La ministra de Planificación, Olga Sánchez, prometió que en el plazo de dos semanas se dará a conocer un estudio completo sobre la estructura salarial del sector público y su impacto en el presupuesto público, que enfrenta una complicada situación a causa de un déficit equivalente al 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Con base en ese estudio 'convocaremos a un diálogo a diferentes sectores para definir objetivos y políticas tendientes a ordenar las remuneraciones en el sector público', apuntó la funcionaria.
La reacción del gobierno se produjo luego de que el mes pasado un diario local hiciera pública una lista de salarios devengados por funcionarios del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Universidad de Costa Rica, que en algunos casos duplicaban o triplicaban los de trabajadores de la misma categoría en el sector privado.
Sectores políticos de oposición criticaron las políticas salariales de dichas instituciones y pidieron al gobierno que adopte medidas para eliminar los denominados 'pluses' que disfrutan los burócratas, tales como pagos de dedicación exclusiva y anualidades.
Las instituciones aludidas también reaccionaron descalificando las informaciones, indicando que estaban 'manipuladas' y eran 'tendenciosas'.
Por su parte, varios sindicatos del sector público organizaron una masiva manifestación de protesta en la capital, el pasado 27 de julio, para denunciar lo que calificaron como 'una campaña de odio' dirigida a enfrentar a los trabajadores privados contra los públicos.
La dirigencia sindical rechaza que el déficit fiscal sea culpa de los empleados públicos y señalan como responsables del problema a los empresarios evasores de impuestos.
La ministra Sánchez dijo que independientemente de la polémica el gobierno viene desarrollando acciones para ordenar el empleo público, no solo en lo relacionado con los salarios, sino también con la eficiencia y eficacia del trabajo de los funcionarios.
Adelantó que en el marco de las negociaciones propondrá nueva legislación que ponga tope a los salarios más altos de la administración y a las llamadas pensiones de lujo (superiores a los US$6.600).
También anunció que seguirá renegociando las convenciones colectivas en las instituciones del Estado que contengan cláusulas que se consideren excesivas.
