La justicia nicaragüense aplazó este jueves el juicio por tráfico ilegal de armas contra la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens y otros 12 opositores, detenidos desde hace más de 40 días por tratar de ayudar a mujeres en huelga de hambre, informó el abogado defensor.
El juez penal de Managua Edgar Altamirano 'notificó que suspendió la audiencia para otra fecha', que no especificó, porque estaba ocupado en otro caso, indicó a la AFP el abogado de Coppens, Julio Montenegro, quien también representa a otros opositores en el proceso.
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'Estamos en un limbo', pues no se sabe para cuándo se reprogramará la audiencia, protestó Montenegro.
Olga Valle, otra de las acusadas, dijo a periodistas que esperan que les informen 'si se va a reprogramar' el juicio.
Amaya Coppens, de nacionalidad nicaragüense y belga, es una de las principales líderes del movimiento estudiantil y miembro de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Los opositores fueron detenidos el 14 de noviembre pasado por la policía, cuando regresaban de la sureña ciudad de Masaya, adonde habían viajado para llevar agua a 11 mujeres en huelga de hambre dentro de una iglesia para demandar la liberación de los 'presos políticos'.
En el trayecto de regreso a Managua, la policía arrestó al grupo conocido como 'los aguadores', y días después la Fiscalía los acusó de tráfico ilegal de armas y de pertenecer a una banda que organizaba actos terroristas.
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'Es curioso cómo una botella de agua puede convertir en arma', dijo Montenegro, para quien 'ni siquiera debería haber juicio', pues -afirma- no hay evidencias contra los acusados.
Junto con 'los aguadores' también son procesados por los mismos cargos tres opositores más que fueron detenidos el mismo 14 de noviembre en sus domicilios.
El 30 de diciembre pasado, el Ministerio de Gobernación otorgó casa por cárcel a los opositores, como parte de una liberación que benefició a 91 disidentes, pero que no anuló los juicios pendientes.
La oposición considera que las detenciones y juicios contra sus miembros es parte de la represión política que sufren a raíz de las protestas que estallaron en abril del 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega.
Según grupos humanitarios, la represión dejó al menos 328 muertos, cientos de encarcelados y 85.000 exiliados.
