (IML) José Miguel Fortín Magaña le preocupa que la mayoría de las víctimas de la violencia y el mayor número de personas que emigran al extranjero sean menores y jóvenes adultos.
"Estamos perdiendo una generación, estamos simple y llanamente en apostar a matar a una generación de salvadoreños, eso no puede ser sino una terrible tragedia, eso es lo que está pasando", dijo Fortín Magaña. Agregó que "no solo son los muertos, son los migrantes, son los desaparecidos, y la sensación de zozobra que puedan tener todos los salvadoreños".
A su juicio, es necesario que el Estado recupere los territorios asediados por las pandillas y que se haga un verdadero proceso de reinserción; además de fortalecer la educación y la enseñanza de valores.
Fortín Magaña no comprende el sentido de insensibilidad en el que se ha caído con respecto al tema de la violencia al señalar que "hace algunos años había 14 muertos al día, después 25 muertos al día, y ahora que volvimos a 14, 13 o 12, ahora sentimos que estamos en la gloria y es lo mismo que teníamos y que considerábamos que era un problema gravísimo".
Sostuvo que el control territorial debe de ser de manera sostenida y no como sucedió en la colonia La Campanera, en Soyapango, que solo duró cinco horas y luego se retiraron.
Consideró que las medidas extraordinarias eran necesarias, pero tuvieron que haberse implementado desde hace algunos años atrás con lo que se pudo haber salvado muchas vidas.
De igual manera piensa el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, al señalar: "como es posible que el 80 por ciento de los crímenes se ordenan desde las cárceles y que hasta ahora se tomen el control sobre los centros penitenciarios y las cárceles, si esto se hubiese hecho años atrás, pues quizás se hubiesen salvado una gran cantidad de vidas y se hubiesen impedido que una gran cantidad de delitos se cometieran".
Sin embargo, Cardenal señaló que el Gobierno al fin entendió que los planes de seguridad anteriores no dieron los resultados esperados y "por lo menos ahora se está haciendo lo que hemos venido diciendo de lo que se tiene que hacer". Espera que estas medidas sean sostenibles y que los resultados no sean temporales, sino que se vuelvan permanentes.
