El lunes por la noche, horas después de finalizado el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), donde el ex alcalde Rudolph Giuliani pidió al Ejecutivo un gasto más eficiente para combatir el crimen en El Salvador, un 'tuit' de Casa Presidencial alertó que el Ministerio de Hacienda había publicado la lista de supuestos deudores al erario público.
Divulgan nombres de contribuyentes deudores del Estado #GobSV http://t.co/XouZ46tekK pic.twitter.com/xNKKyL7Nom
- Casa Presidencial (@presidencia_sv) May 5, 2015
Ese mismo día, Transparencia Activa, un medio de comunicación del Gobierno salvadoreño, publicó un listado de 52 páginas con nombres de empresas donde se establece el tipo de impuesto que se le debe al Gobierno: más de US$372,6 millones.
Este jueves el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, dijo que están empezando a preparar demandas en contra de Transparencia Activa, por la publicación del listado de deudores de impuestos al Ministerio de Hacienda. 'Tengo seis empresas con las que vamos a ir a demandar (por publicación de deudores del Estado)' dijo Daboub, en el programa de radio Pencho y Aída. El presidente de la asociación considera que la publicación del listado es acoso político y un abuso de la autoridad.
La publicación del listado está amparada por el artículo 277-A del Código Tributario, que le brinda facultad, al Ministerio de Hacienda, para publicar anualmente en dos diarios de circulación nacional y en el sitio web de la institución, como parte de la reforma fiscal de 2014.
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) también llamó de "irresponsable" la publicación y subrayó que "hay US$162 millones en montos acumulados, que aún no son exigibles por ser fallos, resoluciones y sentencias en proceso" en la Dirección General de Impuestos Internos, en el Tribunal de Apelaciones Internos y de Aduanas, y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un comunicado de Asociación de Industriales (ASI) afirmó: 'Es obvio que dicha publicación no pretende de ninguna manera aumentar la recaudación fiscal, sino que ha sido mal intencionada con el único propósito de desprestigiar al sector privado en general'.
Agregó que es claro que dicha publicación obedece a una estrategia para distraer la atención del tema de seguridad que afecta a los salvadoreños, y hacer creer a la población que el sector privado no contribuye pagando sus impuestos, lo cual no es realidad y pone en serias dudas el discurso de diálogo y cooperación que busca el Presidente de la República en su acercamiento con el sector empresarial.
Sin embargo, la ASI reconoce el derecho de las empresas y demás contribuyentes a seguir los recursos que la ley establece para desestimar impuestos y multas tasados arbitrariamente por el fisco.
El mismo Ministerio de Hacienda, dijeron los industriales, señala en dicha publicación a los contribuyentes cuyos casos aún se encuentran en proceso de apelación en diferentes instancias, por lo que los impuestos y multas no son exigibles hasta la resolución final del tribunal correspondiente.
En los casos que el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos ya emitió resolución final, el Ministerio de Hacienda tiene todas las facultades de ley y el apoyo de la Fiscalía General de la República para hacer efectivo el cobro de los impuestos y multas sin necesidad de recurrir al acoso y persecución fiscal.
En 2011 sucedió un caso similar, cuando la diputada del FMLN, Lorena Peña, divulgó un listado de supuestos deudores del fisco. En esa ocasión, los industriales reclamaron al Ministerio de Hacienda que iniciara una investigación exhaustiva para deducir responsabilidades sobre la divulgación de información de carácter confidencial.
