El anuncio fue hecho por la administradora de la USAID, Samantha Power, durante su paso por El Salvador, en una gira que ya la llevó por Honduras y que cerrará en Guatemala.
'En El Salvador me complace anunciar que la USAID invertirá US$30 millones en formación para el empleo, para que los salvadoreños puedan aprovechar oportunidades aquí en casa' sin migrar, dijo Power, en una conferencia ante estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA, jesuita), en San Salvador.
La funcionaria anunció otros US$50 millones para 'estabilizar las comunidades' en zonas de riesgo por violencia, US$35 millones en programas contra la 'violencia de género' y cinco millones para inserción económica de las mujeres.
'Como lo ha han dicho' el presidente estadounidense, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, 'podemos crear alternativas legales de migración para personas que buscan una oportunidad temporal de empleo (...) sin tener que emprender un viaje en vano y peligroso o abandonar sus comunidades', subrayó.
El 21 de mayo, Estados Unidos anunció que redirigiría a la sociedad civil la cooperación que proporcionaba a la Policía y al estatal Instituto de Acceso a la Información. Esta decisión se tomó después de que el 1 de mayo, la recién instalada Asamblea Legislativa, dominada por aliados del presidente Bukele, destituyera a un grupo de magistrados y al fiscal general.
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Estos hechos provocaron una condena internacional y de sectores de la oposición, que denunciaron un atropello a la separación de poderes. Bukele respondió que los cambios son 'irreversibles'.
Power aseguró que el financiamiento de la USAID 'ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos'.
Bukele también anunció el 4 de junio el fin de un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción (CICIES) en El Salvador.
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'Si se permite que la corrupción ande descontrolada, si los jueces independientes son destituidos, si instituciones contra la corrupción son cerradas como hemos visto seguido en Honduras, Guatemala y El Salvador, entonces los gobiernos locales van a terminar con sus aspiraciones y el potencial de su propia gente', consideró Power.
La administración Biden considera que la corrupción y falta de independencia judicial en Centroamérica, junto con la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades, son causantes de la migración a Estados Unidos, y ha comprometido ayuda para enfrentar el problema.
