Costa Rica endurece guerra contra el contrabando

La iniciativa contempla 'nuevas penas de prisión para quien integre una organización destinada a la comisión de delitos aduaneros o comercie ilícitamente con bienes que pueden poner en riesgo la salud humana, la salud animal, la preservación de la vida vegetal, la protección del medio ambiente o la seguridad nacional', señaló el ministerio de Hacienda en un comunicado.

Estas penas pasarían de tres a diez años, en tanto que el monto mínimo de un contrabando bajaría de 50.000 a 10.000 dólares para que sus autores puedan ser acusados penalmente.

El informe señala que también se introducirá en la ley el concepto de 'fraccionamiento', para cerrar la puerta a los infractores que efectúan un gran contrabando fraccionándolo en cantidades menores para eludir el castigo.

El ministro del ramo, Helio Fallas, aseguró que la propuesta ha sido consensuada con representantes de la cúpula empresarial, que comparten con el gobierno el interés por combatir el contrabando, una práctica que causa pérdidas inestimables al Estado.

El proyecto es parte de un conjunto de medidas que el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís ha prometido impulsar como alternativa a la creacion de nuevos impuestos, ante un déficit fiscal creciente que para 2015 se proyecta que llegue al 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

A raíz de este incremento del déficit (para 2014 es de 6,0% del PIB), la calificadora de riesgo Moody's rebajó la nota de Costa Rica de Baa3 a Ba1, que deja al país como un deudor poco fiable.

Pese a que reconoce que la nota resulta dañina para la imagen del país, el presidente Solís ha defendido su proyecto presupuestario y pide al Congreso que no le recorte los montos de los programas sociales, que son el pilar de su administración.

Solís asumió el cargo el 8 de mayo pasado, arrastrando una compleja situación fiscal que heredaó de las dos administraciones anteriores, del opositor Partido Liberación Nacional (PLN), la cual tiende a agravarse.