Por EFE
Esta decisión la toman las autoridades de Costa Rica debido a que más de 300 nicaragüenses están varados desde hace varios días en la frontera de Peñas Blancas, pues el Gobierno de Nicaragua les exige la prueba negativa de COVID-19 para ingresar a su propio país.
La Dirección de Migración de Costa Rica informó que con la nueva disposición, que aplica para personas de cualquier nacionalidad, pretende evitar que más nicaragüenses se aglomeren en la frontera.
Los migrantes varados, quienes residían en Costa Rica y perdieron sus empleos debido a la pandemia, pasaron el trámite migratorio para salir de suelo costarricense, pero a la hora de ingresar a Nicaragua las autoridades de ese país no les permiten el paso sin la prueba, a la cual no tienen acceso en la frontera.
Estas personas están a la intemperie y bloquearon temporalmente el paso de camiones de carga como protesta.
La Dirección de Migración de Costa Rica instó a los medios de transporte públicos y privados a que exijan a las personas que pretendan viajar hacia Nicaragua el examen COVID-19 con resultado negativo.
'Para evitar las aglomeraciones ante una imposibilidad de ingresar a Nicaragua, solicitamos de forma vehemente a las personas nicaragüenses que vayan a su país, que antes de hacer el viaje, quien deba hacerlo por fuerza mayor, lleve este examen COVID con resultado negativo, evitando así inconvenientes y un riesgo alto de contagio", declaró la directora de Migración costarricense, Raquel Vargas.
Este requisito no aplicará a las personas nicaragüenses provenientes de Panamá que forman parte de un operativo acordado de forma tripartita y que se viene realizando desde hace unas semanas.
Organismos de derechos humanos han criticado fuertemente la decisión del Gobierno de Nicaragua de exigir una prueba negativa a sus ciudadanos como requisito para entrar a su propio país.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) han denunciado que el Gobierno de Daniel Ortega está violando la Constitución Política y los derechos humanos de los nicaragüenses que buscar retornar.
Esta decisión la toman las autoridades de Costa Rica debido a que más de 300 nicaragüenses están varados desde hace varios días en la frontera de Peñas Blancas, pues el Gobierno de Nicaragua les exige la prueba negativa de COVID-19 para ingresar a su propio país.
La Dirección de Migración de Costa Rica informó que con la nueva disposición, que aplica para personas de cualquier nacionalidad, pretende evitar que más nicaragüenses se aglomeren en la frontera.
Los migrantes varados, quienes residían en Costa Rica y perdieron sus empleos debido a la pandemia, pasaron el trámite migratorio para salir de suelo costarricense, pero a la hora de ingresar a Nicaragua las autoridades de ese país no les permiten el paso sin la prueba, a la cual no tienen acceso en la frontera.
Estas personas están a la intemperie y bloquearon temporalmente el paso de camiones de carga como protesta.
La Dirección de Migración de Costa Rica instó a los medios de transporte públicos y privados a que exijan a las personas que pretendan viajar hacia Nicaragua el examen COVID-19 con resultado negativo.
'Para evitar las aglomeraciones ante una imposibilidad de ingresar a Nicaragua, solicitamos de forma vehemente a las personas nicaragüenses que vayan a su país, que antes de hacer el viaje, quien deba hacerlo por fuerza mayor, lleve este examen COVID con resultado negativo, evitando así inconvenientes y un riesgo alto de contagio", declaró la directora de Migración costarricense, Raquel Vargas.
Este requisito no aplicará a las personas nicaragüenses provenientes de Panamá que forman parte de un operativo acordado de forma tripartita y que se viene realizando desde hace unas semanas.
Organismos de derechos humanos han criticado fuertemente la decisión del Gobierno de Nicaragua de exigir una prueba negativa a sus ciudadanos como requisito para entrar a su propio país.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) han denunciado que el Gobierno de Daniel Ortega está violando la Constitución Política y los derechos humanos de los nicaragüenses que buscar retornar.
