En 1989, para que las fábricas de ropa pudieran ser competitivas contra la competencia de China, Guatemala aprobó una ley para darles incentivos fiscales (cobrarles mucho menos impuestos) para que pudieran posicionarse en el mercado mundial. 26 años y una reforma legal después, el decreto 29-89 ha servido para que grandes empresas instaladas en el país puedan decir que exportan y exigir que se les cobren menos impuestos.
Además, 19 de estas 47 empresas, además, le venden sus productos al Estado por casi 2.000 millones de quetzales (unos US$260 millones), casi el 4% de los ingresos estatales.
Estas empresas, eso sí, pagan menos impuestos dentro del marco de la ley. Esto se debe a una reforma legal durante el gobierno de óscar Berger.
Originalmente, la Ley 29-89 exoneraba de pagar aranceles por maquinaria importada, IVA y (durante diez años) el Impuesto Sobre la Renta exclusivamente a "las empresas orientadas a la producción y/o ensamble de bienes que contengan como mínimo el 51 por ciento de mercancías extranjeras". Sólo podían acogerse a este beneficio empresas que exportaran sus productos fuera de Centroamérica.
Después de la reforma de 2004, el requisito de exportar fuera de Centroamérica se eliminó y se ampliaron los beneficios fiscales a importación de búnker y gasolina, entre otros.
"Desvirtuaron el espíritu de la ley"
De acuerdo con Abelardo Medina, ex intendente de recaudación de la SAT y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), "el decreto fue formulado con el propósito de crear cierto incentivo para la producción de bienes que después iban a ser dirigidos a la exportación fuera del área de la centroamericana". De esta manera, se prohibía que cualquier empresa productora de bienes para el mercado local se incluyera dentro de este régimen.
Con este tipo de ley, se creaban condiciones para atraer inversión extranjera a Guatemala. Pero en 26 años se desvirtuó el espíritu. Medina agrega que "no son empresas que fueron creadas con el propósito de exportar bienes y servicios, sino que el propósito central era hacer su actividad común" y se acogen a la ley de maquila sólo para pagar menos impuestos.
"Estas empresas no necesitan ni merecen el tener tratamientos tributarios especiales. Ellos lo que hacen es recibir una ganancia extraordinaria del no pago de impuestos", concluye.
Este modelo legal, originalmente pensado para incentivar la inversión extranjera pero que ahora es usado por las grandes empresas guatemaltecas o extranjeras que ya estaban en el país hace décadas, es el que se discute ahora en el Congreso.
El resultado: poca recaudación y más prósperos pagan menos
El resultado de que algunas de las más grandes empresas paguen menos IVA, menos aranceles para importar maquinaria, menos ISR, menos ISO, menos impuestos al fisco, se traduce en que el peso de la carga tributaria recae en todos los consumidores por medio del IVA, que representa casi el 70% de los ingresos del Estado. Si todos los ciudadanos pagan igual porcentaje, se anula un principio básico democrático: la redistribución.
Las 47
Cemex, Monsanto, Bimbo, MALHER, Alimentos Gourmet, Chocolates Best, Grupo PAF (Pesca y Areca, de Pío Lindo), Alimentos Maravilla, Kellogg, Jade Industria, Rones de Guatemala, Zacapa Centenario, Colgate Palmolive, Procter & Gamble, Maderas El Alto, Fogel, Guatemármol, Minas de Guatemala, Montana Exploradora, Minera San Rafael, Henkel, Guateplast, Tubac, SoluciónWeb y las palmeras Tikindustrias, Palmas del Horizonte, Palnorsa, Palmas del Ixcán, Disagro, Tigsa, Productos del Aire, Llantas Vitatrac, Foremost, Unipharm, Qualipharm, Quality Group, Aldo Nero, Alimentos Ideal, Cloro de Centroamérica, Global Farma, Nestlé, Vifrío, Sanofi-Aventis, Kern’s, Pani-Fresh y Samboro.
