El Salvador ha perdido su nivel de competitividad en los últimos años. Este país viene de tener una pérdida de empleos de cerca de 80.000 empleos a mediados de 2020 a 22.000 en diciembre del año pasado.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) presentó la Encuesta Dinámica Empresarial (EDE) elaborada en el cuarto trimestre del año pasado. El clima de inversión en el país aún se encuentra minado tras un 2020 marcado por la pandemia del covid-19, que ocasionó la crisis económica más profunda de los últimos 40 años. La información de Fusades indica que en los últimos seis meses apenas el 1,07 % de los empresarios consideraba que había un clima de negocios favorable, mientras que el 72,87% lo percibió desfavorable.
La investigadora Marjorie Chorro dijo que la cuarentena representó un despunte del comercio electrónico que pudo haber generado divisas para diversas empresas salvadoreñas, pero no se aprovechó por completo debido a la falta de normativas que regulen lo relacionado al tema.
'Es importante generar confianza, seguridad jurídica y estabilidad política para mejorar el clima de inversión y, de esa forma, generar mayores oportunidades de empleo para los salvadoreños; así, por ejemplo, el Estado debe procurar transparentar sus actuaciones, especialmente en las compras públicas y en el manejo presupuestario durante la pandemia', señaló el Informe.
FUSADES aplaudió la aprobación de marcos legislativos, pero le pide al órgano Ejecutivo implementar una verdadera agenda de país, que habilite a la Administración Pública a incorporar las nuevas tecnologías, para mejorar la calidad de los servicios, reducir trámites, generar eficiencia y promover la transparencia. Asimismo, pide una adecuada Ley de Protección de Datos Personales, con una autoridad garante que sea independiente y técnica, que brinde certeza para los ciudadanos en la implementación de la agenda digital.
Transparencia y fondos publicos
'Cuando analizamos qué ocurrió en los 6 meses de 2020. ¿Qué pasó en el Ejecutivo?En el Manejo de fondos públicos: merecemos que nos informe cómo se están usando, respetando la Constitución. Hubo cuestionamientos de US$657,2 millones de fondos públicos, por transferencias entre órganos del Estados que se dieron sin aprobación legislativa. En el marco de Ley FOPROMID se excluye uso de LACAP; para compras públicas con normativa ordenada, transparente'.
FUSADES resaltó que el Presupuesto General de la Nación tiene un déficit de US$3,034 millones. 'Es la receta perfecta para no cumplir obligaciones. En 2017 la Sala de los Constitucional centó precedente. Pidió que desde 2018 los Presupuestos deben ser aprobados respetando principios de que egresos e ingresos cuadren', acotó Javier Castro, de FUSADES.
Castro alertó sobre el deterioro del Estado de Derecho de El Salvador. 'La pandemia combinada con crisis de empleo, ha hecho incrementar la opacidad en la institucionalidad. Es una clara tendencia a deterioro del Estado de Derecho', dijo Castro.
Agregado a esto, FUSADES habló sobre el proceso para reformar la Constitución, que ha iniciado el presidente Nayib Bukele, el cual le ha delegado al vicepresidente de la república. 'La iniciativa proviene, entonces, de un Gobierno que está totalmente deslegitimado para emprender un esfuerzo de esta naturaleza, pues es quien ha violado sistemáticamente la Ley Suprema, ha irrespetado la institucionalidad democrática, ha exhibido una conducta autoritaria y que, además, no tiene facultades jurídicas para intervenir en la reforma de la Constitución. Hechos como la propuesta de aumentar la duración del periodo presidencial; crear una mesa para estudiar reformas al sistema político, a pesar de que es una cláusula pétrea; y convocar a la Fuerza Armada a participar en la reforma, generan gran preocupación de que este proyecto pueda terminar en transformaciones para acumular poder, debilitar las instituciones de control y el sistema de frenos y contrapesos', señala el Informe de Coyuntura.
Para mejorar la fragmentación del Estado de Derecho, FUSADES pide transparentar todas las compras públicas y frenar el discurso anti-prensa. 'Es necesaria Ley de protección de periodistas', dijo Castro.
