El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reconoció que los efectos de la pandemia del covid-19 no solo intensificarán los problemas estructurales de carácter social y económico, sino también los ambientales. La pandemia representa una crisis, pero también una oportunidad para redefinir el modelo económico hacia uno en el que el bienestar social y el crecimiento económico no menoscaben la sostenibilidad ambiental. Ante ello el Instituto hizo un llamado a los gobiernos centroamericanos para que los planes de recuperación económica se elaboren tomando en cuenta la sostenibilidad ambiental del desarrollo de la región.
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El Icefi reconoce que la actual pandemia del Covid-19 está asociada directamente con los altos niveles de degradación ambiental y sobreexplotación de recursos naturales derivados de las actividades humanas. En la medida que las personas intervienen las áreas naturales hay un mayor contacto con los animales, lo que facilita las condiciones para el contagio y la propagación de enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas causadas por patógenos transmitidos de animales a humanos.
Previo a la crisis actual, el contexto ambiental de Centroamérica era insostenible, destacando cuatro fenómenos.
-Primero, una pérdida continua y acelerada de bosques: la cobertura forestal en la región es apenas del 38.1% y cada año se pierden alrededor de 200 mil hectáreas de bosque, en su mayoría a causa de la expansión de la frontera agrícola y de los procesos de urbanización.
-Segundo, los patrones de producción y consumo con poca racionalidad sobre la explotación de los bienes naturales: desde la década de 1980, los patrones de consumo superaron la capacidad de regeneración de sus ecosistemas, a tal punto que, actualmente, se requerirían 1.4 territorios centroamericanos para satisfacer de manera sostenible la demanda de bienes y servicios de la población.
-Tercero, a pesar de contribuir marginalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero, Centroamérica es una de las regiones con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático: de acuerdo con el índice de riesgo climático a largo plazo (1998-2017), 4 de los 6 países de la región (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) se encuentran entre los 20 países más vulnerables ante este fenómeno.
-Cuarto, escasa infraestructura económica y social que minimice el impacto ambiental de la sociedad: falta de acceso a agua potable, baja cobertura de saneamiento, sistemas de gestión de residuos sólidos marginales y poca modernización de procesos productivos para evitar la pérdida de biodiversidad.
Además, se debe tener en consideración que la pandemia puede profundizar los problemas ambientales estructurales de la región.
En primer lugar, por el incremento de los desechos sanitarios, que en países con escasos o nulos sistemas de gestión de residuos sólidos, no solo puede representar una mayor exposición de las personas a agentes infecciosos, sino también una mayor contaminación de la tierra, aire, lagos, ríos y océanos.
En segundo lugar, la recesión económica mundial a causa de la pandemia ha provocado la reducción en los precios internacionales de los combustibles fósiles, lo que podría resultar contraproducente para los esfuerzos de transición energética y lucha contra el cambio climático.
Y, en tercer lugar, las caídas en las emisiones contaminantes y las mejoras marginales en la calidad del aire, podrían provocar un optimismo erróneo sobre las tendencias a largo plazo de las emisiones y relegar aún más la necesidad de un mayor apoyo político a los compromisos asumidos en el marco de las agendas nacionales e internacionales en materia climática y ambiental.
El Instituto reconoce la necesidad de que las respuestas inmediatas de los Estados prioricen la contención de la propagación del virus y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, las políticas de recuperación y reactivación económica no deben dejar de lado la necesidad de una transformación económica que promueva el bienestar sostenible y los derechos de las personas, así como una relación sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.
El Instituto ha hecho el llamado a los Estados y gobiernos centroamericanos para que adopten una mirada integral, multidisciplinaria y sistémica con el fin de que las políticas de recuperación contribuyan al desarrollo sostenible, atendiendo los desafíos sociales y económicos de la pandemia al tiempo en que se sientan las bases para la sostenibilidad ambiental.
Para ello, será necesario reformular y transformar el sistema económico actual, que se centra en la búsqueda de crecimiento económico a costa de la creación y profundización de desigualdades sociales y degradación ambiental, a uno que reconozca que el crecimiento económico está sujeto a límites ecosistémicos y que la garantía de los derechos y bienestar de la población dependen directamente de la preservación y restauración ambiental.
Ante este escenario y reconociendo que el Estado tendrá un rol protagónico y estratégico en la recuperación, el Instituto recomendó a los gobiernos centroamericanos siete lineamientos para la definición de políticas públicas de recuperación que contribuyan a la sostenibilidad ambiental del desarrollo:
-Los Estados deben avanzar en la regulación de los bienes y servicios ambientales y en el reconocimiento de los derechos humanos ambientales, ya que su postergación solo significará un mayor deterioro del entorno natural.
-Las políticas de recuperación deben ser congruentes con los compromisos ambientales asumidos por los Estados, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual incluye las metas de reducción de emisiones, contenidas en las Contribuciónes Previstas Nacionalmente Determinadas, presentadas en el marco del Acuerdo de París.
-La necesidad de estimular las actividades económicas afectadas por la pandemia no debe significar la flexibilización o eliminación de las normativas y estándares ambientales vigentes. De ser así, se intensificaría la degradación ambiental en la región, lo que a su vez incrementaría la vulnerabilidad de la población ante futuras pandemias y ante fenómenos como el cambio climático. Ahora es muy necesario fortalecer la institucionalidad ambiental, dotándola de recursos humanos, materiales, tecnológicos y en especial, financieros, por medio de los presupuestos de las entidades rectoras en materia ambiental.
-Los recursos públicos para la recuperación deben priorizar sectores estratégicos con sendas de crecimiento bajas en carbono, que generen empleos y que promuevan la innovación tecnológica. La transformación de sectores como la agricultura y silvicultura, la industria de reciclaje y gestión de residuos, el transporte, la energía y la infraestructura resultan clave para construir una economía resiliente.
Como parte de la recuperación, los Estados deben crear fondos de innovación, que impulsen y materialicen el estratégico rol de lo público en los procesos transformación industrial verde, es decir, un sector industrial sostenible ambientalmente.
Canalizar recursos para la recuperación por medio de la banca nacional y de desarrollo para financiar proyectos verdes que promuevan la gestión de riesgos ambientales y prácticas de producción sostenibles.
El incremento del gasto público derivado de la implementación de planes de emergencia y recuperación demandarán fuentes adicionales de ingresos, para ello los Estados deben:
Revisar los privilegios fiscales vigentes y eliminar aquellos que benefician sectores o actividades con externalidades ambientales negativas.
Evaluar la implementación de impuestos verdes o ambientales que permitan incorporar a las finanzas públicas el principio de «quien contamina, paga». Un ejemplo de ello es la posibilidad de implementar impuestos al carbono aprovechando las caída en los precios internacionales de los combustibles fósiles.
Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, los cuales además de representar un alto costo de oportunidad de recursos públicos, son ineficientes para beneficiar a las poblaciones más vulnerables y además tienen implicaciones ambientales negativas.
Crear mecanismos de coordinación regional que faciliten el acceso a financiamiento climático internacional, necesario para realizar inversiones que apoyen la recuperación económica y promuevan la adaptación y mitigación del cambio climático.
En materia ambiental, retornar a la normalidad previa a la crisis relacionada con el Covid-19, significa continuar con un estilo de crecimiento económico de graves consecuencias para la vida en sociedad. Por el contrario, la crisis es una oportunidad para replantear prioridades, entre ellas, el cuidado del ambiente natural y la adaptación al cambio climático, elemento que debe permear tanto en la agenda económica y social, como en los necesarios nuevos acuerdos de política fiscal.
