Por La Prensa Gráfica y El Mundo
Cuentas bancarias, propiedades y vehículos a nombre de los 17 procesados en la segunda etapa del caso denominado por la Fiscalía General de la República (FGR) como "Destape de la corrupción" han sido inmovilizados por orden del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. En este nuevo caso, ligado al proceso de Elías Antonio Saca, expresidente de la república, la FGR solicitó al juzgado que decretara la inmovilización de 44 cuentas bancarias.
Sin embargo, la FGR justificó que no tiene el total del dinero inmovilizado debido a que en 32 cuentas bancarias, la mayoría de ellas a nombre de los hermanos óscar Edgardo Mixco Sol y de la ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, no aparece detallado el monto. Pero la institución dio a conocer que en los movimientos bancarios se ven reflejadas cantidades que van desde US$1.900 hasta US$6.000.
La Unidad de Investigación Financiera de la FGR explicó en su momento que la ex primera dama y su grupo familiar hicieron transacciones bancarias que sobrepasaron los US$131 millones entre mayo de 2004 y 2015.
La Fiscalía General de la República confirmó que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) logró que el Juzgado 7o. de Paz de San Salvador avalara congelar 45 cuentas bancarias que los procesados tienen a su nombre en diferentes instituciones del sistema financiero salvadoreño. Se han inmovilizado también 50 propiedades, entre terrenos y casas, así como 60 vehículos. Entre los bienes e inmuebles y cuentas afectadas, no se incluyen los que están a nombre de las radios y agencias de publicidad que aparecen mencionadas en la acusación fiscal.
Para que estas medidas tengan efecto, el Juzgado 7o. de Paz de la capital libró oficios al Centro Nacional de Registros (CNR), al Registro Público de Vehículos y a los bancos para que se impusieran las anotaciones preventivas y restricciones para evitar que todos esos bienes y dinero sean traspasados y vendidos, garantizando de esa forma el pago de la responsabilidad civil subsidiaria que la Fiscalía dio por iniciada cuando judicializó la segunda etapa del proceso conocido como "Destape a la Corrupción".
Esta medida tiene su asidero legal en el artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos donde señala que el "el juez podrá en todo momento ordenar el congelamiento de las cuentas bancarias, el secuestro preventivo de los bienes de los imputados, mientras transcurre la investigación o proceso respectivo".
El caso
En la primera investigación, la fiscalía determinó que el expresidente Saca, procesado junto con seis de sus exfuncionarios por el delito de lavado de dinero, movió US$246.224.272,77 a las cuentas personales de ellos.
Pero la FGR amplió la investigación y señaló que, hasta el momento, ha podido evidenciar que los 17 nuevos imputados movieron US$22 millones. Recibieron este dinero en concepto de servicios, en la administración de Saca, para luego transferirlo a sus cuentas privadas.
Propiedades y carros
De manera temporal también fueron incautadas 55 propiedades, de las cuales siete son locales de las agencias de publicidad a nombre del fundador de Funes y Asociados, César Daniel Funes Cruz; y de su hijo, Gerardo Antonio Funes Durán.
Estas empresas, al igual que las de Saca, pese a estar intervenidas seguirán funcionando igual para no afectar a los empleados, explicó Salvador Martínez, jefe de la Unidad de Comunicaciones de la FGR. En su momento, uno de los fiscales del caso explicó que las empresas de publicidad ANLE, Funes y Asociados y América Publicidad, según las investigaciones, sirvieron para triangular fondos que salieron de la cuenta del Tesoro Nacional.
Algunas de las propiedades inmovilizadas en esta ocasión consisten en ranchos de playa y casas de campo, entre otros. En el caso de la ex primera dama, el tribunal ordenó que se le inmovilizara una propiedad ubicada en Acajutla.
Son, además, 57 vehículos, entre ellos carros particulares, remolques y autobuses, que tienen medida cautelar. De ese total, 17 están a nombre del imputado Milton Romeo Avilés, quien es parte de la sociedad Tóchez-Fernández.
Argumentos
La defensa de los exempleados de Casa Presidencial aseguran que el dinero que recibieron sus clientes fue para pagar servicios de las diferentes instituciones. Los abogados de Saca escribieron en un comunicado que pidieron que se investigue el manejo de los "gastos reservados" o secretos de todas las presidencias desde 1989 hasta la fecha.
"Los gastos reservados son para los presidentes de la República de El Salvador y de muchos países del mundo una herramienta legal y válida para reforzar planes de gobierno, implementar programas, resolver imprevistos y apoyar las actividades de inteligencia del Estado y seguridad nacional", se lee en el comunicado.
Sin embargo, las juzgadoras que conocieron los procesos en la etapa inicial han coincidido en que no hay pruebas que muestren que efectivamente el dinero sirvió, por ejemplo, para pagar planillas o que llegó hasta la Secretaría de Comunicaciones y de Juventud, como han justificado.
De hecho, la titular del Juzgado Séptimo de Paz dijo durante la resolución del caso que "el delito es muy ofensivo". "Por los US$246 millones que utilizaron se dejaron de realizar obras. Todos sabemos la situación del país", agregó.
Defensa apelará resolución de jueza ante Cámara
Los abogados Miguel ángel Flores Durel y Lisandro Quintanilla confirmaron ayer que apelarán ante la Cámara Primera de lo Penal, de San Salvador, la resolución que el Juzgado 7o. de Paz dictó contra sus defendidos. Quintanilla presentará un escrito por la detención provisional dictada, mientras que Flores Durel, sostuvo que pedirá que se revoque la inmovilización de bienes y congelamiento de cuentas bancarias.
Esas medidas impuestas afectan patrimonialmente a los imputados y pedirán que se modifiquen; para presentar dichas apelaciones los defensores cuentan con cinco días hábiles a partir de ayer, lo mismo aplica para la Fiscalía.
Cuentas bancarias, propiedades y vehículos a nombre de los 17 procesados en la segunda etapa del caso denominado por la Fiscalía General de la República (FGR) como "Destape de la corrupción" han sido inmovilizados por orden del Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. En este nuevo caso, ligado al proceso de Elías Antonio Saca, expresidente de la república, la FGR solicitó al juzgado que decretara la inmovilización de 44 cuentas bancarias.
Sin embargo, la FGR justificó que no tiene el total del dinero inmovilizado debido a que en 32 cuentas bancarias, la mayoría de ellas a nombre de los hermanos óscar Edgardo Mixco Sol y de la ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca, no aparece detallado el monto. Pero la institución dio a conocer que en los movimientos bancarios se ven reflejadas cantidades que van desde US$1.900 hasta US$6.000.
La Unidad de Investigación Financiera de la FGR explicó en su momento que la ex primera dama y su grupo familiar hicieron transacciones bancarias que sobrepasaron los US$131 millones entre mayo de 2004 y 2015.
La Fiscalía General de la República confirmó que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) logró que el Juzgado 7o. de Paz de San Salvador avalara congelar 45 cuentas bancarias que los procesados tienen a su nombre en diferentes instituciones del sistema financiero salvadoreño. Se han inmovilizado también 50 propiedades, entre terrenos y casas, así como 60 vehículos. Entre los bienes e inmuebles y cuentas afectadas, no se incluyen los que están a nombre de las radios y agencias de publicidad que aparecen mencionadas en la acusación fiscal.
Para que estas medidas tengan efecto, el Juzgado 7o. de Paz de la capital libró oficios al Centro Nacional de Registros (CNR), al Registro Público de Vehículos y a los bancos para que se impusieran las anotaciones preventivas y restricciones para evitar que todos esos bienes y dinero sean traspasados y vendidos, garantizando de esa forma el pago de la responsabilidad civil subsidiaria que la Fiscalía dio por iniciada cuando judicializó la segunda etapa del proceso conocido como "Destape a la Corrupción".
Esta medida tiene su asidero legal en el artículo 25 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos donde señala que el "el juez podrá en todo momento ordenar el congelamiento de las cuentas bancarias, el secuestro preventivo de los bienes de los imputados, mientras transcurre la investigación o proceso respectivo".
El caso
En la primera investigación, la fiscalía determinó que el expresidente Saca, procesado junto con seis de sus exfuncionarios por el delito de lavado de dinero, movió US$246.224.272,77 a las cuentas personales de ellos.
Pero la FGR amplió la investigación y señaló que, hasta el momento, ha podido evidenciar que los 17 nuevos imputados movieron US$22 millones. Recibieron este dinero en concepto de servicios, en la administración de Saca, para luego transferirlo a sus cuentas privadas.
Propiedades y carros
De manera temporal también fueron incautadas 55 propiedades, de las cuales siete son locales de las agencias de publicidad a nombre del fundador de Funes y Asociados, César Daniel Funes Cruz; y de su hijo, Gerardo Antonio Funes Durán.
Estas empresas, al igual que las de Saca, pese a estar intervenidas seguirán funcionando igual para no afectar a los empleados, explicó Salvador Martínez, jefe de la Unidad de Comunicaciones de la FGR. En su momento, uno de los fiscales del caso explicó que las empresas de publicidad ANLE, Funes y Asociados y América Publicidad, según las investigaciones, sirvieron para triangular fondos que salieron de la cuenta del Tesoro Nacional.
Algunas de las propiedades inmovilizadas en esta ocasión consisten en ranchos de playa y casas de campo, entre otros. En el caso de la ex primera dama, el tribunal ordenó que se le inmovilizara una propiedad ubicada en Acajutla.
Son, además, 57 vehículos, entre ellos carros particulares, remolques y autobuses, que tienen medida cautelar. De ese total, 17 están a nombre del imputado Milton Romeo Avilés, quien es parte de la sociedad Tóchez-Fernández.
Argumentos
La defensa de los exempleados de Casa Presidencial aseguran que el dinero que recibieron sus clientes fue para pagar servicios de las diferentes instituciones. Los abogados de Saca escribieron en un comunicado que pidieron que se investigue el manejo de los "gastos reservados" o secretos de todas las presidencias desde 1989 hasta la fecha.
"Los gastos reservados son para los presidentes de la República de El Salvador y de muchos países del mundo una herramienta legal y válida para reforzar planes de gobierno, implementar programas, resolver imprevistos y apoyar las actividades de inteligencia del Estado y seguridad nacional", se lee en el comunicado.
Sin embargo, las juzgadoras que conocieron los procesos en la etapa inicial han coincidido en que no hay pruebas que muestren que efectivamente el dinero sirvió, por ejemplo, para pagar planillas o que llegó hasta la Secretaría de Comunicaciones y de Juventud, como han justificado.
De hecho, la titular del Juzgado Séptimo de Paz dijo durante la resolución del caso que "el delito es muy ofensivo". "Por los US$246 millones que utilizaron se dejaron de realizar obras. Todos sabemos la situación del país", agregó.
Defensa apelará resolución de jueza ante Cámara
Los abogados Miguel ángel Flores Durel y Lisandro Quintanilla confirmaron ayer que apelarán ante la Cámara Primera de lo Penal, de San Salvador, la resolución que el Juzgado 7o. de Paz dictó contra sus defendidos. Quintanilla presentará un escrito por la detención provisional dictada, mientras que Flores Durel, sostuvo que pedirá que se revoque la inmovilización de bienes y congelamiento de cuentas bancarias.
Esas medidas impuestas afectan patrimonialmente a los imputados y pedirán que se modifiquen; para presentar dichas apelaciones los defensores cuentan con cinco días hábiles a partir de ayer, lo mismo aplica para la Fiscalía.
