En un informe publicado este jueves con el título informe «¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, ¿hasta cuándo?», las dos organizaciones afirmar que esos casos constituyen crímenes de lesa humanidad presuntamente ejecutados por entidades estatales y paraestatales bajo una estructura coordinada, que -según el documento- mantienen hoy día el control social y están bajo el mando de las máximas autoridades del país.
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El informe de la FIDH y el Cenidh resume el monitoreo y análisis de los organismos sobre la situación del país en el período comprendido entre 2018 y 2020, y responsabiliza de las presuntas ejecuciones extrajudiciales al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, al director de la Policía Nacional, Francisco Díaz Madriz y la exminista de Salud Sonia Castro, quien -según el Cenidh- ordenó que negaran la atención médica a los manifestantes heridos. Castro, negó los señalamientos en una sesión del diálogo con la oposición en junio de 2018, argumentando que en los servicios de salud no predominaban los criterios partidistas.
El informe de los organismos de derechos humanos también señala lo que llaman un proceso de represión selectiva durante 2019 por parte de entidades estatales y paraestatales, a través de lo que denomina «secuestros exprés» o arrestos ilegales a opositores, penalización de protesta social, ataques a la Iglesia Católica y a periodistas independientes.
La FIDH y el Cenidh denuncian en su informe que distintas leyes aprobada en 2020 restringen los espacios sociales, dificultan el trabajo de organizaciones civiles y obstruyen la participación de la oposición en las elecciones previstas para noviembre de 2021.
CNN trató de obtener una reacción del gobierno de Nicaragua, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, coordinado por la vicepresidenta Murillo, pero no han respondido a las solicitudes. También consultamos con la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, pero aún esperamos respuesta. El gobierno de Nicaragua ha reconocido 200 fallecidos en el contexto de las protestas de 2018, a las que vincula con un presunto intento de golpe de Estado financiado desde el exterior y ante el cual se vieron en la obligación de reestablecer la circulación de personas y vehículos por el cierre de vías. También ha negado la existencia de paramilitares, aunque ha reconocido la existencia de civiles armados como policías voluntarios en labores especiales.
El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y acusó al organismo de facilitar fondos para supuestas acciones de desestabilización del país, alteración del orden público y de violentar sus estatutos. Entonces, el Cenidh rechazó esta medida, que consideró «ilegal y arbitraria» y la atribuyó a una persecución.
El informe de la FIDH y Cenidh se presentó tres días después de la publicación de un informe de la Oficina regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que considera que «el Estado ha implementado muy pocas medidas en los ámbitos que cubren las recomendaciones brindadas desde 2019, tales como el respeto y la restitución de derechos y libertades, la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos y las reformas legislativas e institucionales, incluida la reforma electoral».
