Una misión de expertos internacionales que dio seguimiento al asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres recomendó este jueves a Honduras fortalecer su sistema de justicia para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población.
Al estar próximo a cumplirse el cuarto aniversario del asesinato de la ecologista, los expertos de la Fundación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, sugirieron en un informe al Estado hondureño 'el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población'.
El presidente de la FIDH, el colombiano Reynaldo Villalva, dijo que el objetivo del informe es 'proporcionar una herramienta a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional para dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de la lideresa lenca'.
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El informe indicó que los hallazgos de la observación efectuada en junio de 2018 concluyó que Cáceres fue asesinada por ser activista de derechos humanos en defensa del pueblo lenca, frente a la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico 'Agua Zarca' por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como quedó demostrado en el juicio.
Siete personas, incluyendo dos personas vinculadas con DESA, fueron sentenciadas a penas de 30 y 50 años de prisión por el asesinato de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y por tentativa de asesinato del mexicano Gustavo Castro, ocurridos el 2 de marzo de 2016 por pistoleros en la comunidad de La Esperanza, en el oeste del país.
La FIDH recordó que un supuesto autor intelectual, presidente de DESA, David Castillo, está preso pero el juicio aún no ha empezado.
Sin embargo, Copinh, ahora presidido por Berta Zúniga, hija de Cáceres, y la familia de la ambientalista exigen a la justicia arrestar a los autores intelectuales del crimen, unos influyentes banqueros socios de DESA.
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Según organismos de derechos humanos, Honduras es uno de los países más peligrosos para los activistas de los derechos humanos y del ambiente, tanto que más de 150 han sido asesinados desde 2010.
