Por El Mundo (El Salvador)
"Está esa consideración, tenemos ocho mil personas, cuatro mil jubilados que están trabajando en el Gobierno, y otros cuatro mil que ya llegaron a la edad de jubilación que siguen trabajando en el Gobierno", declaró Lorenzana.
Según Lorenzana, ya existe un decreto de retiro voluntario, pero sin incentivos suficientes para que los trabajadores públicos se acojan al acuerdo. "Si hay acuerdo de los partidos, habrá que crear por reforma de ley ese nuevo (decreto) que permita que puedan retirarse con beneficios determinados", explicó Lorenzana. El secretario aseguró que las 8.000 plazas serían congeladas durante "un tiempo determinado". La propuesta forma parte del paquete de austeridad que el Gobierno presentará la próxima semana a los partidos políticos.
Según Lorenzana, el consejo de ministros ya tiene un avance del documento y estará listo la otra semana para que el presidente Salvador Sánchez Cerén lo revise.
El decreto de austeridad busca un ajuste mayor que el 17 % que según el Gobierno tiene el Presupuesto de la Nación de 2017, en "bienes y servicios". Confirmó que el ajuste incluiría remuneraciones, gastos en compras de vehículos, viajes, congelamiento de plazas, entre otros.
Las medidas de austeridad deberán ser aplicadas por los poderes Ejecutivo (ministerios, viceministerios e instituciones autónomas), Legislativo y Judicial (Corte Suprema de Justicia).
La diputada de ARENA, Milena Calderón de Escalón, criticó el crecimiento de plazas en un año y pidió "austeridad y congelamiento de plazas".
En septiembre de 2012, el Gobierno del FMLN, en la gestión de Mauricio Funes, anunció un decreto de retiro voluntario. Este fue aprobado en enero de 2013, bajo el nombre "Régimen transitorio de retiro voluntario, que otorga el pago de una indemnización para aquellos empleados que ya gozan de su pensión de vejez o que se encuentran tramitándola".
El decreto ofrecía seis meses del salario que estuvieran devengando los empleados beneficiados, mediante mensualidades iguales y consecutivas. El decreto también congelaba plazas durante el ejercicio fiscal de 2013 a fin de financiar las indemnizaciones.
"Está esa consideración, tenemos ocho mil personas, cuatro mil jubilados que están trabajando en el Gobierno, y otros cuatro mil que ya llegaron a la edad de jubilación que siguen trabajando en el Gobierno", declaró Lorenzana.
Según Lorenzana, ya existe un decreto de retiro voluntario, pero sin incentivos suficientes para que los trabajadores públicos se acojan al acuerdo. "Si hay acuerdo de los partidos, habrá que crear por reforma de ley ese nuevo (decreto) que permita que puedan retirarse con beneficios determinados", explicó Lorenzana. El secretario aseguró que las 8.000 plazas serían congeladas durante "un tiempo determinado". La propuesta forma parte del paquete de austeridad que el Gobierno presentará la próxima semana a los partidos políticos.
Según Lorenzana, el consejo de ministros ya tiene un avance del documento y estará listo la otra semana para que el presidente Salvador Sánchez Cerén lo revise.
El decreto de austeridad busca un ajuste mayor que el 17 % que según el Gobierno tiene el Presupuesto de la Nación de 2017, en "bienes y servicios". Confirmó que el ajuste incluiría remuneraciones, gastos en compras de vehículos, viajes, congelamiento de plazas, entre otros.
Las medidas de austeridad deberán ser aplicadas por los poderes Ejecutivo (ministerios, viceministerios e instituciones autónomas), Legislativo y Judicial (Corte Suprema de Justicia).
La diputada de ARENA, Milena Calderón de Escalón, criticó el crecimiento de plazas en un año y pidió "austeridad y congelamiento de plazas".
En septiembre de 2012, el Gobierno del FMLN, en la gestión de Mauricio Funes, anunció un decreto de retiro voluntario. Este fue aprobado en enero de 2013, bajo el nombre "Régimen transitorio de retiro voluntario, que otorga el pago de una indemnización para aquellos empleados que ya gozan de su pensión de vejez o que se encuentran tramitándola".
El decreto ofrecía seis meses del salario que estuvieran devengando los empleados beneficiados, mediante mensualidades iguales y consecutivas. El decreto también congelaba plazas durante el ejercicio fiscal de 2013 a fin de financiar las indemnizaciones.
